Se destrozaron los programas sociales al punto que las observaciones hablan de pagos a beneficiarios que no reúnen requisitos, además de muertos y funcionarios públicos. El informe refleja un perjuicio de G. 69 mil millones.

A través de un volu­minoso informe, la Contraloría Gene­ral de la República dio a conocer sobre la detección de irregularidades e incon­sistencias en la administra­ción de Mario Varela al frente del Ministerio de Desarro­llo Social (MDS), donde se incluyen pagos a beneficia­rios que no reúnen los requi­sitos, como también a perso­nas fallecidas, funcionarios públicos y empleados asala­riados del sector privado.

El ente contralor detectó irregularidades en todos los programas que lleva adelante el citado ministerio, como Tekoha, un programa de terreno propio para fami­lias de extrema pobreza, Tekoporã, que se trata de una ayuda monetaria también a familias de extrema pobreza, y el programa Tenonderã, referente a los proyectos de sustentabilidad a familias en situación de vulnerabilidad.

En el programa Tekoha se detectó una diferencia de 69.119 millones de guaraníes, ya que se observan inconsis­tencias en el registro contable de varios ítems entre los con­tratos por terrenos vendidos y el balance general.

También se constató en el mencionado programa que 2.329 beneficiarios no han registrado pagos de sus cuo­tas desde la firma de con­trato, creando un perjuicio de 11.235 millones de guara­níes. Es decir que no pagaron más de 10 meses, estando así en mora.

Sobre el punto, Miguel Galeano, de la Contraloría, sostuvo que ya empezaron a operar los abogados para la verificación correspondiente si los pagos se hicieron efecti­vos o simplemente no ingre­saron en el balance general del 2019.

La Contraloría General de la República detectó que no fue­ron priorizados los departa­mentos con mayor índice de pobreza para la selección de beneficiarios y para la dis­tribución de recursos para el programa Tekoporã.

Según el ente contralor, en el ejercicio fiscal del 2019 de los departamentos Caa­guazú, Itapúa, Concepción, San Pedro y Caazapá, este último recibió menos recur­sos que los otros, pese a que el nivel de pobreza de dicho departamento es más que los otros, del 39% según Estadís­ticas y Censos con una canti­dad de familias asistidas de 13.673 que lleva un importe de 31.511 millones de guara­níes. Sin embargo, los otros departamentos mencionados recibieron más recursos que Caazapá, pese a tener menor índice de pobreza.

También en el programa Tekoporã se constató que las transferencias por subsidios a pescadores se hicieron en dos etapas, el 15 de diciembre y el 18 de diciembre del 2019 por 6.823 millones de guara­níes, sin embargo el pago se realizó en enero del 2020, ya en el ejercicio fiscal del año siguiente. Además, se paga­ron 30 millones de guaraníes a personas que no figuran en la planilla como pescadores beneficiarios y varios de los que estaban en planilla, no cobraron por 32 millones de guaraníes.

Millones fueron a parar a manos de personas que no son objeto de los programas sociales.

Según la Contraloría General de la República, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Varela Cardozo, siguió autorizando pagos por 3.000.000 de guaraníes a fami­lias que trabajan en el sector privado. En total se efectivizo 16.692 millones de guaraníes.

También se constató el pago a funcionarios públi­cos de distintas entidades del Estado con el programa Tekoporã durante el ejerci­cio fiscal 2019, por 9.840.000 guaraníes, en total contra­vención de lo estipulado en los programas que debían de beneficiar a familias de extrema pobreza.

Por último, el Ministerio de Desarrollo Social siguió auto­rizando transferencias de sub­sidios vía tarjeta de débito o en las cuentas del Banco Nacio­nal de Fomento (BNF) a per­sonas fallecidas que anterior­mente se encontraban en el programa Tekoporã en el ejer­cicio fiscal 2019 y que el per­juicio asciende a 27.820.000 guaraníes.

La Contraloría observó irre­gularidades hasta en el con­tenido de los informes de los programas sociales rea­lizados por los coordinado­res distritales. Aparecen informes calcados en las planillas mensuales, hecho que el MDS quiso defender como informes elaborados “de manera genérica”, argu­mento que no convenció al equipo auditor que se ratificó en el cuestionamiento por el costo que representan los honorarios al Estado y por el riesgo de calidad del trabajo realizado.

Además se identificaron cerca de 30 distritos que ni siquiera cuentan con guías familiares en el marco del programa Tekoporã.

Falta de rigurosos cen­sos a las familias asistidas, reporte y seguimiento de los planes sociales, lega­jos de familias sin actuali­zarse, ausencia de indica­dores de metas de los planes, forman parte del demole­dor informe que presentó la Contraloría sobre la admi­nistración Varela.