Ayer, con un argumento vacío y contradictorio, la senadora Lilian Samaniego propuso la postergación del tratamiento hasta que la Justicia emita una sentencia.

Con un argumento pobre y vacío, una mayoría de 23 senadores resolvió ayer postergar en sesión extraor­dinaria el pedido de pérdida de investidura del oficia­lista Rodolfo Friedmann, alegando que se debe aguardar que la Justicia resuelva primero su caso para que luego pierda su banca en el Poder Legis­lativo. La moción fue presentada por la colo­rada Lilian Samaniego.

Con este hecho, los sena­dores contradijeron por completo las anteriores veces que expulsaron de la Cámara Alta a 6 legislado­res.

El Senado decidió destituir al colorado Óscar González Daher, el oviedista Jorge Oviedo Matto; el liberal Dionisio Amarilla; el colo­rado Víctor Bogado; Para­guayo Cubas, de Cruzada Nacional, y la liberal María Eugenia Bajac, por causas mucho menos graves de las que hoy Friedmann está imputado, sin esperar que la Justicia se expida sobre las inhabilidades fehacien­temente comprobadas.

Samaniego justificó su pos­tura al tiempo de indicar que la semana pasada ya vota­ron por el desafuero para que pueda ser investigado. “La Justicia debe determi­nar su grado de responsa­bilidad”, argumentó sobre la dilación hasta que exista una “sentencia”. Paradó­jicamente, ella misma fue una de las que más defendió la postura de acompañar la pérdida de investidura de la senadora Bajac, sin esperar que la Justicia se expida en su caso.

Friedmann está imputado por administración en pro­vecho propio, asociación criminal, lavado de dinero, entre otros delitos, en la investigación del negociado con las meriendas escola­res durante el tiempo que le tocó ser gobernador del Guairá. Además se lo inves­tiga porque ya siendo sena­dor la empresa de su propie­dad seguía operando con el Estado, lo cual lo inhabilita para ser candidato a legis­lador.

La licitación del almuerzo escolar creada para prove­cho propio no bastó para que los legisladores pue­dan tratar el pedido impul­sado por el senador Enri­que Riera y Sergio Godoy. La semana pasada ya fue des­aforado por las imputacio­nes que recibió dentro de la investigación del negociado con las meriendas escolares que fue expuesto en denun­cias periodísticas.

También tiene un clan que opera en licitaciones públicas con empresas del cuestionado clan Ferreira. En tiempos de pandemia saltaron los nombres de sus sobrinas Laura y Nathalia Samaniego. La primera tiene un capital de 666 millones de guaraníes en empresa que trabaja directamente con proveedoras de Justo Ferreira, mientras que la segunda tiene un tinglado donde se guardaron las camas que formaban parte de los insumos hospitalarios que el holding había traído de China para el Ministerio de Salud, pero que fueron rechazadas. Justo Ferreira, dueño de Imedic SA, había transferido 5.384.999.266 guaraníes a la empresa ligada a Lilian Samaniego, en tiempos en que ya el clan estaba en la mira de la Justicia.

Integrante del Partido Democrático Progresista (PDP), familiarizada con movimientos de izquierda. Es esposa de Rafael Filizzola, quien hace diez años está ligado al proceso por la famosa compra de cuatro helicópteros usados que lo compraron como nuevo. El daño patrimonial de más de 45 mil millones de guaraníes.

El ex presidente de la República, apuntado de ser el protector del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), además de cuando era obispo de San Pedro. Fue echado de la Presidencia luego de un juicio político. También ligado con la izquierda y con un yerno que disparó fortuna después de que el ex seminarista ingresó a la política.

El senador estuvo involucrado por los hechos de usurpación de funciones públicas y lesión de confianza. El mencionado legislador había comprometido unos 600.000 dólares sin tener una autorización y firmó un convenio con la firma italiana Ara, cuando en el 2012 era ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. El primer caso expiró en tiempo, mientras que en el segundo salió libre. Tiene a una treintena de parientes que se ubicaron en cargos públicos, su esposa es una privilegiada que gracias a un pedido de su partido ingresó con un sueldazo al Tribunal Superior de Justicia Electoral.

El senador estuvo involucrado en el caso de la Universidad de Pilar, ya que cuando se desempeñaba como legislador seguía cobrando35 millones de guaraníes en su carácter de rector de dicha universidad. Inclusive el propio Ríos se aferraba al cargo cuando docentes y directivos le pedían que se hiciera a un lado, pero este inclusive recurrió a la Corte Suprema de Justicia, que posteriormente resolvió en contra de las pretensiones del congresista.

También vinculado con sectores de izquierda, había sido procesado por la compra de cuatro helicópteros que le había dejado su primo Rafael. Carlos Filizzola hizo el último pago a la empresa Proibérica, para mantenimiento y repuestos, sin embargo, la compra ya estaba incluida dichos ítems, por lo que era un doble pago. Zafó de la Justicia en el 2014.