La jueza uruguaya Blanca Rieiro, quien otorgó el refugio polí­tico a los fugados de la Justi­cia paraguaya Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Col­mán, el 27 de setiembre pasado, insinuó en su dicta­men que la extradición de los tres secuestradores formaba parte de las negociaciones llevadas a cabo entre los pre­sidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre el Tratado de Itaipú.

Como es sabido, el acta fir­mada el 24 de mayo en forma secreta entre ambos manda­tarios fue anulada, cuando dos meses después se conoció el contenido general y generó un revuelo político y económico a nivel local, por ser desfavo­rable a los intereses de la Ande y, por ende, del Paraguay. En consecuencia, aparentemente el gobierno brasileño habría permitido que los tres huye­ran al Uruguay.

“De tal informe surge que nada ha cambiado en el país de origen de los solicitantes del refugio. Del anexo de las negociaciones bilatera­les entre Brasil y Paraguay se puede apreciar detalla­damente cómo la situa­ción de estas personas se encuentra en el centro de la discusión política y eco­nómica entre las más altas autoridades a nivel presi­dencial. Numerosos medios de comunicación y decla­raciones oficiales de auto­ridades dan cuenta de que la devolución inmediata a Paraguay de los ciudadanos forma parte, entre otros motivos, de los acuerdos y compromisos asumidos por esas autoridades vin­culadas al asunto de rene­gociación bilateral por la empresa hidroeléctrica de Itaipú”, declaró la magis­trada uruguaya. Aclaró que ese informe fue pro­porcionado por la Comi­sión de Refugiados (Core) de Uruguay y por el Alto Comi­sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En una declaración anterior, reproducida por el diario El Observador de Uruguay, dijo que su decisión se basó en ele­mentos que “acreditaban” que los secuestradores de María Edith de Debernardi habían sido sometidos a torturas en el Paraguay, asegurando que cuenta con “informes confi­denciales” que prueban esa situación. “Yo entendí que se daban esos elementos”, afirmó al citado periódico.

Cabe mencionar que en junio de este año, la Corte Intera­mericana de Derechos Huma­nos (Corte IDH) había fallado a favor del Estado paraguayo, indicando que no encontró pruebas de que los fundado­res del Partido Patria Libre (PPL) habían sido torturados.

“...No son perseguidos polí­ticos ni víctimas de abu­sos o violaciones de dere­chos humanos por parte del Estado paraguayo”, fue la conclusión del organismo internacional.