• POR CÉSAR LARRÉ
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La Auditoría General del Poder Ejecutivo soli­citó vía nota al minis­tro Juan Ernesto Villamayor todas las documentaciones relacionadas a la compra de las polémicas comisarías móviles montadas con “mue­bles de oro”.

En la nota, a la que tuvo acceso La Nación, se menciona que el órgano de control contará con la cooperación de técnicos de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para el tra­bajo de revisión.

Los auditores designados para llevar a cabo el análisis son Atilio Gaona Alcaraz, Marta Adela Ramírez, como jefa de equipo; y Héctor Daniel Godoy, como supervisor.

“(...) se solicita la provisión y remisión de todas las docu­mentaciones que serán suje­tas a estudio de la Auditoría General del Poder Ejecutivo; y la designación, por escrito, de un nexo entre el Ministerio del Interior y el equipo de audito­res”, dice parte de la nota que tuvo entrada ayer en la citada cartera de Estado.

Los primeros resultados de la investigación llevarán dos semanas aproximadamente, confirmaron desde la (AGPE).

Además de esta auditoría especial, la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públicas (DNCP) paralelamente inició otra investigación.

La Auditoría del Ejecutivo y Senac se concentran en la lici­tación que derivó en la adqui­sición, en abril pasado, de tres contenedores adaptados para comisarías móviles, a precios bastante elevados.

En tanto que la DNCP, ade­más de analizar el proceso de adquisición de estas tres comisarías móviles, inves­tiga la compra, en diciembre del 2018, de otros tres tráile­res para la Policía por parte del Ministerio del Interior.

A fin de año, los móviles se compraron a G. 570 millo­nes cada uno, en total G. 1.710 millones; y en abril, a G. 493 millones cada uno, totalizando G. 1.479 millones. Así, Villama­yor adquirió cada tráiler de 14,8 m2, equivalente al precio de mercado de un dúplex de 100 m2 a estrenar en el Área Metropolitana, que actual­mente se oferta desde G. 360 millones.

En total, las seis comisarías móviles costaron al Ministe­rio del Interior G. 3.189 millo­nes. Con este dinero, sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo insta­ladas están preparadas para dos uniformados por cada contenedor.

Las compras que desataron mayor indignación en las redes sociales fueron los escritorios que cuestan G. 435 mil en el mercado, mientras Villama­yor, como firmante de con­trato, compró a G. 7 millo­nes cada uno. Así también, el ministro del Interior adqui­rió armarios de dos puer­tas que cuestan G. 900 mil a G. 7.350.000 y frigobar a G. 5.450.000, cuyo valor real de mercado es de G. 1 millón.

Fernando Álvarez, director general de Gabinete, y Javier Fernán­dez, coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas (UEP) del Ministerio del Interior, se pasearon el fin de semana por canales televisivos para defender lo indefendible.

“Hay servicios conexos que no están de alguna manera descriptos en esos ítems, como ser, durante el tiempo de ejecución de contrato que es un año, tiene que mover, instalar y hacer la funcionalización de estas tres comisarías móviles por la cantidad de veces que nosotros vayamos a requerir”, expresó Álvarez en el programa “La Lupa” de Telefu­turo. Pero lo que dijo no está estipulado en el contrato, por lo que las supuestas obligaciones son básicamente fantasmas.

Pero el ridículo de la administración no solo se resume al intento de justificar lo ilógico, ya que al tiempo de defender la costosa compra, el ministro abrió una auditoría al verse sacudido por críti­cas en redes sociales.