La administración de Patricia Samudio al frente de Petropar hace aguas por todos lados. En menos de dos meses de haber asumido el cargo, benefició a emblemas privados dejando de lado a los operadores de la red estatal. Violó la ley de presupuesto al retirar fondos de la institución que estaban en el BNF para transferirlos a bancos privados, coincidentemente donde la empresa del marido posee millonarias deudas. Triqueta SA, la firma de su esposo, está vinculada al rubro de los combustibles y opera acogotada por deudas con emblemas privados y bancos. Samudio compró gas licuado de petróleo de un competidor local a mayor precio, pudiendo haberlo hecho del productor (Bolivia) y mantener la competitividad de las estaciones que son socios estratégicos de la petrolera estatal.

• POR JORGE TORRES ROMERO

* “Regaló” combustible a la empresa del asesor de Marito

Según las notas de remisión de Petropar, Monte Alegre SA, empresa que pertenece a la familia del asesor “ad honorem” Conrado Hoe­ckle, nombrado vía decreto por el presidente Mario Abdo Benítez, recibió el pasado 13 de setiembre 4,5 millones de litros de gasoil Tipo III de la planta de la petrolera esta­tal ubicada en Villa Elisa y la segunda partida, 3 millones de litros, el pasado viernes 28 de setiembre.

El domingo 30 de setiembre, dos días después del retiro total de los 7,5 millones de combustibles por parte de Monte Alegre SA, la presi­denta de Petropar, Patri­cia Samudio, dio a conocer la nueva tarifa y anunció la suba del precio de combusti­ble a partir del pasado lunes.

De acuerdo a lo que se lee en el contrato firmado entre Samudio (Petropar) y Ema­nuelle Hoeckle, en repre­sentación de Monte Alegre SA, el precio del producto gasoil Tipo III fue fijado en G. 4.363 por litro, con la condición de que la empresa retire la totalidad del pro­ducto durante el mes de setiembre del 2018.

A esto se suma, según lo establecido en el contrato, que los pagos de las facturas serán realizados en moneda nacional por el monto total de las mismas, en cheque librado a nombre de Petro­par o mediante giro (trans­ferencia bancaria) de cuenta a cuenta. Los cheques emi­tidos o los montos girados deberán ser depositados en cuentas corrientes de Petro­par abiertas en los bancos de plaza “hasta dentro de 15 días hábiles posteriores a la recep­ción” de la factura correspon­diente en horario bancario.

Samudio ni siquiera vendió el producto al contado, sino además dio un margen de 15 días hábiles a Monte Ale­gre para efectivizar el pago, pese a que la empresa Impe­rial Distribuidora Petróleos y Derivados SA, propiedad también de la familia del asesor presidencial, tiene una deuda pendiente con Petropar por valor de G. 31 mil millones.

Samudio ignoró el decreto que ordena que todos los recursos de los organismos y entidades del Estado deberán ser depositados en el BNF.

A tan solo días de haber asu­mido la presidencia de Petro­par, Patricia Samudio ordenó la transferencia de los fondos de la petrolera estatal, que estaban depositados en el Banco Nacio­nal de Fomento (BNF), a varias entidades bancarias privadas.

Samudio ordenó mover un total de US$ 43 millones a ban­cos privados, fondos que esta­ban depositados en el BNF de un total de US$ 123 millones. Los restantes US$ 80 millo­nes siguen en el BNF. Uno de los bancos donde se desvió la mayor cantidad de dinero, cerca de US$ 20 millones, es el GNB PGY, una de las entida­des bancarias con la que opera la empresa Triqueta SA, cuyo principal accionista es José Costa Perdomo, actual esposo de la presidenta de Petropar, y en donde la empresa familiar debe cerca de G. 2 mil millones.

Según el decreto Nº 5.402 de fecha 10 de junio del 2016, por el cual se reglamenta el artículo 210 de la Ley Nº 5.554/2016 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016”, se esta­blece que “todos los recursos institucionales de los organis­mos y entidades del Estado deberán ser depositados, de manera gradual, en cuentas habilitadas o cajas de aho­rro u otro instrumento finan­ciero en el Banco Nacional de Fomento…”.

La titular de Petropar ignoró este decreto presidencial y la ley de presupuesto del ejerci­cio 2018, que sigue vigente, y ordenó la transferencia de recursos que estaban en el BNF a entidades bancarias privadas.

Triqueta SA, propiedad de José Costa Perdomo, se dedica al rubro de combustibles, lo que fue negado por Samudio.

Según registros que figu­ran en la página del Ministe­rio del Ambiente, la empresa Triqueta SA de José Costa Perdomo, esposo de Patricia Samudio, presidenta de Petro­par, había presentado un estu­dio de impacto ambiental en el 2015 con el fin de que le habili­ten una estación de servicios del emblema Puma en la ciu­dad de Villa Elisa. La empresa Puma había firmado un con­trato de subarrendamiento con Costa Perdomo y otras dos personas.

La estación fue habilitada y administrada hasta hace algunos meses por Triqueta SA. La firma se desprendió de la misma por serios pro­blemas financieros que venía afrontando.

En la página del Ministerio de Industria y Comercio, a tra­vés de la Dirección General de Combustible, figura el lis­tado de la cantidad de estacio­nes de servicios. La empresa Triqueta SA aparece con dos establecimientos, el primero en la ruta Acceso Sur esquina 10 de Agosto, barrio Cardozo Ocampos, y el segundo en la Ruta 7 Dr. José Gaspar Rodrí­guez de Francia, km 21, frac­ción Renacer. Ambas tienen la categoría PCP (Puesto de Consumo Propio), que a dife­rencia de las estaciones de ser­vicio tienen bocas de expendio de combustible para consumo interno, que podría usar para sus flotas de camiones.

Con estos elementos se deja al descubierto la mentira de la presidenta de Petropar, quien en una entrevista con el perio­dista Carlos Báez en radio Monumental había negado que Triqueta SA esté vincu­lada al rubro de combustibles, aunque reconoció que se tra­taba de una empresa privada manejada por su marido.

La empresa Triqueta SA es conocida en el mercado como intermediaria en la compra y venta de combustibles. Es decir, compra de grandes emblemas y luego las provee a grandes navieras, además de contar con una flota de camiones.

Actualmente, la empresa Tri­queta SA posee millonarias deudas en el sistema financiero que rondan los US$ 4 millo­nes. Por ejemplo, sus principa­les acreedores son: Finexpar SA; banco GNB (deuda de G. 2 mil millones); FIC Financiera (del Grupo Barcos y Rodados); Banco Regional (deuda de G. 2 mil millones); Banco Itapúa (deuda de G. 2 mil millones) e Interfisa.

También tiene millonarias deudas con distribuidoras de combustibles como, por ejem­plo, Copetrol, Monte Alegre/Imperial, Gasur y Barcos y Rodados.

Con la compra, el producto fue adquirido a US$ 100 por tonelada más caro. Al multiplicar por las 4.000 toneladas genera una diferencia de US$ 400 mil.

Lejos de priorizar el bolsillo de la gente, la titular de Petro­par, Patricia Samudio, decidió el pasado 27 de setiembre la compra por excepción de gas licuado de petróleo de la firma local Corporación Petrolera SA (Copesa Gas), cuyo presidente es Pedro Balotta, integrante del Grupo Barcos y Rodados.

Desde que Petropar ingresó al mercado a competir con el gas, siempre este producto se importó de tal manera que pueda ser competitivo. Sin embargo, lo que ahora hizo Samudio fue comprarle a la competencia a nivel local.

Documentaciones internas de Petropar desmienten las excusas utilizadas por Samu­dio para justificar la compra en forma urgente, vía excep­ción, de un competidor local. Entre el 15 de agosto, cuando el gobierno anterior ya salió, y el 31 de agosto, había casi 950 m3. La red de estaciones de Petro­par vende poco más de 1.000 m3/mes.

Es decir, al 15 de agosto tenía casi un mes de stock, además de un contrato de suministro desde Argentina que estaba vigente.

Es decir, había tiempo para hacer una licitación interna­cional porque recién iba a nece­sitar producto a esta altura (50 días después).

De cualquier manera, si el argu­mento fue riesgo en los plazos, podía hacer una excepción y comprar de los proveedores del exterior, que son los que le suministran a Copesa, a la que Petropar terminó adjudicando para la compra.

La lógica para que resulte este negocio es comprar de quien produce, no de un intermedia­rio local. Internamente, los mismos empleados de Petropar dicen que no hubo razón alguna para comprar de la competen­cia, tal como decidió hacerlo la presidenta de Petropar.

Según se lee en el portal de Contrataciones Públicas, el monto total de la adjudica­ción vía excepción, para la empresa Copesa, por la com­pra de GLP es por valor de G. 19.186.244.000 (US$ 3,5 millo­nes). Lo adquirido por Petropar de la empresa Copesa es entre 2.000 y 4.000 toneladas.

Anteriormente se compraba del exteriora un precio de US$ 70 la tonelada más el flete, que estaba cerca deUS$ 125 la tone­lada. Entonces, lo que se adi­cionaba al precio internacio­nal era cerca de US$ 200 por tonelada. Conesta compra realizada por Patricia Samu­dio a un intermediario local lo hace a precio internacional más US$ 303 la tonelada. Esto signi­fica más de US$ 100 por tone­lada más caro. Al multiplicar por las 4.000 toneladas genera una diferencia de US$ 400 mil.

Esta compra que realizó Petro­par a Copesa es altamente bene­ficiosa a la competencia de la petrolera estatal por la senci­lla razón de que, por un lado, ya gana US$ 100 por tonelada solo por hacer de intermediaria y, por otro lado, a estas empresas priva­das les conviene porque hacen volumen, ya que el menor precio que consiguen siempre está atada al volumen que van comprando.