El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Este miércoles, el fiscal Luis Albertini formuló imputación contra los cuatro funcionarios que estuvieron a cargo del corralón municipal de la ciudad de Encarnación, cuando fue carneado un automóvil. La denuncia fue realizada luego de que la propietaria sufriera un accidente y se dispusiera que el auto sea llevado al sitio.

Según la denuncia realizada por Adriana Meza, el pasado 5 de junio sufrió un accidente vial y su vehículo quedó demorado en el corralón municipal, semanas después fue con la intención de retirarlo, pero se encontró con la sorpresa de que había sido carneado. Se llevaron incluso el motor del auto.

Ante esta terrible denuncia que se hizo pública el pasado 4 de octubre, desde el Ministerio Público decidieron tomar acciones contra los funcionarios que estaban a cargo del corralón y que debían velar por el bien de la ciudadana. Meza reportó que al momento de dejar su vehículo le pidieron que entregue las llaves y que eso habría sido aprovechado para saquearlo.

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Fueron imputados por el hecho punible de quebrantamiento del depósito a César Christian Danilo Rienzi Fernández, Miguel Sanabria, Elvio Benítez y Gustavo Valdez. No se trata de la primera denuncia contra un hecho de que en el sitio se saquean los rodados.

“Existen manifestaciones de terceros y que habían realizado denuncias similares. En ese sentido tenemos en tipo penal de quebrantamiento de depósito, teniendo en cuenta que la persona encargada del inmueble y la custodia oficial recae en Christian Rienzi”, detalló el fiscal, en el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Agregó que el corralón tiene guardias y que es de difícil acceso para los delincuentes. “Se trata de una zona bastante aislada, pese a que tiene vecinos. Además, se tiene guardias en varios turnos y estamos hablando de que se llevaron un motor y una caja que para sacar sería muy difícil”, aseguró.

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El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, participó del lanzamiento del sistema de marcación intermedia y actualización del reglamento interno de la Justicia Electoral, oportunidad en la que destacó la implementación de esta innovación a funcionarios de los registros electorales. El mismo tuvo lugar en la Gobernación del departamento de Cordillera.

De acuerdo al informe del organismo electoral, el ministro Bestard manifestó que el objetivo de la institución es estar en permanente actualización y sobre todo fortalecer el sentido de pertenencia de todos los funcionarios. “Tenemos un prestigio ganado a nivel internacional como una institución altamente confiable y creíble que tenemos que cuidar”, exhortó el segundo del TSJE.

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Igualmente participó del encuentro Denis Lichi, gobernador de Cordillera, quien resaltó que una de las instituciones con mayor prestigio y fortaleza en la República del Paraguay es la Justicia Electoral. “Por las implementaciones electorales, por la agilidad al momento del conteo de votos y por sobre todo la credibilidad y legitimidad de las autoridades electas”, indicó.

Mencionan además, que durante la jornada de capacitación se desglosó el nuevo reglamento interno de la institución electoral por Resolución TSJE N° 18/2022. Este documento consiste en el conocimiento y el objetivo del sistema de marcación intermedia, funciones, deberes y derechos de los funcionarios electorales. La presentación estuvo a cargo de Natalia Almirón, directora de Recursos Humanos de la Justicia Electoral.

Finalmente señalaron que también formaron parte del acto Julio Olmedo y Laura Ayala, directores adjuntos de Recursos Humanos; Benjamín Díaz Valinotti, director del Registro Electoral; José Ramón Ledezma, vicedirector del Registro Electoral; Enmanuel Gorman, director de Gabinete y Teresita Martínez, jueza electoral de Cordillera; Heribel Echeverría, presidente de la Junta Departamental, jefes y funcionarios de los registros electorales del departamento de Cordillera.

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Esta semana una madre desesperada denunció que unas jovencitas salen a las calles y buscan a niñas o adolescentes para golpearlas brutalmente en un hecho indignante que se viene registrando en la ciudad de San Lorenzo. Este acto aparentemente formaría parte de un reto viral para las redes sociales y sus propios padres apoyarían el terrible hecho.

Según la denuncia realizada ante el Ministerio Público, se trata de un grupo de jóvenes que sale a las calles y busca a su próxima víctima, que preferentemente sean mujeres y que estén solas para golpearlas. La situación es grabada y luego subida a redes sociales como parte de un reto que busca la aceptación de los internautas.

La fiscal Elvia Chávez manifestó que se trataría de adolescentes de entre 14 a 16 años, que andan en grupos y se presume que los videos son grabados por personas mayores. En las grabaciones se escucha que la persona que está filmando alienta a las jóvenes a seguir con el acto que atenta contra la integridad de otras menores.

“Recibimos la denuncia de la madre de una niña, que sería la víctima, a quien se ve en el video recibiendo golpes por parte de otra menor de edad. Están instando a que las personas tengan que agredirse físicamente y especialmente entre menores”, detalló la fiscal, en entrevista con la 1080 AM.

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Recordó que a partir de cierta edad los adolescentes pueden ser imputados por este tipo de actos y que seguirán con las investigaciones para dar con las agresoras. “En algunos videos se puede ver a personas mayores que están incitando a la pelea”, confirmó.

La representante del Ministerio Público afirmó que mañana viernes se presentará la imputación contra una de las acusadas para que la misma sea procesada en el juzgado penal adolescente.

“Tengo identificadas a dos de las adolescentes de 14 y 16 años, una de ellas sería imputada. Ya hablé con la mamá de una de las víctimas y las victimarias”, puntualizó.

Agregó que lamentablemente existe una falta de acompañamiento de los padres y una buena educación, porque son situaciones que se pueden evitar. “Es lamentable que deba imputar a una menor pudiendo los padres evitar esto. No es la solución, porque debemos trabajar con otras instituciones para evitar estos actos”, concluyó.

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