Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán abandonaron territorio uruguayo, a pesar de que la justicia de este país les otorgó el refugio que habían solicitado en agosto. Lo grave es que el Gobierno paraguayo no fue comunicado de esta concesión.
El Ministerio del Interior uruguayo, a través de su vocero, Fernando Gil Díaz, indicó que la jueza Blanca Rieiro había otorgado el asilo a los paraguayos que son requeridos por la justicia de nuestro país por el secuestro de María Edith Bordón. Sin embargo, el funcionario aseguró que no hubo una fuga, puesto que ellos eran “ciudadanos libres”.
“El Poder Judicial uruguayo concedió el refugio y como tales son hombres libres. Tomaron la decisión de irse buscando otros país de acogida”, señaló el funcionario sin precisar una fecha de la resolución de la magistrada. “Ya no están en Uruguay”, aseguró luego a La Nación, a la consulta si éstos se hallaban aún en territorio oriental, aunque sin dar mayores detalles de la fecha de salida del país.
Esta misma información es la que manejan los fiscales paraguayos. Federico Delfino, quien confirmó la información de sus pares uruguayos, lamentó que no haya habido comunicación a las autoridades tanto diplomáticas como judiciales de nuestro país. Según el agente del Ministerio Público, Arrom, Martí y Colmán habrían huido a un país europeo, específicamente Finlandia.
¿Por qué no fue comunicado?
El pasado 28 de agosto, la jueza Rieiro había solicitado informes a la Comisión de Refugiados (CORE), que es el órgano que concede los refugios y asilos políticos. Sin embargo, como el Estado paraguayo había judicializado el caso, derivó la resolución en un despacho judicial. La magistrada había solicitado estos informes y dio hasta 90 días a la CORE para que se expida. El dictamen llegó antes.
Delfino considera que la información fue manejada con sigilo y no comunicada a Paraguay puesto que el trámite de refugio posee un tratamiento confidencial.
Arrom, Martí y Colmán habían llegado a Uruguay a mediados del mes de agosto, luego de huir del Brasil, país que les había revocado el asilo que gozaban desde el año 2002, meses después del secuestro de María Edith Bordón, del que supuestamente estos tres habían tenido participación.