París, Francia | AFP |
El brasileño Andrew Parsons fue elegido nuevo presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), este viernes en Abu Dhabi, sucediendo en el cargo al británico Philip Craven, que estuvo al frente del movimiento paralímpico los últimos 16 años.
Parsons, de 40 años y vicepresidente del CPI desde 2013, así como presidente del Comité Paralímpico Brasileño desde 2009, ganó con 84 votos (sobre un total de 162) a los otros candidatos: el canadiense Patrick Jarvis, el danés John Petersson y a la china Haihi Zhang.
Parsons se convierte en el tercer presidente de la historia del CPI.
El neozelandés Duane Kale, de 50 años y cuádruple campeón paralímpico de natación en 1996, fue elegido como nuevo vicepresidente de la institución.
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Como era de prever, Ucrania y la Corte Penal Internacional instan a Mongolia a detener a Putin
Ucrania y la Corte Penal Internacional (CPI) instaron este viernes a Mongolia a detener a Vladimir Putin cuando el mandatario ruso, acusado de crímenes de guerra, visite el país asiático, aunque el gobierno ruso dijo no tener ninguna preocupación al respecto.
Putin tiene previsto visitar Mongolia el martes, en su primer viaje a un país signatario del Estatuto de Roma que creó la CPI, desde que ese tribunal emitió su orden de arresto en marzo de 2023.
Ucrania “espera que el gobierno de Mongolia sea consciente del hecho de que Vladimir Putin es un criminal de guerra”, señaló la cancillería de la exrepública soviética, confrontada a una invasión rusa desde febrero de 2022.
“Llamamos a las autoridades de Mongolia a ejecutar la orden de arresto internacional vinculante”, agregó.
El portavoz de la CPI, Fadi el-Abdallah, subrayó que los Estados signatarios del Estatuto de Roma “tienen la obligación de cooperar”. El Kremlin había afirmado poco antes que no estaba preocupado por una posible detención de Putin.
“No hay preocupación. Mantenemos un excelente diálogo con nuestros amigos mongoles”, dijo a periodistas el portavoz presidencial ruso Dmitri Peskov.
Putin es acusado de crímenes de guerra por la “deportación” de niños ucranianos de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. El Kremlin rechaza esas acusaciones.
El Estatuto de Roma estipula que cada Estado miembro que haya recibido una solicitud tome “inmediatamente las medidas necesarias para la detención” del individuo buscado y que este sea llevado “sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detención”.
La corte con sede en La Haya no cuenta con un cuerpo policial propio y tiene poco margen de acción para obligar a Mongolia a cumplir con la orden de arresto o para castigar al país, si decide ignorarla.
Mongolia, enclavado entre Rusia y China, firmó el Estatuto de Roma en 2000 y lo ratificó en 2002.
El mandatario ruso estuvo ausente de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica en agosto de 2023 y de la del G20 en India al mes siguiente.
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En cambio viajó a China en mayo de este año, a Corea del Norte en junio y a Azerbaiyán este mes, países que no son miembros de la CPI.
Fuente: AFP
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Misión del FMI analiza reformas, deuda externa y política fiscal de Paraguay
Autoridades del Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay (BCP) se reunieron esta mañana con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de realizar la Primera Revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (CPI).
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el presidente del BCP, José Cantero, y los equipos técnicos de ambas instituciones participaron esta mañana de la apertura de la misión del FMI para la revisión del CPI. Según estaba previsto, el encuentro estaba enfocado en el avance sobre políticas públicas y reformas estructurales.
El PCI se articula en torno a tres pilares principales que son garantizar la estabilidad macroeconómica y la resiliencia; mejorar la productividad y fomentar el crecimiento económico; y mejorar la protección social y la inclusión.
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Mediante este programa, el organismo apoya a las autoridades para garantizar la modernización del Estado y mejora los programas de asistencia social para los más vulnerables, en línea con los propósitos estipulados al inicio, además de la estabilidad económica del país.
En la sede de la banca matriz, tanto el BCP como el Ministerio de Hacienda siguieron con el acuerdo que habían suscrito con el FMI en el cual se habían comprometido en trabajar para la generación de políticas públicas que perduren en el tiempo y que generen beneficios económicos y sociales para el país, específicamente mediante el análisis de algunos proyectos que ya estaban hechos, orientados a este objetivo.
Igualmente dentro de la serie de reuniones, las principales autoridades de la Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE) mantuvieron un encuentro con la Misión del FMI, en el marco del PCI. En la oportunidad, discutieron sobre la política fiscal 2022-2023 y los planes de financiamiento de la deuda externa en el 2023.
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ONG denuncia a Bolsonaro ante la CPI por la deforestación de la Amazonia
La ONG austriaca AllRise presentó este martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, por presuntos “crímenes contra la humanidad” por la deforestación de Amazonia y sus consecuencias sobre la vida y salud en todo el mundo.
Bajo el título El planeta versus Bolsonaro, la denuncia presentada ante el tribunal de La Haya busca crear jurisprudencia al estimar que las acciones del presidente brasileño (y de su administración) no solo suponen un ataque contra la Amazonia sino contra toda la humanidad. “Son los pulmones de nuestro planeta, por lo que su destrucción nos afecta a todos. En la denuncia presentamos pruebas que muestran cómo las acciones de Bolsonaro tienen una conexión directa con las consecuencias negativas del cambio climático en todo el mundo”, explicó el fundador de AllRise, Johannes Wesemann, en una nota de prensa.
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La denuncia de esta recién creada ONG contó con la participación de expertos en derecho internacional como los abogados Maud Sarlieve y Nigel Povoas, así como de una de las autoras del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), presentado en agosto, la climatóloga Friederike Otto.
“Crímenes contra la humanidad”
Este equipo de expertos estima que las emisiones que se pueden vincular con las decisiones del gobierno de Bolsonaro en materia de deforestación provocarán 180.000 muertes adicionales este siglo, debido al aumento de las temperaturas en el mundo. Además, afirman que su gobierno buscó “sistemáticamente eliminar, mutilar y vaciar de contenido las leyes, organismos e individuos que protegían la Amazonia”.
Por lo que le consideran responsable de la pérdida de cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica al año y aumentos mensuales de la tasa de deforestación de hasta el 88%, desde que asumió su cargo en 2019. Según su informe, la deforestación en esta parte de Brasil ya hace que se libere más CO2 a la atmósfera del que Amazonia puede absorber.
“Los crímenes contra la naturaleza son crímenes contra la humanidad”, recordó Wesemann. “Jair Bolsonaro está impulsando la destrucción masiva de Amazonia con pleno conocimiento de las consecuencias” que traerá consigo, añadió. “En los últimos años, la ciencia climática dio un gran paso aportando evidencias de la relación específica de las emisiones de gases de efecto invernadero con consecuencias a nivel mundial”, explicó a la AFP Rupert Stuart Smith, del Programa de Derecho Sostenible de la Universidad de Oxford. La AFP cuestionó al gobierno de Bolsonaro sobre esta denuncia, pero por ahora no hubo ninguna respuesta o reacción al respecto.
Bolsonaro y sus “cómplices”
La Fiscalía de la CPI considera desde 2016 que “la destrucción del medioambiente, la explotación ilegal de recursos naturales y el acaparamiento de tierras” pueden constituir un crimen contra la humanidad. Desde que Bolsonaro asumió el cargo, los indígenas brasileños han presentado tres denuncias contra él ante la CPI por “ecocidio” o “genocidio”. El mandatario también fue denunciado ante esta instancia por su gestión de la crisis de la pandemia de coronavirus.
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La denuncia de este martes, según sus impulsores, es la primera que relaciona la deforestación con un impacto para la salud a escala mundial. Pero la CPI, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades que se cometen en el mundo, no tiene la obligación de estudiar las miles de denuncias presentadas ante su fiscal por parte de individuos o grupos. El fiscal puede decidir de forma independiente qué casos someter a los jueces del tribunal y los jueces deciden luego si permiten una investigación formal.
La denuncia, en este caso, también afecta a varios importantes responsables del gobierno de Bolsonaro, explicó Povoas. “Son cómplices ayudando a aquellos que en el terreno cometen asesinatos, persiguen y perpetran otros actos inhumanos”, explicó el letrado. El fundador de AllRise, Johannes Wesemann, también hizo hincapié en que el objetivo de la denuncia “no era hablar en nombre de los brasileños sino mostrar la gravedad a escala global de la deforestación masiva”.
Fuente: AFP.
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Trabajadores de salud brasileños solicitan a la CPI investigar a Bolsonaro por crimen de lesa humanidad
La Haya, Holanda. AFP.
Trabajadores de la salud brasileños solicitaron este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación sobre la respuesta del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia de covid-19, que consideran constituye un crimen contra la humanidad.
El caso fue presentado ante la corte en La Haya por una coalición de sindicatos que asegura representar a más de un millón de trabajadores sanitarios de todo Brasil.
Los sindicatos acusan al presidente de extrema derecha “de haber actuado con negligencia criminal durante su gestión de la pandemia de covid-19, arriesgando la vida de profesionales de la salud y miembros de la sociedad brasileña”, de acuerdo a documentos consultados por la AFP.
La CPI, creada en el 2002, no tiene obligación de aceptar las miles de solicitudes presentadas ante su fiscalía, que decide de manera independiente qué casos presentar a los magistrados.
Jair Bolsonaro, quien anunció el sábado haber dado negativo por el coronavirus, más de dos semanas después de una prueba positiva, a menudo ha minimizado la gravedad de la pandemia llamándola “gripecinha” (gripecita).
Los sindicatos afirman que Bolsonaro ha “perpetuado los riesgos de contagio por covid-19 al organizar reuniones con sus partidarios, acercarse a ellos sin mascarilla y promover un tratamiento médico muy cuestionable, con hidroxicloroquina”, considerado ineficaz contra la pandemia tras varios estudios científicos.
“La administración Bolsonaro debe ser considerada responsable de su respuesta ante la pandemia y su negativa a proteger a los profesionales sanitarios y brasileños que ha jurado defender”, señaló en un comunicado Marcio Monzane, secretario para la región de las Américas de la federación sindical UNI Global Union.
Brasil es el segundo país más afectado por covid-19, con más de 2,4 millones de contagiados y unas 87.000 muertes, de acuerdo a cifras oficiales.