Michael J. De La Merced
Londres
El 28 de febrero, un jurado absolvió a tres ex ejecutivos de Barclays de los cargos de fraude relacionados con los esfuerzos del banco británico para recaudar 15.000 millones de dólares de ayuda financiera de Qatar y otros inversionistas durante la crisis financiera global del 2008.
El veredicto fue un golpe importante para los esfuerzos de los reguladores británicos que buscaban responsabilizar a los ejecutivos bancarios de sus acciones durante la crisis. El caso fue uno de los más prominentes que presentó la Oficina de Fraudes Graves, un organismo de control anticorrupción. La larga investigación, que duró más de siete años, fue el primer juicio penal en el Reino Unido por las medidas que tomaron los banqueros durante la crisis.
La autoridad regulatoria había acusado a los ejecutivos –Roger A. Jenkins, Thomas L. Kalaris y Richard W. Boath, quienes tenían puestos altos en la banca de inversiones o la gestión de patrimonios en Barclays– de mentir a los mercados públicos sobre las inversiones que Qatar y otros inversionistas extranjeros habían hecho en el banco.
La capacidad de Barclays de asegurar inversiones privadas durante la crisis le sirvió para evitar los rescates gubernamentales que se vieron obligados a aceptar rivales como Royal Bank of Scotland, los cuales los han dejado afectados hasta ahora.
Los ex ejecutivos fueron acusados de haberles pagado en secreto comisiones irregulares por cientos de millones de dólares en “honorarios de asesoría” a esos inversionistas a cambio de las inversiones. Los hombres negaron los cargos, tras argumentar que esas tarifas fueron por servicios genuinos.
Los cargos de fraude acarreaban una sentencia máxima de diez años.
La absolución suma otro revés a un caso de por sí accidentado. El año pasado, el director ejecutivo del banco durante la crisis, John S. Varley, fue absuelto. En el 2018, un tribunal de Londres desestimó los cargos penales en contra de Barclays por el mismo asunto.
En un comunicado, un representante de la Oficina de Fraudes Graves mencionó lo siguiente: “Nuestras decisiones de procesamiento siempre se basan en la evidencia disponible, y estamos decididos a castigar a los infractores de delitos financieros graves”.