La naturaleza del Estado no fue objetada en su debida forma a través de la historia. Más bien el ente estatal cuenta a la fecha con defensores en la academia y en los medios de comunicación, cuyos componentes cantan loas alabando su carácter monopólico para así validar la peligrosa senda por la que transitamos: El endeudamiento se multiplica afectando a las generaciones más jóvenes, la inflación carcome los salarios, la seguridad es promesa incumplida, la educación es adoctrinamiento, la salud estaría mejor dispuesta para los más necesitados y no existirían sentencias judiciales violando la igualdad ante la ley como tampoco riqueza mal habida.

Hay otras consecuencias. La más reciente amenaza contra nuestra libertad y propiedad es el globalismo cuya raíz es socialista que hace del Estado su plataforma de dominación.

Si se aprueba, supongamos, una renta universal mínima para que todos perciban 3 millones de guaraníes mensuales, parecería beneficiosa esta medida y pocos se atreverían a refutarla. El utilitarismo enceguece el análisis porque prioriza las consecuencias del momento sobre los principios. Se relega al individuo en su orden filosófico y moral.

¿De dónde saldrá ese monto de dinero? ¿Será bien distribuido? ¿Por qué un grupo de personas tendría el poder de sacar a unos para repartir a otros? ¿No será que el beneficiario de dicha medida se volverá dependiente de esa asignación quitándole su autoestima? ¿No se volverá dependiente del poder de turno? ¿ Podrá el beneficiario criticar a quienes le otorgan ese beneficio? ¿No se estará creando a los nuevos amos con una nueva forma de esclavitud? ¿No será que la democracia de la mayoría es una tiranía de buenos modales?

Son innumerables las interrogantes, pero hay una que requiere unívoca respuesta y sin ambigüedades: ¿Es justo y moralmente aceptable que por la fuerza un grupo de personas saque la propiedad a otros para distribuirla según los criterios de los arrebatadores?

La respuesta es no. Pero es lo que está sucediendo y demasiados miran hacia el costado. De lo que se trata es que nadie puede decidir sobre la libertad de otra persona confiscando su propiedad. Y solo el Estado es esa organización capaz de contar con semejante atribución monopólica.

El individuo, en cambio, para sobrevivir debe producir, cooperar, hacer uso de la división del trabajo, intercambiar, comerciar, evaluar costos y beneficios, pagar por sus errores, ofrecer servicios, realizar acuerdos voluntarios y ganar su propio sustento. El Estado de ninguna manera es una organización natural, es una organización destructora de valores. Es tiempo de un nuevo orden social de cooperación en libertad, propiedad y justicia.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.