- Por Laura Ramos
- Directora del Club de Ejecutivos del Paraguay
Sería ideal poder llevar a cabo un análisis de todas las tasas, licencias e impuestos que el paraguayo debe cumplir para poder ser formal en este país. Y con esta base analizar realmente cuál es la presión tributaria y qué tan burocrático es el sistema, el cual nos vuelve arcaicos y obsoletos. Sin dejar de mencionar que además otorga una ventaja, aún mayor, a todos los informales que no solo no pagan ningún impuesto o bien evaden gran parte de ellos.
En este análisis es necesario observar la eficiencia del servicio que ofrecen a la ciudadanía, donde el sector privado debe cumplir con pasos sin contraprestación de servicios, y solo con el objetivo meramente recaudatorio, o hasta duplicados en distintos entes públicos. Y todo esto para poder gestionar un trámite obligatorio para operar comercialmente. Por ejemplo, siguen cobrando para trámites públicos gastos como: fotocopias, autenticación de documentos, aunque el mismo ente público emite el documento original, por lo que tiene acceso informático a él. A lo que se agregan un sinfín de novedades que apremian al ya delgado margen del comerciante formal, tanto en tiempo como en costo.
Otro factor muy importante para la formalización es el acceso a la información pública, establecido para que el sector privado pueda ejercer de contralor. Y con ello, pueda ayudar al sector público a la detección de casos irregulares. Por ejemplo, la plataforma de datos abiertos de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios), la cual es una herramienta fundamental tanto para los exportadores como importadores, a fin de poder analizar variables de su sector, así como proyectar la economía de su rubro. La gran limitación a estos datos que se ha dado recientemente, sin explicación desde el sector público, ha generado una cesación en el análisis del sector privado, lo cual hace que se pierda un aliado fundamental en la lucha contra la informalidad.
Es, sin duda, desmotivante ver cómo se avanza con la generación de datos o mecanismos para que luego se desvirtúen o se eliminen y se pierda el trabajo realizado previamente. No podemos darnos el lujo de avanzar y retroceder continuamente, sobre todo, cuando nos falta mucho camino por recorrer en la lucha contra la informalidad. Además, la generación de nuevos cobros de tasas con la única justificación de que las instituciones públicas que las crean necesitan ingresos para cubrir sus gastos corrientes, este mecanismo ya no puede ser sostenido. En ningún momento se plantea cómo reducir esos gastos, ni mucho menos generar algún tipo de contraprestación de servicio por aquella tasa, sino el simple hecho de cumplir con la margen del déficit fiscal permitido. Todo ello sin importar el cómo se sigue acogotando a los mismos contribuyentes de siempre.
En conclusión, para avanzar hacia un sistema de racionalidad y adecuada justificación, se impone seguir presionando para que los entes públicos se vean ajustados a la realidad que vivimos en pleno siglo veinte y uno. En especial, por el lado de los procesos que hoy en día deberían ser sencillos y electrónicos, dar pleno acceso público y transparente a la información para tener un aliado más en el control. Y, por otro lado, deberíamos exigir que los gastos corrientes también se vean ajustados a la mayor eficiencia, selectividad y meritocracia. Pues ha llegado la hora de la racionalidad, institucionalidad y desarrollo, al que no llegaremos si seguimos aumentando los ingresos para ellos e impuestos para nosotros.