Pedro Ovelar, abogado del expresidente de la República Horacio Cartes requirió la aplicación de sanciones contra los repre­sentantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores ante el bombardeo de chicanas con el afán de para­lizar la causa conocida como “filtración de datos financie­ros confidenciales manejados por la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”.

“El interés es que el caso no avance, y esto debe pararse a través de las sanciones a los abogados. La justicia no puede permitir ni tolerar este tipo de conductas. Este tipo de conductas procesales lo que demuestra es que ellos no tienen absolutamente nin­guna posibilidad de discutir el fondo de la cuestión por­que quedan descubiertos, evidenciados de ser parte de un terrorismo de Estado con el uso de las institucio­nes públicas para perseguir a un adversario”, manifestó en una entrevista con el pro­grama “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Mario Abdo, Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos puni­bles de revelación de secre­tos de servicio, revelación de secretos privados por funcio­narios o personas con obliga­ción especial, inducción a un subordinado a un hecho puni­ble, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpa­ción de funciones públicas y asociación criminal.

La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecu­ción política de la cual fue víc­tima el expresidente de la Repú­blica, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones gene­rales del año 2023.

En la causa ya fueron acusa­dos los miembros de su gavi­lla, quienes deberán enfren­tar un juicio oral y público. Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pen­diente de tratamiento el desa­fuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de Espínola, actual diputado.

Reconocidos abogados del foro, que con legítima atribución representan a sus defendidos, se pasaron bombardeando el proceso presentando innumerables chicanas contra los fisca­les, contra la jueza, contra el tribunal de alzada y hasta contra el fiscal general del Estado. Las acciones de estos abogados, que sin ninguna duda actúan con mala fe, solo sirvió para paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que tra­ben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

Siguiendo esta misma línea dilatoria, otro que tampoco pre­tende echar luz sobre el proceso fiscal es el expresidente Abdo Benítez, quien el fin de semana aseguró que no acudirá a la con­vocatoria hecha por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para exponer argumentos sobre el desafuero que solicita la justicia (tanto suyo como de su escudero, el diputado Mauricio Espínola).

El senador Derlis Mai­dana calificó como una maniobra polí­tica el pedido realizado por sus colegas abdistas Lilian Samaniego y Rafael Filiz­zola para que el expresidente Mario Abdo Benítez compa­rezca ante la Comisión de Asuntos Constituciona­les con el fin de exponer las razones de su solicitud de desafuero, ignorando que el cuerpo legislativo no tiene facultades investigativas.

“Se estila en todos los pedi­dos de desafuero escuchar al afectado para que pueda dar su versión sobre los hechos, algunos lo hacen y otros no, pero en torno al caso de Abdo es una maniobra dilatoria en razón a que el propio exmandatario ya ha manifestado públicamente, incluso presentó una nota solicitando su desafuero”, indicó Maidana, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

La solicitud para despojar al líder del movimiento Fuerza Republicana de sus fueros fue remitido al Congreso Nacional el 14 de marzo del año 2024, tras la decisión de la jueza de garantías, Cynthia Lovera, de admitir la impu­tación formulada por la Fis­calía; sin embargo, la soli­citud quedó pendiente de tratamiento ante la defensa férrea de sus aliados oposito­res, quienes cabalgan sobre el discurso de que la imputación en su contra se trata de una supuesta persecución política.

“Nosotros creemos que hay indicios suficientes de que se montó un esquema durante el gobierno de Abdo Benítez, utili­zando información confidencial para fines políticos electorales. Seguimos manteniéndonos en nuestra postura histórica de que él y cualquier otro parla­mentario sometidos en esta causa deben tener las manos libres, que el Senado le quite sus fueros”, refirió Maidana.

El senador opositor Rafael Filizzola cuestionó la resolución del Tribunal Electoral de la Capital que resolvió anular las sesiones del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico y de la Convención de febrero del año pasado, y ordenar la reincorporación de los 4 senadores liberales que habían sido expulsados del partido. Ante esto, el senador liberal Dionisio Amarilla salió al paso a recordarle que él ocupa una banca en la Cámara Alta gracias al PLRA y su cercanía al entonces presidentes Efraín Alegre.

A través de las redes sociales, este domingo se propició un cruce de mensajes entre ambos legisladores, ya que Filizzola cuestionó la decisión tomada por la Justicia Electoral señalando que protege a los tránsfugas liberales y obliga al PLRA a recibirlos.

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Al respecto, Amarilla le instó a que se presente de una vez a la Justicia a resolver su proceso que está pendiente y deje de opinar sobre lo que ocurra o no dentro de las carpas liberales a las que no pertenece, y sin embargo “usó para ganar su banca”, mediante la alianza con el “partido de maletín creado con su esposa la exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista - PDP).

“Con tu esposa se dieron cuenta que ya no tenían chance de llegar y te aprovechaste entonces de tu condición de socio comercial con Efraín para meterte en el cuarto lugar de nuestra lista del senado y procuraste lo mismo para el payaso ese de Tony Apuril, intento que fracasó para ustedes”, indicó.

El legislador insistió a Filizzola a que se ocupe de su proceso judicial pendiente, que data del 2011, se centra en la adquisición de cuatro helicópteros para la Policía Nacional durante su gestión como ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo.

“Mejor preocúpate de tu causa Judicial que los liberales resolveremos nuestras elecciones como liberales. Somos un partido de 1.800.000 afiliados y no resolvemos entre cuatro gatos locos nuestra interna, como ustedes. Tranqui nomás colega no te metas en el PLRA que no será una gata la que te saldrá en el camino sino un águila dispuesto a elevarse con sus garras bien alto y soltarte de arriba a ver si te salvan tus helicópteros”, sentenció.

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La madre de una menor, de un caso de abuso sexual infantil, denunció una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.

La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.

Presuntamente, el abuso fue cometido por el tío paterno de la víctima con la supuesta complicidad del padre de la víctima. El caso está estancado por el manejo irregular y por la falta de acción de las autoridades de Hernandarias, donde ocurrió el lamentable hecho.

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Pese a que se ha presentado una impugnación contra esta situación, el juez no ha resuelto el pedido, dilatando un proceso que debería garantizar la protección y justicia para la víctima.

El principal cuestionamiento radica en que la defensa del denunciado propuso como perito a una psicóloga que trabaja para la Defensoría Pública, entidad encargada de velar por los derechos de los sectores más vulnerables, incluido el de las víctimas.

La madre sostuvo que esto no solo genera un conflicto de intereses, sino que también vicia de nulidad cualquier actuación o informe presentado por la profesional en el caso. “Es inadmisible que un perito contratado de forma privada esté vinculado a una institución que debería garantizar imparcialidad en los procesos judiciales. Este acto está viciado desde el momento en que la defensa plantea a esta profesional, y la falta de resolución sobre la impugnación por parte del juez perpetúa esta irregularidad”, afirmó la madre de la víctima.

“A estas irregularidades se suma la inacción del juez Nelson Ojeda para fijar una fecha para la realización de la Cámara Gesell, herramienta fundamental para recabar el testimonio de la niña que es testigo del abuso de su hermana”, relató la madre.

Inicialmente, el juez rechazó la solicitud para llevar a cabo esta diligencia, lo que obligó al fiscal Rolando Rivas a apelar la decisión. Sin embargo, a pesar de que el recurso fue aceptado, el magistrado sigue sin resolver cuándo se realizará, dejando en incertidumbre el avance del caso, que ya lleva casi 4 años con muy poco avance debido a negligencias de varias autoridades, manifestó la madre de la menor.

Las demoras y la falta de resolución en puntos clave del proceso, como la impugnación del perito y la Cámara Gesell, no solo afectan la protección de la menor, sino que también dejan en evidencia deficiencias en el sistema judicial.

“Es necesario que el juez actúe con responsabilidad, resuelva la nulidad del peritaje y garantice que este caso avance con celeridad y transparencia. No se puede permitir que las irregularidades sigan favoreciendo al denunciado mientras la víctima continúa esperando justicia”, afirmó la madre de la víctima.

El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de un sistema judicial más eficiente y comprometido con la protección de los derechos de los niños y adolescentes, particularmente en situaciones tan sensibles como el abuso sexual infantil, agregó la madre.

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