• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
  • MBA

Para que una economía pueda ser eficiente a nivel macro y microeconómico, se hace necesario que tanto los consumidores como los empresarios que operan en diversos segmentos de negocios puedan tener la posibilidad de manejarse dentro de un mercado de libre competitividad, donde cada uno sea el que tome la decisión que mejor le parezca en función a la calidad de los productos y servicios ofrecidos, haciendo que los precios se ajusten a la capacidad adquisitiva de cada uno de los bolsillos que permitan incrementar las ventas dentro de un mercado de libre competencia.

El Estado solo debe participar para mantener un buen equilibrio dentro de las principales variables, vía formulación de política monetaria, cambiaria, control de los niveles de inflación, entre otros, que permitan que nuestra macro y microeconomía sigan evolucionando en todo su contexto evitando el exceso de intervencionismo como ha sido la constante en otros países, como la Argentina. Este país, en décadas anteriores, se caracterizó por ser uno de los más fuertes y prósperos de toda la región, pero debido a la deficiente administración gubernamental anterior, el actual gobierno heredó niveles inflacionarios elevados (211 %) al cierre de 2023, además de exceso de subsidios que mal acostumbró a miles de personas en edad económicamente activa, y ahora se ven en aprietos con este gobierno pues su eje principal es llevar adelante programas de austeridad, racionalización de la superpoblación de funcionarios públicos, eliminación de la sobredimensionada cantidad de ministerios y secretarías ejecutivas, entre otros. También aquí deberíamos hacerlo para que podamos contar con un PGN equilibrado, donde los gastos rígidos (en valores absolutos y relativos) dejen el “podio de las erogaciones”.

La libertad económica se constituye en uno de los principales ejes permitiendo que empresas que operan en diversos segmentos de negocios tengan la autonomía para delinear sus propios planes estratégicos, que permitan mantener un buen nivel de resiliencia, ajenos al intervencionismo estatal.

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En nuestro país hemos llegado a niveles de endeudamiento por encima de lo normal (superior a USD 18 mil millones), al igual que un déficit fiscal por encima a lo estipulado y aprobado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (1.5 %/PIB), lo cual podrá ir disminuyendo en la medida en que vayamos racionalizando los gastos dentro del PGN, evitando todo lo superfluo (exceso de pago de sueldos y otros beneficios a servidores públicos, pago de pasajes, alojamientos y viajes al exterior, incluido gastos de combustible, entre otros), sin que aporten al país un valor agregado tangible.

Queda mucho por mejorar, siendo una de las cuestiones más visibles la calidad del capital humano dentro del sector público, debido a la falta de capacidad, idoneidad, experiencia y trayectoria profesional, donde muchos han ingresado a la función pública sin ningún concurso de oposición de por medio, lo que esperemos que con la reciente promulgación de la Ley del Servicio Civil, y la actualización de la Ley de la Función Pública 1626/00 se pueda hacer la reingeniería y depuración de este estado paquidérmico.

En plena era de la tecnología no es posible seguir con esta superpoblación de funcionarios, cuando que lo que más se precisa es calidad y no cantidad.

En una economía de libre mercado, el Estado solo debe intervenir cuando las circunstancias así lo exijan, pues la libertad de oferta y demanda dentro del mercado debe ser la constante, además de un respeto irrestricto a la propiedad privada.

El viejo y anacrónico modelo intervencionista ya debería ser parte del pasado, pues lo único que trae aparejado es que el sector privado, que movimentó a una gran parte de nuestra economía a través de procesos productivos tecnificados, reinvención permanente y otros aspectos, no pueda desarrollarse, crecer, expandirse y diversificarse como debería. El antiguo pensamiento de la escuela keynesiana a esta altura ya no tiene sustento.

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