- Víctor Pavón (*)
Los proyectistas del Instituto Paraguayo de la Carne (IPC) relacionados a la producción ganadera en el país consideran que desde hace un buen tiempo soportan el abuso de la industria frigorífica. Al productor, dicen, no se le paga lo que le corresponde por su ganado llevado a faena.
Para remediar esta situación proponen una legislación para terminar con el monopolio y oligopolio (pocos oferentes) de los frigoríficos especialmente de Minerva y Concepción. El IPC pretende terminar con esta injusticia comercial. Sin embargo, y pese a las buenas intenciones de los proyectistas, la herramienta que plantean no es la correcta. El nuevo órgano a crearse por ley contará con un rol superlativo en la cadena cárnica bovina y de ese modo hará su aparición el intervencionismo en el mercado o lo que es lo mismo, el fracasado estatismo. El IPC, por ejemplo, tendrá la atribución de “establecer los mecanismos de control para los procesos de producción, transporte e industrialización en todas las etapas de la cadena de Valor de la carne...” (Atribuciones y funciones del IPC) e incluso “Proponer al Poder Ejecutivo las medidas que considere procedentes en todo lo relacionado con los lineamientos estratégicos de la política nacional de carnes...” (Atribuciones del Consejo Nacional del IPC).
Se está ante el nacimiento de un superpoder que instalado luego será muy difícil de impedir se exprese mediante amplias facultades. De igual importancia, es de hacer notar que el documento se fundamenta en una línea de pensamiento llamada economía neoclásica.
Exponentes de estas ideas como Marshall, Walras y Pareto a la cabeza consideran necesaria la intervención estatal debido a las fallas del mercado para la lucha contra el monopolio u oligopolio y para el caso que nos ocupa en nuestro país, de los frigoríficos especialmente Minerva y Concepción. Desde luego, los costos de la “solución” recaerán sobre el productor ganadero. El funcionamiento del IPC se hará mediante la “contribución obligatoria a cargo del propietario del ganado, sobre la base del 0,7 % del valor aforo de cada animal, con destino a faena a nivel nacional. ¡Un nuevo tributo!
El IPC infelizmente abre las puertas a la coerción, atributo estatal del órgano afín al mismo. Este nuevo órgano dará lugar a poner en práctica el ambiguo concepto del “interés nacional” para bajar –si así se considera– los precios de la carne a través de medidas sobre la exportación con aranceles al sector, como sucedió e Argentina poco tiempo atrás.
Por su naturaleza jurídica, el IPC se involucrará en el mercado de la carne bovina, que es lo mismo que decir en los asuntos del sector privado. De ahí en más los políticos y burócratas encontrarán alguna justificación para congraciarse con el “pueblo”, como bajar los precios en aras del “interés nacional” convirtiendo a la carne en un producto estratégico o de soberanía alimentaria. Como dice el refrán: “El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.