• Por Pepa Kostianovsky

De ninguna manera es suficiente haber pasado por la Facul­tad de Derecho. Ni siquiera haber cursado un par de años de las tan pobladas (y hoy hasta virtuales) aulas de la abogacía para enten­der los verdaderos laberin­tos que el oficio exige a jue­ces, magistrados, secretarios, ujieres, defensores, patroci­nantes, y auxiliares varios. De hecho, y como abogada de vieja escuela, siempre he pensado que el mejor inicio es el Derecho Romano. No por nada, los profesores de la materia son exigentes en cuanto a asistencia, partici­pación en clase, y buen des­empeño en los exámenes. No se puede “dejar pasar nomás” Derecho Romano. (Al menos donde rige el sistema de Jus­ticia que en el él se basa). Sencillamente porque es el que inserta en la mente del alumno (futuro abogado) los principios jurídicos elemen­tales. Los que ya “no se dis­cuten” los que brindan al pen­samiento, una lógica jurídica, que es la que nos aproxima a la Justicia. Que al fin de cuentas, es ella el objetivo del Derecho, de las leyes, de las sentencias, y en definitiva, del comporta­miento en sociedad.

Precisamente, porque no veni­mos al mundo con esa lógica incorporada a nuestra condición de seres vivos, es que a menudo hay que andar IMPONIENDO el cumplimiento de leyes, decre­tos y ordenanzas. Estos últimos pueden ser tan pueriles como la ordenanza que prohibió en Asun­ción (y muchos otros lugares del mundo) el uso de pajitas, y la reciente Ley de la Nación Argentina ordenada por el presidente Milei de “usar pajitas”. Parece un chiste, pero es cierto. Y es sin duda una anécdota que pasará a la Historia Jurídica y Política Inter­nacional. Pero volvamos a nues­tros supuestos conocimientos del Derecho, que se manosean a dies­tra y siniestra, y que habilitan a cualquier ciudadano a opinar lo que le cante.

Decía recién que el estudiante de Abogacía transita por varios años de educación legal, antes de lle­gar a enterarse de cómo funciona la máquina esencial: el Poder Judicial. Que parece necesario recordar aquí que es uno de los tres Poderes del Estado, esencia de la República, y responsable de dirimir los conflictos de intere­ses entre los ciudadanos entre sí, y entre los ciudadanos y el Estado. Cualquier injerencia entre uno de ellos tres (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) está absolutamente prohibida. El presidente de la Corte no debe ni saber el número de teléfono de un ministro, o un diputado, y un senador no debe llamar a un juez ni para felicitarle por su cumpleaños. Así de simple. Si se encuentran en un cóctel pue­den hablar de fútbol o del tiempo. Cualquier otro tema podría impli­car sugerencias. ¿Entendido?

Pero, volviendo a la Abogacía. Lo más delicado de entender y tra­tar es el procedimiento judicial. Muy en especial el procedimiento penal, donde cualquier nota mal tocada en el expediente puede ser causa de absoluta nulidad. Para el público que lee, ve o escucha, y lamentablemente, también para el periodista que opina y repite, y reitera, y titula, y se rompe las vestiduras, pareciera que no hay diferencias entre las funciones de un fiscal, y las de un juez, por ejemplo. Ni hablar de las diferen­cias radicales entre INDICIOS Y PRUEBAS, entre INDICIADO Y PROCESADO, entre DEMO­RADO, DETENIDO Y CONDE­NADO.

Y lo más triste, es que hay dema­siados jueces y fiscales que o no saben, o saben demasiado, sobre ANULAR UNA POSIBLE PRUEBA. Y con esto dejar libe­rados y felices a los bandidos, o escrachados vilmente a un pobre tipo que estaba parado por ahí cerca, sin culpa alguna.

Se supone que para ello, hay un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que debe cortar cabezas a los altos funcionarios del PJ que, o por deshonestos o por torpes, incurren en estas varieda­des. Pero, el caso es que el daño ya está hecho. Las posibles pruebas ya fueron inhabilitadas, o las que nunca debieron ser admitidas ya consiguieron su propósito de una sentencia que debería ser nula.

Pero ... ¿Y AHORA QUÉ? ya es otra historia. El daño ya se ha causado. Y aunque la Justicia se tome el tiempo de repararlo, las consecuencias seguirán surtiendo efecto. Los culpables seguirán veraneando en Miami, los calumniados seguirán siendo pasto de chismosos. Y la JUS­TICIA SEGUIRÁ SIENDO LENTA, O PARAPLÉJICA .

En resumen. No son solo los abo­gados los que deben respetar reli­giosamente las normas del Dere­cho. Sino también los medios de prensa responsables los que deben exigir a sus cronistas y columnistas de temas relaciona­dos con la Justicia, estar forma­dos en los temas que tratan. Así mismo, como para ser cronista deportivo hay que saber distin­guir entre un gol y un off side, quie­nes cubren el área judicial tienen que entender que un indicio no es una prueba. Y que a los jueces no se les piden “preopiniones”. LOS JUECES OPINAN POR SUS SENTENCIAS.