• Por Ricardo Rivas
  • Corresponsal en Argentina
  • X: @RtrivasRivas

Se mueve el tórrido verano en la Argentina. “El presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA”, es el mensaje que publicó en @madorni su cuenta en la red X. El anuncio se produjo 59 días después que el jefe de Estado dijera que en el año que corre habrá de aplicar “la motosierra profunda”.

“Esa fue la primera etapa y ahora se viene la motosierra profunda”, dijo el señor Milei el 11 de diciembre en tono descriptivo, detalló que en esos doce meses de gestión “hicimos un primer gran recorte” y adelantó que desde “ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”.

La empresa a privatizar –Belgrano Cargas y Logística SA”– se encuentra dentro del listado de la Ley Bases que fue aprobada por el Parlamento el 28 de junio pasado y que el Poder Ejecutivo promulgó el 8 de julio siguiente cuando publicó la normativa en el Boletín Oficial.

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“El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles”, añadió el secretario Adorni en la comunicación realizada para anunciar que el Estado argentino dejará de tener la propiedad de la empresa que gestiona las operaciones de carga de las líneas ferroviarias General Manuel Belgrano, General José de San Martín y General Justo José de Urquiza que, en su conjunto, controlan poco menos del 40 % de la transportación del total de las cargas ferroviarias con un total aproximado de 4.450 empleados.

Los anunciado está en línea con la reciente privatización de la empresa metalúrgica IMPSA (Industria Menotti Pescarmona SA) cuya propiedad era hasta el pasado 8 de enero era del Fondep (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) del Ministerio de Economía que lidera el ministro Luis Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza y, desde entonces, fue adjudicada al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy”, según el anuncio oficial.

El IAF (sigla en inglés que con la que se identifica al consorcio estadounidense Industrial Adquisition Find, LCC), el principal accionista es ARC Energy, con sede en Louisiana, una empresa que se define como “proveedor global de equipos de producción y procesamiento para la industria energética”, se hizo de ese activo mediante el pago de USd 27 millones “en concepto de aporte de capital” y se comprometió a refinanciar una deuda de la privatizada IMPSA con sus acreedores por un monto de USD576 millones.

Los gobiernos de la Argentina y de a provincia de Mendoza –también a través de comunicaciones reticulares– destacaron entonces “el cambio en el rumbo económico que llevan adelante (el presidente) Javier Milei y su equipo (porque) dan certezas que permiten estos avances”.

En el contexto de achicar el Estado el presidente Milei desde noviembre 2024 se apresta a través de una licitación pública alcance internacional la Hidrovía sobre el río Paraná por la que se transporta el 80 % del comercio de este país por un plazo de 30 años prorrogables por un tiempo similar a cambio de hacerse cargo del balizamiento y dragado de esa vía de comunicación tanto en sus tramos fluviales como marítimos.

La Hidrovía a concesionar sobre el ya mencionado río Paraná y el Paraguay, tiene en su “Vía Navegable Troncal” –como se la denomina formal y jurídicamente– un total de 79 puertos a lo largo de las 7 provincias argentinas que bordea –Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires– hasta 2021, cuando finalizó la relación contractual, estuvo a cargo de a firma belga Jan de Nul y la argentina Emepa. Desde entonces y hasta la actualidad es operada por el Estado.

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