• Por Laura Ramos
• Directora del Club de Ejecutivos del Paraguay

En los últimos días la calificadora internacional Standard & Poor’s mejoró las perspectivas de Paraguay, elevándolas de estable a positivo. Y asignó la nota BB+ tras su revisión anual de 2024. Este avance refleja el desempeño positivo económico del país en el último año.

¿Qué podemos hacer como sociedad ante esta nueva situación? Primeramente estar muy orgullosos por las buenas noticias, ya que marcan una perspectiva de mejora constante, lo cual a veces se da por sentado, pero mirando la historia de nuestra región no es necesariamente lo que ocurre con otro tipo de manejos económicos como el de los populistas. Ahora bien, teniendo esta situación de mejora, no debemos dejar de lado las características en las que aún debemos de seguir trabajando.

Una de las características donde tenemos mucho por trabajar es la institucionalidad. Debemos aprender a separar las instituciones de las personas, y mantener los procesos con sus reglas claras independientemente de quienes sean los personajes involucrados.

Además de esto, si logramos dar como país la seguridad jurídica a sus ciudadanos y a los inversores, ya sean nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza y credibilidad generadas, las cuales son cruciales.

Ambas características, tanto la institucionalidad como la seguridad jurídica, son fundamentales para reducir la corrupción, con la que se reducirá también drásticamente la impunidad que vivimos en las noticias en forma diaria. Esta impunidad, además de ser incorrecta, es desmotivante y crea una sensación de status quo que adormece a quienes desean generar un cambio por una sociedad mejor.

Por lo tanto, debemos de estar conformes porque estamos en el camino correcto, pero debemos de seguir trabajando en conjunto especialmente en nuestro gran talón de Aquiles el cual es finalmente la corrupción. Seguramente si ajustamos paso a paso con distintas herramientas, como fortalecer a las instituciones a través de la ley de la función pública, la ley del sistema nacional de catastro, entre otras, brindado de esta manera soluciones a problemas que el país viene acarreando hace muchos años, seguramente iremos enviando los mensajes necesarios de que los cambios se están logrando.

Igualmente, todo esto no tendría sentido si el sistema judicial finalmente no da el broche de oro a este conjunto de mejoras necesarias. Si todo lo que realizamos en las demás instituciones terminan por caer en saco roto, lastimosamente nada valdrá la pena. Es fundamental e indispensable cerrar todos los procesos de mejoras con la aplicación de la ley, ya que como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas.

No perdamos la motivación y sigamos en conjunto desde el sector público y privado en busca de nuestro tan anhelado broche final.