- Por Víctor Pavón (*)
El 2025 debe ser el año de las reformas. No hay escusas. El Gobierno cuenta con mayoría en el Congreso y de hecho se hicieron varios cambios importantes que no pueden ser desconsiderados.
Ahora las siguientes cuatro reformas son ineludibles: el mercado eléctrico, el mercado laboral, las cajas fiscales sumado a la previsional del Instituto de Previsión Social (IPS). Hay otras reformas pero las citadas más arriba son urgentes. Ahora bien, las reformas deben ser de pro mercado caso contrario no servirán sino como un efecto placebo.
Vuelvo en esta ocasión al IPS porque ahí está el ahorro nacional. El IPS en menos de una década será insostenible al punto de apelarse a subsidios estatales o a planes de financiamiento también estatales, esto es, el Estado mete la mano para alzarse con el dinero del sector privado, cuestión que ya lo hace cuando ejerce su poder de coerción y exige bajo pena de sanciones el pago del aporte social “solidario”.
Disponer del dinero de los contribuyentes apelando a prácticas de más intervencionismo estatal como el endeudamiento llevará al país a una espiral inflacionaria de efectos calamitosos, desde lo económico y lo político. Económico porque el desbalance entre aportes y jubilaciones será inexorable y en lo político porque de no hacerse la reforma desde el IPS se alimentará un ambiente de imparable descontento que, de existir una oposición con ideas y propuestas correctas, las podría utilizar a su favor.
Pero lo anterior es harina de otro costal. Ahora hay que enfocarse en la reforma, antes que sea tarde. Creo que en el gabinete del presidente Peña hay gente con ideas de pro mercado que necesitan ser apoyados por los actores de la política pues esa es la manera de hacer cambios sustanciales en cualquier lugar del mundo.
Los negociados, incrementos salariales a los grupos de presión y las malas inversiones llevarán al IPS a su quiebra y no solo por esto, sino especialmente por su sistema de reparto donde todo va a una caja común llamada solidaria o lo que es lo mismo un fraude.
La capacidad de pagar a los jubilados depende de los aportes de los nuevos asegurados, pero como la cantidad de nuevos aportes será menor en relación al pasivo a pagar luego no habrá nada a repartir. ¿Quién piensa en los jóvenes y en los que ahora están aportando? Nadie. La solución no está en el Estado que creó el problema. La solución está en hacer valer la libertad de elegir para que cada quien opte donde destinar su dinero para su salud y jubilación.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.