El gobierno del presidente argentino Javier Milei prepara una “serie de modificaciones en el régimen migratorio” para que los extranjeros no residentes paguen la educación en las universidades públicas y la atención en hospitales, anunció ayer martes el vocero Manuel Adorni.

Con la modificación del régimen migratorio “se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes” y, también, “el fin de la gratuidad de la atención médica para los extranjeros que no residan en el país”, dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En Argentina la atención médica y la educación hasta el nivel de grado son gratuitas dentro del sistema público. Como país federal, en Argentina el poder nacional solo puede decidir sobre los hospitales a su cargo mientras que las provincias tienen autonomía.

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Este año algunas provincias comenzaron a cobrar por salud a extranjeros no residentes como Mendoza (oeste), Santa Cruz (sur) y, en el norte, Jujuy y Salta. El opositor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló que “las ‘medidas’ (...) solo buscan provocar, generar odio y resentimiento” y que su distrito mantendrá la gratuidad. También hubo críticas al anuncio sobre las universidades.

Para el decano de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Durán, el anuncio es “un absurdo total” ya que no existen casos de “estudiantes no residentes” porque para estudiar en una universidad pública se debe obtener una residencia, con la cual el extranjero tiene los mismos derechos que un nativo, dijo al canal local La Nación +.

El abogado constitucionalista Félix Lonigro recordó el martes que existe la “ley de educación superior que establece la gratuidad de la educación pública estatal universitaria” y que su modificación requiere tratamiento parlamentario, en una entrevista con el mismo canal.

Según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Educación, hasta 2022 había 122.769 extranjeros que estudiaban en universidades argentinas, de los cuales 104.998 eran de pregrado y grado, lo que representa un 4,1% dentro de los 2.540.854 estudiantes universitarios.

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Adorni también anunció que se incorporarán más delitos como causa para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, aseguró. “La doctrina ‘garantista’ ha hecho desastres en términos migratorios”, remarcó.

Fuente: AFP

• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

El primer año de gobierno del presidente Javier Milei está próximo a quedar atrás. Las y los profesionales de la política se aprestan para iniciar dentro de 29 días el proceso electoral que habrá de concluir con las elecciones para la renovación parlamentaria, también conocidas como “de medio tiempo”.

Las señales que emite el Poder Ejecutivo parecen dar cuenta de que el señor Milei quiere llegar hasta esa instancia con la inflación bajo control; con el déficit fiscal equilibrado; con el riesgo país en descenso –hoy se ubica en torno de los 750 puntos porcentuales, según JP Morgan–; con cepo cambiario para mantener el “dólar planchado”, como dicen aquí los operadores económicos; con las reservas internacionales que atesora el Banco Central (BCRA) en crecimiento –hoy todavía son negativas–; y, con una ejecución presupuestaria discrecional dado que, hasta el momento, el proyecto de presupuesto del mandatario no fue aprobado por el Parlamente y, en consecuencia, será prorrogado una vez más el de 2023, diseñado en otro contexto económico, financiero y político por la administración del expresidente Alberto Fernández (2019-2023).

Curioso, por cierto, y políticamente, una señal de debilidad significativa que, por momentos, es demasiado evidente hasta el punto de que emerge como insatisfacción desde los propios militantes del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) que un puñado de años atrás fundara el actual jefe de Estado quien, además, procura polarizar y competir electoralmente en 2025 con la expresidenta (2007-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) Cristina Fernández, flamante titular del Partido Justicialista.

De cara a ese objeto del deseo que ningún portavoz presidencial desmiente con argumentos sólidos, en la semana que pasó no fueron escasas las desaprobaciones que irrumpieron tanto en las redes –el ecosistema preferido de los seguidores de Javier Milei– como en los medios tradicionales cuando por indicación precisa de la Casa Rosada (sede gubernamental argentina) se dejó sin quorum a la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de “ficha limpia” que impulsa la diputada Silvia Lospennato, filo-oficialista del partido Propuesta Republicana (PRO), que fundara y lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Esa normativa, que el señor Milei –pese a ser una de sus más relevantes promesas de campaña decidió abortar– de aprobarse, impedirá que toda persona condenada judicialmente en dos instancias pueda ser candidata a ningún cargo electivo.

En esa situación, se encuentra la señora Cristina Fernández, a quien quince jueces le aplicaron, en primera y segunda instancia, “seis años de prisión” con la accesoria de “inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos” por ser penalmente responsable de defraudación contra la administración pública y perjudicar al Estado en un monto verificado de 84.335 millones de pesos (unos USD 80,31 millones al cambio oficial). Javier Milei, claramente, quiere enfrentar y, de ser posible, triunfar sobre la viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y prefiere demorar esa iniciativa contra la corrupción.

“El presidente elige confrontar con Cristina para vencerla y, por esa razón la necesita”, explica a La Nación un analista cercano al oficialismo que exige mantener su identidad en reserva. “Aunque no solo por ese deseo, también considera –como posibilidad y necesidad– establecer con Unión por la Patria (UP), principal bloque opositor, algunos acuerdos que tienen que ver con la conformación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los nombramientos de unos 200 jueces para ocupar tribunales vacantes y algunas otras cuestiones relevantes”.

El diputado opositor Germán Martínez, líder del bloque de la UP, según revela ayer en el diario La Nación de Buenos Aires el colega periodista Jorge Liotti, en una reunión de “labor parlamentaria” sin titubeos “planteó que si no se daba de baja el proyecto de ficha limpia se caían ‘todos los acuerdos, los de Diputados, y también los del Senado’ y, habló también de que corría riesgos ‘la gobernabilidad de la cámara’”. Para que quede claro. Sin aludir a nombre alguno, puso en duda a continuidad del oficialista Martín Menem como presidente de los diputados.

Mauricio Macri, tercero en discordia entre Milei y Cristina, también hizo público su disgusto a través de su cuenta en la red X y sentenció que el gobierno jugó “a favor de los corruptos”. Pero no fue más allá. Por lo menos hasta hoy continúa con su apoyo a la política económica oficial, aunque nada ni nadie asegura que ese acompañamiento se sostenga en el tiempo. Que Milei quiera polarizar con Fernández diluye el centro y potencia los extremos. Mauricio procura evitar su desaparición. ¿Será candidato a senador?

Claramente, en la Argentina, la política es borgiana. A los principales líderes políticos no los une el amor sino el espanto.

• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

El consumo de encuestas crece en la Argentina. Especialmente en los más altos niveles de conducción del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), el partido que fundara el presidente Javier Milei el 16 de octubre de 2018.

Los resultados de esas compulsas permiten a los estrategas presidenciales afinar la gestión de gobierno en procura de consolidar la gobernabilidad cuando irremediablemente el almanaque indica que en pocos meses más estarán lanzadas las internas de cara a las elecciones de medio tiempo en 2025.

“Algunos datos –según fuentes gubernamentales seguras que exigen reserva sobre sus identidades– preocupan”. Entre ellos, aquellos que dan cuenta que es en los cordones urbanos pauperizados de la provincia de Buenos Aires, en los alrededores de la capital argentina, donde se verifican los mayores rechazos a la gestión del señor Milei. De hecho, en todas las mediciones en esas zonas el jefe de Estado se encuentra por debajo del peronismo en la consideración popular.

La marcha del programa económico es una preocupación social relevante y el paso del tiempo desgasta. Según la consultora Giacobbe en el trabajo de investigación que divulgó en las últimas horas, el presidente Milei con 45,2 % de “imagen positiva” claramente ha decrecido en ese indicador que en marzo pasado estaba apenas por debajo del 60 %.

La segunda al mando, la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el mismo nivel de positividad que el presidente, sin embargo, lo supera porque su “imagen negativa” se ubica en 36,1 % y la regular 17,1 % indicadores estos mucho más favorables que los del jefe de Estado. Sin embargo, no son estas las informaciones que más preocupan por cuanto “la opinión pública es muy dinámica”, explica un analista oficial.

En ese contexto las miradas se concentran en la marcha de la economía que, como valor más apreciado la administración Milei exhibe la sustancial baja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– que desde poco más del 25 % en diciembre 2023 en julio último se instaló en torno del 4 %. Pero con eso no alcanza. Urge –como demanda social– el crecimiento que pareciera darse en microdosis y la recuperación de los salarios.

La mayor insatisfacción que revela un trabajo realizado por la consultora Zuban Córdoba, reporta que el 45 % de las personas consultadas “no llega a fin de mes” en tanto que 35 % respondió que “llega con lo justo”. La empresa Scentia, especializada en el relevamiento del consumo, por su parte informa que cuando promediaba el recién finalizado mes de agosto, la caída interanual del consumo en supermercados alcanza a 22,6 %. “Mucha gente no puede comprar ni siquiera lo que ahora está más barato”, sostiene uno de los investigadores que “para no tener problemas” pide no revelar su identidad.

Así las cosas, la angustia social se manifiesta también en la fuerte caída que la población percibe en las remuneraciones que reciben las personas jubiladas desde el desde el 10 de diciembre último, cuando comenzó la gestión del presidente Milei. A ello se añade –como problema– que el mandatario vetó en su totalidad una ley que fue sancionada por una mayoría calificada en el Parlamento para aumentar el monto de las jubilaciones 8,1 %, lo que no habrá de ocurrir por la decisión presidencial consignada.

El veto –que es una atribución constitucional del jefe de Estado– según un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es rechazado por el 58 % de la población en tanto que un 57 % considera que esa ley que no será promulgada ni aplicada por decisión presidencial “es correcta y necesaria”.

Las relaciones políticas se tensionan entre oficialistas y opositores e, incluso, entre las propias filas del partido de gobierno que, en el Poder Legislativo se ve en figurillas para imponer sus proyectos de gestión. De hecho, el presidente Milei en la semana que pasó se reunió con un nutrido grupo de dirigentes del oficialismo y de los bloques parlamentarios afines para intentar una mejora en las relaciones con los aliados para ordenar la agenda y alcanzar los objetivos que se propone.

Sucede que el presidente desde el Poder Ejecutivo gobierna plenamente legitimado por el resultado electoral de la segunda vuelta en la que triunfó con el 56 % de la voluntad popular, pero en el parlamento la articulación con otros bloques se desarrolla con el resultado negativo de la primera vuelta comicial en la que resultó perdedor porque sólo obtuvo el 29,99 % de los votos lo que ubica a LLA en minoría tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Claramente, su partido en soledad no puede.

Sin embargo, esos movimientos imprescindibles que ha tenido que encarar el presidente Javier Milei para encontrar acuerdos han generado fuertes críticas. De hecho, en el transcurso de una reunión entre veteranos parlamentarios de los cuales dos son peronistas, dos radicales y uno es liberal, en tono de broma, pero en reserva comentaron a La Nación que “el presidente ha logrado por lo menos dos reactivaciones” políticas.

“La de Cristina (Fernández, expresidenta 2007-2015 y exvicepresidenta 2019-2023) y la de Mauricio (Macri, expresidente 2015-2019) a quienes ha tenido que acercarse para resolver la agenda parlamentaria”, explicaron con sonrisas.

Sucede que con Macri por lo menos ha cenado en el último mes dos veces en la Residencia Presidencial de Olivos (RPO) para intentar acordar acciones legislativas conjuntas y -según trascendidos sólidos- con la señora de Kirchner ha tomado contacto a través de intermediarios para conseguir votos en el Senado de la Nación para que el juez federal Ariel Lijo se pueda integrar cuando finalice el presente año a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

¿Podrá ser que con Propuesta Republicana (PRO), el partido de Macri, el presidente Milei consiga constituir una coalición de Gobierno? Los informantes, descreyentes de quienes sacuden esa versión como posible, la negaron. “La historia desde 1983 nos enseña que las coaliciones electorales sólo permitieron constituir frágiles coaliciones parlamentarias, pero nunca esas alianzas consiguieron consolidarse para gobernar”. No es un dato menor.

• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en la Argentina
• X: @RtrivasRivas

El presidente Javier Milei regresó en las últimas horas a la Argentina. Con su regreso a casa finalizó el séptimo viaje al exterior que, además, tuvo como dato relevante su presencia en El Salvador donde participó del inicio del segundo mandato del presidente Nayib Bukele y, a la vez, fue el primero de los países latinoamericanos que visitó.

Vale destacar que cuatro de esos desplazamientos externos del mandatario fueron a los Estados Unidos donde, en esta oportunidad desplegó sus actividades en Silicon Valley donde conversó con Tim Cooke, de Apple; Marc Zuckerberg, de Meta; y Sundai Pichai, de OpenAI, en un intento más para atraer inversiones hacia un reiteradamente enunciado “polo tecnológico” local soñado también por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que aún no emerge del terreno de lo onírico.

Sin embargo, esas rondas de negocios –que en dos oportunidades anteriores incluyeron a Elon Musk, de Tesla– contrasta marcadamente con la situación interna argentina, que es observada con mucha atención no solo por los inversores globales, sino también por el gobierno norteamericano del presidente Joe Biden y por los más visibles organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese contexto tanto desde la Casa Blanca como desde la conducción del FMI, si bien destacan en cuanta oportunidad pueden hacerlo la rapidez con la que el programa del ministro de Economía Luis Caputo opera positivamente sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en diciembre pasado se ubicó en el 25,5 % y en mayo en torno del 5 %, no dejan de advertir sobre los efectos sociales negativos del ajuste que se desarrolla.

De hecho, el embajador de los Estados Unidos en este país, Marc Stanley, a bordo del portaaviones George Washington que se encuentra en operaciones en la ZEE (Zona Económica Exclusiva) argentina, dijo a la colega periodista Camila Dolabjian, para referirse al ajuste que “nos importa profundamente que haya una red de seguridad social para los que están afectados por la disparidad en la economía”. Y destacó que es necesario “mientras transitan (ese período) asegurarnos que los que están afectados por la inflación y por la moneda tengan acceso a alimentos”.

El diplomático aseguró además que “es muy importante para los EE. UU.” la situación social en este país que se agrava con el ajuste y admitió que si bien “es un problema doméstico (...) todo lo que estamos diciendo (al gobierno) es que por favor presten atención y que tengan cuidado”. Semanas atrás, desde el FMI realizaron la misma advertencia.

Claramente, los esfuerzos presidenciales en el exterior muy probablemente no tendrán plena aceptación si no emergen desde la política doméstica correlatos con esas ofertas para que inviertan aquí.

Los inversores rechazan tanto lo imprevisible como las dificultades que puedan emerger por falta de gobernanza. Esta semana, el señor Milei habrá de cumplir un semestre en la gestión de gobierno sin conseguir que el Parlamento apruebe ninguno de sus proyectos. Se suma a ello las dos huelgas generales que en ese mismo lapso de tiempo realizó la Confederación General del Trabajo (CGT) para rechazar “la política económica contra los trabajadores”.

En simultáneo, horas antes de que el presidente abordara el avión presidencial ARG 1, despidió al jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Pose, y designó en su reemplazo al ministro del Interior, Guillermo Francos, y coincidentes versiones aseguran que “habrá más cambios”.

Para explicar lo sucedido, el señor Francos dijo que su designación se funda en que “el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado. No la entiende. Tiene diferencias. Yo tengo una posibilidad mayor de dialogar”. Su palabra sonó fuerte. En verdad tuvo el impacto de una imprudente revelación. ¿El máximo funcionario político de la nación no entiende la política? Desde las cercanías del jefe de Estado –con formato de trascendido– no se demoró una réplica que enmendó a Francos: “El presidente no entiende por qué el sistema (político) conspira contra el desarrollo y bienestar del país”. Claramente, es una expresión bien diferente de la que hizo pública Guillermo Francos, flamante jefe de Gabinete.

Tal vez sea así. Nadie confirma, aunque sí niegan trascendidos. Curioso, por cierto. Al parecer, según quienes dicen desde el anonimato ser allegados del jefe de Estado, el señor Milei ha decidido dar una batalla cultural para reformar o, al menos modificar ciertas prácticas enquistadas en las que parecen ser, en su análisis, las convicciones de la sociedad argentina.

Mientras, el programa económico aporta datos relevantes que el señor Milei despliega ante quien quiera verlo y/o escucharlo. Se mantiene el superávit fiscal y la inflación baja sustancialmente. Pero, con esos datos a la vista, vale recordar que el consumo –incluidos los alimentos– cae porque crece una fuerte dificultad, imposibilidad en no pocos casos, de amplios sectores de la sociedad que no puede comprar aún con descenso de precios bajos. La recesión minimiza el éxito del descenso de los precios al consumidor. La batalla contra la casta dificulta cualquier acuerdo con las oposiciones. Proponer, debatir, conceder (ceder con), acordar son las prácticas por excelencia de la política en un Estado democrático de derecho. “No entender”, como reveló el ministro Francos que le sucede al señor Milei es un fuerte escollo para avanzar con sus programas de gobierno.