• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

El presidente Javier Milei –cuando el inicio de las tradicionales celebraciones de cada finalización de año es indetenible– se apresta para transitar esa decena de días dentro de un cuadro de contradicciones que, en no pocos casos, también tienen correlato en las estadísticas que quienes todo lo mensuran dejan trascender.

En un reporte reciente que se conoció el jueves último el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), que depende administrativamente del Ministerio de Capital Humano da cuenta que, entre los meses de julio, agosto y setiembre de este año, “la pobreza estuvo en el orden del 38,9 %”, según los relevamientos que cada semestre realiza el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“De esta manera, gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, la pobreza continúa descendiendo en el año, tras haber pasado del 54,8 % el primer trimestre al 51 % en el segundo, y con proyección del 38,9 % para el tercero”, reporta el Gobierno.

Divulga además que “el CNCPS proyecta que la incidencia de la indigencia se ubicó durante este período en 8,6 %, después de haber registrado 20,2 % en el primer trimestre y 16 % en el segundo” y revela que las mencionadas revelaciones estadísticas “se explican por dos factores claves: las políticas económicas tomadas por el Gobierno que ayudaron a equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación; y la focalización de transferencias hacia los sectores más vulnerables, directas y transparentes”.

El Indec, por su parte, reportó que la tasa de desempleo –en el segmento poblacional de los trabajadores registrados, que se encuentran “en blanco”, aproximadamente el 60 % de las personas con trabajo– entre julio y setiembre, se estaciona en 6,9 %, lo que representa 1,2 % más trabajadores activos que en el mismo período en 2023 e, incluso, mejora en 0,7 % contra el segundo trimestre 2024 lo que podría sugerir que algunos sectores de la economía se recuperan. Pese a ello, en tres sectores relevantes –industria, construcción y comercio– esa recuperación no solo no se verifica, sino que –contra el período abril-junio– aún se muestran con tasas negativas incluso en términos interanuales.

En línea con esas revelaciones, portavoces gubernamentales que exigen reserva acerca de sus identidades, aseguran a La Nación que “Javier (Milei) no solo ha conseguido con su programa económico equilibrar las cuentas fiscales, sino que ha logrado una desinflación sostenida y poner bajo control al dólar estadounidense”, datos estos que incansablemente repiten una y otra vez la totalidad de los sistemas informativos públicos y privados férreamente alineados con La Libertad Avanza (LLA), el partido de gobierno.

Sobre estos resultados estadísticos las y los estrategas de LLA planifican y gestionan la comunicación gubernamental de cara a las elecciones de medio tiempo –las parlamentarias– que se desarrollarán en 2025 y en las que el señor Javier Milei aspira a triunfar sobre las oposiciones.

Sin embargo, y pese a tales reportes hay datos que podrían inducir a la duda respecto de aquellos informes oficiales. De hecho, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), un grupo social básico –dos adultos y dos menores– residente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en lo que va del presente año quintuplicó el gasto en servicios públicos.

En el AMBA –una de las 20 áreas metropolitanas más pobladas del mundo– donde residen poco más de 15 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 35 % del total de la Argentina, se verifica el incremento consignado como una de las consecuencias del fuerte ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno del presidente Javier Milei que para inducir a la desinflación y terminar con el déficit fiscal, aumentó las tarifas de los servicios públicos y redujo en 38 % los subsidios que amortiguaban el costo de los gastos en trasporte público, en el suministro de agua y en combustibles de todo tipo a la población.

La información que en la mañana de ayer es el título de tapa más relevante del diario Clarín, da cuenta que “según el IIEP de la UBA y el Conicet, un hogar promedio en el AMBA, que está categorizado como Nivel 1 (N1) de la segmentación –el de mayores ingresos y/o patrimonios o aquellos que no pidieron o renunciaron al subsidio estatal– gastará este mes $ 143.819 para pagar la luz, el gas, el servicio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y los viajes en transporte público”.

Destaca la publicación que “esa misma canasta diciembre del 2023 tenía un costo de $ 28.651″, lo que da cuenta de “un aumento interanual del 402 % nominal o de aproximadamente 130 % en términos reales (descontado el efecto de la inflación) en un año”.

Si ambos montos se calculan con el valor oficial del dólar estadounidense para las fechas indicadas, en diciembre 2023, $795 por dólar), dos adultos y dos menores convivientes, pagaban para solventar sus gastos en gas, luz, agua y transportes unos USD 36, mientras que, un año después (hoy, $1.054 por dólar) deben pagar unos USD 137. El cálculo es sencillo: 277,77 % de aumento en dólares. La significación del número.