Con insistencia se dice que el sistema jubilatorio y de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) es solidario, entendiéndose esta palabra como una ayuda mutua que beneficia a todos. Esta es una falacia. Lamentablemente los políticos y analistas la usan a su antojo para esparcir tan alevosa mentira.

¿De qué solidaridad o “justicia social” puede hablarse cuando se niega a la gente disfrutar en el futuro por sus largos años de dedicación laboral? ¿De que solidaridad o justicia social puede mencionarse si pronto se dispondrá del dinero de los demás vía impuestos o subiendo los existentes para mantener el actual modelo del IPS?

¿De qué solidaridad o justicia social se insiste si no se deja a las personas disponer de su dinero según sus propios criterios? La solidaridad de la que hablan sus propagandistas es de la coerción porque creen que los demás no saben (los tratan de tontos) lo que deben hacer con su propio dinero, sinónimo de propiedad privada.

Una sociedad que pretenda respetar los derechos humanos que, por cierto no son más que los derechos de los individuos debe garantizar la libertad de elección, en este caso de trabajadores y empleadores.

No es consistente en el tiempo y mucho menos “solidario” un sistema por el cual los trabajadores más jóvenes paguen a los ya jubilados. La caja común al que se destinan los haberes jubilatorios hará que aquellos que ahora aportan no lleguen a beneficiarse por sus esfuerzos que a diario realizan en sus respectivos puestos de trabajo.

Es un contrasentido económico y jurídico que los empleadores no puedan igualmente acogerse a los beneficios de la previsional, ya sea para su atención médica o jubilación.

La propia Constitución Nacional exige romper con el monopolio y modelo del IPS en razón del artículo 95. Deben ser las personas las que elijan de acuerdo a sus propias decisiones dónde y a qué lugar aportar una parte de sus ingresos para su salud y posterior retiro. El costo social de seguir postergando ciertas reformas como la mencionada no es más que una excusa para mantener incólume los privilegios de los grupos de presión privilegiados de la corrupción.

Resulta inadmisible continuar con lo que hoy se tiene. Necesitamos una reforma, pero no de parche como hoy se habla elevando de 3 años a 10 para el cálculo de la jubilación. Hay que terminar con la mentira y la estafa del modelo estatal del sistema jubilatorio y de salud del IPS. Urge devolver a los aportantes la libertad y la propiedad privada secuestradas por el Estado.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.