- Por Laura Ramos
- directora del Club de Ejecutivos
Estamos llegando al fin de un año con variados matices, donde podemos decir que se ha progresado en muchos aspectos dentro del trabajo que se viene realizando en conjunto el sector público con el privado.
Haber llegado al tan ansiado grado de inversión, por ejemplo, es un trabajo en el que ambos sectores tuvieron que hacer lo suyo. El grado de inversión es una clasificación que se otorga a un país para indicar que tiene una fortaleza económica y financiera, y que es capaz de cumplir con sus obligaciones financieras. Esto se traduce en una reducción del riesgo crediticio, lo que facilita que el país obtenga financiamiento a un menor costo. Todos los sectores económicos se benefician de esta nueva calificación, donde además se atrae una cantidad superior de inversiones extranjeras ya que el país empieza a figurar en el mapa mundial.
Por otro lado, también podemos mencionar que el Gobierno del Paraguay impulsa la modernización del sistema de Catastro (MEF) y la Dirección General de Registros Públicos (DGRP), dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el proyecto de Ley del Registro Único Nacional (RUN). Proyecto el cual beneficiará enormemente en agilizar y modernizar el sistema actual de registro, así como la valoración para el pago de impuestos inmobiliarios.
A su vez, por el contrario, podemos mencionar la ley aprobada sobre el control, transparencia y la rendición de cuentas de las sociedades civiles, la cual ha generado muchas incertidumbres sobre cómo será reglamentada y si será utilizada como un mecanismo de restricción a la libre opinión de sectores opositores. Ojalá se pueda dar una reglamentación elaborada por todos los afectados donde se pueda dialogar, y encontrar los puntos en común sobre un mejoramiento de los datos expuestos por las organizaciones civiles donde, por ejemplo, se detecten los casos de lavado de dinero u otros ilícitos cometidos a través de alguna de estas.
Por último, podemos mencionar el proyecto de ley de la función pública y servicio civil, en el cual se pretende establecer un marco regulatorio para el ingreso y promoción de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo. Este sustituirá a la ley vigente 1626/2000, donde en teoría se establece concursos pero en la práctica no se cumple principalmente porque al no cumplirla no genera una sanción. Si se mantiene el espíritu original del proyecto de ley y no se lo termina alterando con tantas modificaciones que deje sin efecto su objetivo, será un avance muy interesante para el país. Ello, ya que el Estado es una estructura cada vez más pesada e ineficiente por el abuso de muchos años en la contratación innecesaria de recursos humanos.
En conclusión podemos decir que hay muchas buenas intenciones en mejorar la productividad, en ser más eficientes en la gestión, pero es muy importante no quedarnos con las buenas intensiones. Y así poder llevar a cabo un trabajo minucioso hasta la reglamentación de las mismas para asegurarnos que la aplicación de las leyes sean propias del espíritu inicial y generen equidad y un cambio real en la administración del país.