Se hace necesario que podamos avanzar con la reforma estructural del Estado, siendo uno de los aspectos de mayor relevancia la revisión y evaluación a fondo de la capacidad e idoneidad del 100 por ciento de la plantilla de funcionarios del sector público en sus tres poderes.

Ahora que el proyecto de ley del servicio civil ya tiene media sanción y en los próximos días lo considerarían en plenaria los diputados, es probable que para antes de fin de año ya la tengamos promulgada, siendo el momento oportuno para que el Gobierno se ponga a diseñar para el 2025 un achicamiento del Estado en lo que atañe a ministerios y secretarías ejecutivas, siguiendo el ejemplo de Argentina, que hoy día cuenta con solo ocho ministerios para 46 millones de habitantes, habiendo desvinculado a miles de funcionarios. Por dar un ínfimo aporte.

A nivel país contamos con más de 300 mil servidores públicos, muchos de ellos sin la capacidad, idoneidad y mucho menos trayectoria profesional. Sería una brillante ocasión para que con las directrices del Viceministerio de Capital Humano y los departamentos de Recurso Humano de las diversas instituciones, apoyadas estrechamente por los profesionales en Organización y Métodos (O&M), puedan hacer un análisis y evaluación en detalle de la calidad de la plantilla que poseen, para poder reubicar a los más talentosos y capaces y hacer la depuración que necesario fuere, con lo cual se podría racionalizar importantes montos en pagos de salarios y otros beneficios y destinarlos a sectores vulnerables a nivel país.

Para que dicha legislación pueda tener un verdadero sentido, debería alcanzar a los tres poderes del Estado, pues nuestra debilidad estructural institucional no se da solo dentro del Poder Ejecutivo, aspecto que los potenciales inversionistas extranjeros sopesan, analizan y evalúan muy bien antes de tomar sus decisiones de radicar sus capitales en nuestro país.

La ley del servicio civil deberá abarcar globalmente todo lo que atañe a la cualificación de nuestros servidores públicos, a través de coordenadas bien definidas para el ingreso a las diversas instituciones y paralelamente evaluando a través de Recurso Humano la performance de cada uno de ellos, ya que si no aportan valor agregado, no hace sentido alguno seguir manteniéndolos, puesto que es preferible tener menos funcionarios públicos, pero que sean capaces, inteligentes, proactivos y que se consideren verdaderos servidores de la ciudadanía, que a través del pago de impuestos y otros tributos paga mes a mes su salario.

De esta forma se estará premiando a la meritocracia, capacidad e idoneidad, como siempre debió haber sido y dejar de lado definitivamente el prebendarismo, clientelismo y el “color del pañuelo”, dado que muchísimos jóvenes capaces y guapos de verdad están esperando su turno para demostrar que podrían brindar un excelente servicio, derribando definitivamente la odiosa burocracia que es “un cáncer” en pleno siglo XXI.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el proyecto de ley incluye a todos, excepto a las sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado y fuerzas de seguridad, pero al final la decisión queda en manos de los legisladores donde los aspectos políticos superan al bien común de todos.

Esperemos que los poderes Legislativo y Judicial no se autorreglamenten, pues el contexto global de este proyecto de ley debería apuntar a todos por igual, ya que dentro de nuestra calificación de riesgo-país se mira y analiza globalmente y no en forma segmentada.

El Presupuesto General de la Nación incluye más de 300.000 cargos públicos, divididos en 107 instituciones.

El Ministerio de Economía previó para este 2024 una erogación en concepto de salarios de USD 3.250 millones, equivalente a USD 9 millones por día de recursos que provienen de los impuestos que paga la ciudadanía, merecedora que nuestras instituciones le brinden un servicio de calidad, siendo de esperar que impere el profesionalismo, sentido común y “mente fría” a la hora de tomar decisiones.

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