- POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
- Columnista
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La reforma constitucional parcial que ha sido aprobada por el Congreso de Nicaragua, con una clara mayoría del oficialismo sandinista sumada a sus aliados, logrará desmantelar lo poco que le quedaba de institucionalidad al Estado de ese país.
La pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo se convertirá, tras la sanción de estas reformas, en poco menos que reyes sin corona en el castigado país centroamericano.
Es un regreso a prácticas similares a los siglos del absolutismo real, coinciden los pocos opositores que aún lo siguen siendo y permanecen en un país que no solo ha expulsado a todo aquel que ose levantar peligrosamente la voz, sino que también los ha privado de su nacionalidad para evitar que, legalmente, no puedan tener opciones políticas más tarde y mucho menos ahora.
Pero la reforma no solo otorga más poder a Ortega ni tampoco se destaca por poner en línea de sucesión a su esposa Rosario Murillo, sino que garantiza la sucesión dinástica y ya asoma el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo, quien asumiría el control del país en caso que falten sus padres.
Daniel Ortega, de 78 años, con cuatro mandatos sucesivos más un quinto alternado, ha destruido la institucionalidad y ha quebrantado uno de los principios fundamentales de una república democrática: la separación de poderes. La reforma ha puesto al Poder Judicial y al Legislativo bajo las órdenes del Ejecutivo, es decir, bajo las órdenes de Ortega y Murillo.
Incluso, la reforma ha hecho uso de la semántica para horadar más al sistema democrático, pues tanto el Poder Judicial como el Legislativo han sido degradados a “organismos”, lo que deja en claro el camino dictatorial y absolutista que ha tomado Nicaragua que ahora dependerá (oficialmente) de como ha amanecido la pareja presidencial.
La reforma, ya aprobada de manera general, deberá ser estudiada en carácter particular, en una farsa congresista en enero de 2025. Se da por descontado que estos cambios serán aprobados a gusto y paladar de Daniel Ortega.
A partir de esa sesión, todos los poderes públicos ya estarán de derecho en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, algo de hecho en la actualidad. Entre los casi cien cambios al que será sometida la Constitución Nacional en Nicaragua se destaca el aumento de la extensión del periodo de gobierno de 5 a 6 años, la creación de una “policía voluntaria”, que no es más que la oficialización de grupos paramilitares como en Venezuela son los “motorizados” del chavismo.
La bandera con los colores rojo y negro del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se sumará a los símbolos nacionales de Nicaragua, poniéndola al mismo nivel que la bandera azul y blanca del país. Todos los derechos fundamentales podrán ser suspendidos por cualquier motivo que el Poder Ejecutivo considere necesario, además de suprimirse la censura a la prensa expuesta en la Constitución hasta ahora.
Los militares podrán ser llamados a intervenir siempre que sea necesario, es decir, cada vez que Ortega o Murillo así lo consideren. Nicaragua será una muestra del cuasifeudalismo medieval, cuando a comienzos de 2025 estas reformas se pongan en marcha.