La política y la economía no son compartimientos estancos. Están íntimamente ligadas. La política es la organización de la sociedad que requiere de recursos para destinarlos a actividades regladas por la Constitución y las leyes.

La economía, por su parte, es la acción humana mediante la cooperación social de la libertad y la propiedad privada. De ella surgen los recursos para que la política asigne las partidas presupuestarias al Estado para que este cumpla con sus funciones.

El Estado como organización jurídica y política debe garantizar la seguridad y la predecibilidad mediante legislaciones que no molesten la creatividad e innovación del sector privado. Fue lamentablemente el socialismo el que desvinculó la política de la economía porque consideró desde sus inicios como teoría social que la economía debía regirse por medidas estatales apelando a la fuerza de la revolución, un error que costó muertes y hambre.

La razón por la que insisto sobre la teoría económica de la libertad relacionada con la Escuela Austríaca de Economía está en que la misma permite comprender mejor la realidad. La economía y la política merecen ser analizadas desde una perspectiva correcta.

En tal sentido, la función empresarial es la fuente de creación y distribución de riqueza, de mejores salarios, empleos y oportunidades para todos, mediante el ahorro, las inversiones, la creatividad y la innovación. La función empresarial provee satisfacción a los consumidores.

Son los consumidores los que deciden qué, cuándo y cuántos bienes y servicios se producirán y se comercializarán. Y los gobiernos mediante su intervención en los mercados deben bajar el costo del intercambio privado, no afectando la competitividad.

Y si la competitividad es la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias para aumentar su cuota de productos y servicios, entonces, esa tarea únicamente lo pueden hacer los individuos y las empresas privadas en el marco del libre mercado.

La economía, sin embargo, está expuesta a los “ruidos” ocasionados por los escenarios políticos nacionales como internacionales.

Los gobiernos deben hacerse a un lado en la economía y hacer lo que deben realizar, esto es, facilitar a las personas su seguridad personal como jurídica. Más allá de estas funciones sobrevienen tormentos para la gente. Las empresas como unidades de capital y trabajo requieren para su formación y sostenibilidad en el tiempo de un Estado garante del orden y la ley, entendido como la preservación de la libertad y la propiedad privada. No hoy otro modo.

Ello no significa dejar de lado la influencia del Estado. El gasto público y el mal gasto afecta a la competitividad empresarial puesto que desvía recursos hacia sectores ineficientes impidiendo a su vez la formación del ahorro y la inversión.

Cuando se interviene la función empresarial mediante más impuestos, deudas, trámites y burocracias asfixiantes se afecta al desarrollo de la nación. El Estado intervencionista es un enemigo para las personas de bien.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.