El Club de Ejecutivos remitió una carta abierta al presidente de la República, Santiago Peña, con referencia al proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, solicitándole el veto total del mencionado documento sancionado recientemente por ambas cámaras del Congreso.
Al Club de Ejecutivos le asiste su derecho a peticionar; sin embargo, comete varios errores como cuando dice que de no darse el veto presidencial se corre el peligro de perder el grado de inversión e incluso dañar la democracia en nuestro país.
La realidad es diferente. No se puede estar en contra de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública cuando de por medio discurren fondos de dinero relacionados con la administración estatal.
En ninguna parte del proyecto, por cierto, se viola la libertad de asociación y de administración de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Por lo demás, las ONG no son representantes de la sociedad y tampoco son contrapeso al poder del Estado. Aceptar esta aseveración del Club de Ejecutivos sería desconocer los fundamentos de la democracia constitucional. El Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control.
Al respecto, el control de constitucionalidad sobre los actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo se halla vigente en el país para evitar actos del poder incompatibles con la Constitución.
Se equivoca igualmente el Club de Ejecutivos cuando menciona el libro de Acemoglu y Robinson “Por qué fracasan las naciones”, dando a entender y mal utilizando la obra, que el proyecto de ley –que desean sea vetado– es una forma de institución contraria a la prosperidad concentrando el poder en una élite (sic).
Es exactamente lo contrario. El proyecto de ley pretende subsanar un problema de orden jurídico, motivo por el cual más bien resulta incluyente y no excluyente dicho documento dado que establece reglas de juego institucionales.
Los ciudadanos somos iguales ante la ley o desiguales como hoy sucede con las ONG que se oponen a esta normativa porque saben que, de aprobarse, las mismas se convertirán en sujetos de derechos y de obligaciones como toda persona física o jurídica del país.
Resulta necesaria la actividad reglada del Estado cuando se utilizan fondos de dinero (nacional y extranjero) que involucran a actividades del Estado paraguayo, pues las diferentes normativas que surjan de aquellas actividades serán de cumplimiento obligatorio. ¿ O acaso tenemos que aceptar aquello de ciudadanos de primera y de segunda?
El Club de Ejecutivos, además, comete otro error. Cree que por promulgarse una ley según lo establecido en la Constitución y habiendo cumplido con las formalidades en su tratamiento perderemos como país el grado de inversión, afirmación que implica la abdicación del derecho soberano que tenemos de gobernarnos con acuerdo al principio de legalidad constitucional que el pueblo paraguayo decidió como un contrato entre iguales.
Es de esperarse, finalmente, que el presidente Santiago Peña promulgue cuanto antes el proyecto de ley dispuesto a su consideración.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.