• Por Juan Carlos Dos Santos
• Columnista
• juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

Poco antes de concretarse el tras­paso de mando de la primera magis­tratura en México, donde asumió Claudia Sheinbaum Pardo, el saliente jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, firmó el decreto por el cual se con­cretaron profundos cambios en el sistema judicial de ese país.

Esta reforma judicial promulgada el 24 de setiembre pasado tiene la intención de cam­biar desde la raíz al sistema que administra la Justicia, pero enfrenta muchos desafíos, sobre todo en la manera de llevarlo a la prác­tica y en la opinión de expertos, expone a la Justicia a la pérdida de su independencia y, sobre todo, la politiza totalmente.

El punto más conflictivo de esta ley que entrará en vigencia desde el próximo año es el que refiere a las elecciones por el voto popular de magistrados, desde miembros de la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces de distritos. Sí, leyó bien...todos los jueces del sistema judicial de los Estados Unidos de México serán electos por la gente.

El artículo 96 de esta ley que reforma, adi­ciona y deroga diversas disposiciones, dice lo siguiente:

“Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistra­das y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistra­das y magistrados del Tribunal de Disci­plina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se rea­licen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda”.

El apartado de este artículo que menciona a quienes podrían postularse dice así en su inciso a: “Los Poderes establecerán meca­nismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la par­ticipación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes, pre­senten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo”.

A todas luces, este intento de reforma judi­cial busca democratizar hasta donde se pueda la elección de todos los jueces del sis­tema mexicano, pero no tuvieron en cuenta, o si lo tuvieron, no le dieron la importancia debida, que los jueces comenzarán un gran proceso de campañas electorales donde el finamiento de las mismas podría tener orí­genes criminales, teniendo en cuenta que se estaría ubicando nada más y nada menos que a un juez, no importa el nivel del mismo.

Otro de los puntos negativos es que los méri­tos de quienes hicieron carrera en el sistema judicial van a quedar relegados, algo que podría desmotivar a los más preparados.

Es muy evidente que la política, que ya juega un rol determinante en los sistemas judicia­les de los países latinoamericanos (en casi todo el mundo, posiblemente), va a conver­tirse en mucho más protagonista de lo que ya es hoy a nivel de Justicia.

Aunque el objetivo es reducir la percepción de corrupción, lo más destacado que esta reforma judicial va a lograr, al menos si nos basamos en el artículo 96, es que aumen­tará la participación de los ciudadanos en la administración de la Justicia mexicana.