• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

A pocas horas de que el presidente Javier Milei anunció que “a partir de ahora solo habrá buenas noticias”, la realidad se atravesó en el camino del mandatario hacia ese objetivo impreciso.

El miércoles último miles de personas se expresaron en las calles de la capital argentina y de las más pobladas ciudades en todo el país para apoyar la ley de financiamiento universitario que el Parlamento aprobó con holgada mayoría transversal y el Gobierno rechaza.

El señor Milei de inmediato anunció que vetará (y vetó finalmente) esa norma como lo hiciera días antes con otro texto legal con origen en el Congreso de la Nación para favorecer mínimamente los haberes jubilatorios que perciben poco más de 4 millones de beneficiarios. La Constitución lo habilita para ello. Pero la Carta Fundamental a la vez faculta a Diputados y Senadores para que con mayoría calificada o especial –las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Congreso– rechacen el veto presidencial y esa ley deba cumplirse.

El Poder Ejecutivo para que la decisión del presidente Milei se mantenga deberá conseguir que 86 diputados ratifiquen su decisión. Que acompañen el veto. Del conteo realizado tanto por el periodismo como por los principales operadores políticos oficialistas y opositores claramente emerge que ese número “hasta ahora no está asegurado”.

Una buena parte de la esperanza gubernamental para reunirlos se centra en cuál será el comportamiento que tendrá en el momento de la votación parlamentaria el bloque del partido PRO (Propuesta Republicana), que fundó y aún conduce el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) quien reiteradamente expresa y destaca el compromiso de esa divisa con la bandera de la educación pública.

La preocupación por estas horas crece en la Casa Rosada que asume el conflicto como una instancia de “matar o morir”, según un par de fuentes oficialistas ante este periodista que piden no ser identificados. La anunciadas “buenas noticias” desde la perspectiva presidencial parecen demorarse.

Más aún ante la posibilidad de que el Parlamento ratifique la norma que Javier Milei vetó en su totalidad, coincidentes voceros del oficialismo dejan trascender que, si así ocurriera, “no se cumplirá” con esa ley.

Dicho de otro modo, para que quede claro, si el Parlamento rechazara la decisión presidencial, el Ejecutivo no lo acatará. No cumplirá porque “no se negocia” la reducción del gasto público. ¿Decisión tomada? Todo parece indicar que sí, pero habrá que ver.

Ir en ese camino –el de “no” cumplir ni hacer cumplir la Constitución y las leyes, como juró hacerlo el señor Milei el pasado 10 de diciembre, cuando inició su mandato– además de dar inicio a un profundo conflicto de poderes abre la puerta a otras alternativas institucionales preocupantes.

De hecho, ya hay opositores y constitucionalistas que, en reserva y con preservación de sus identidades, dijeron a La Nación tener la convicción de que esa eventual actitud presidencial –no cumplir con la ley como trascendió– lo haría susceptible de ser denunciado judicialmente para que la situación la resuelva la Corte Suprema de Justicia (CSJN). En otra instancia –dicen los consultados– “hasta se podría impulsar su juicio político”. Claramente, una hipótesis bastante improbable, por cierto. De todas formas, es grave.

No obstante, si lo comentado precedentemente es descriptivo de la situación de tensión a la que se ha llegado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el conflicto también da cuenta de un debate previo que el oficialismo no ha dado y debiera dar y darse de cara a su interna para definir si acaso la educación pública de calidad es gasto o es inversión y, luego, explicitarlo.

Sin definir ese criterio –sin tenerlo claro– planificar recursos y gestionarlos presupuestariamente puede resultar inconducente y no serán pocos conflictos que habrá de emerger y será preciso resolver.

¿Es razonable cuando transcurre el siglo 21 y a punto de concluir el primer cuarto de esta centuria incomprender la importancia para cualquier país de acumular capital humano de excelencia y que para ello es imprescindible invertir? ¿Qué es lo que no se entiende? No es prudente eludir ese debate.

La semana política que se inicia hoy promete ser compleja, tensa, dura y con intercambios dialécticos que tendrán su punto más alto en el transcurso del miércoles cuando en el Parlamento se debata rechazar el veto presidencial a la llamada ley de financiamiento universitario.

La discusión no encuentra al Gobierno en su mejor momento. Desde hace algún tiempo todos los estudios de opinión pública que aquí se conocen dan cuenta que los rubros “imagen” y “gestión de gobierno” van en descenso.

Milei y quienes definen sus estrategias comunicacionales lo saben. El presidente va con fuerza contra quienes lo confrontan con violencias dialécticas, gritos, insultos y puteadas de gobierno. Nada nuevo. Fue su estrategia de campaña y desde el inicio de su mandato nada cambió. Pareciera ser la columna vertebral de su política de comunicación.

Expresiones tales como “zurderío inmundo”, “cobardes”, “ladrones”, “manga de delincuentes”, “degenerados fiscales”, “casta putrefacta”, “viejos meados”, “ratas miserables”, entre las más escuchadas son frecuentes en el que aparece como limitado léxico presidencial ¿Tiene impacto ese estilo en el clima social?

El consultor Federico Aurelio, titular de Aresco, una de las empresas de investigación social y política con mayor prestigio en la Argentina, dice al diario La Nación de Buenos Aires que la chabacanería presidencial “no es el principal factor que define si la opinión pública lo acompaña o no, pero (aclara que) sí es un factor adicional”.

Aresco, justamente –agrega ese periódico– reporta que “Milei lleva perdido seis puntos de imagen positiva” aunque advierte que “el principal factor (para que ello ocurra y se verifique) es la caída de la expectativa (social) de mejora”; apunta también que “un 38 por ciento (de las personas consultadas) lo acompaña igual”; pero, finalmente, consigna que “entre el 10 por ciento que duda (de la gestión presidencial) la puteada hace mella”.