- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
¿En qué momento surge la vocación agrarista, en términos doctrinarios, del Partido Nacional Republicano? Nace con el enunciado de “mejoramiento de nuestra campaña por medio de leyes sabias y protectoras” en su programa fundacional del 11 de setiembre de 1887, siendo el objeto preferencial de esta preocupación los empobrecidos pueblos del interior del país y su población de agricultores. Manifiesto que, luego, se extendería a las otras clases socialmente excluidas, principalmente a las masas obreras, tanto a través de sus individualidades más representativas, como de los documentos aprobados en sucesivas convenciones partidarias, y que fueron reafirmando su corpus ideológico. Y que alcanzaría su cenit en la Declaración de Principios del 23 de febrero de 1947, en su punto cuarto: “…considera que la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantiza la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clases explotadas”.
La necesidad de que el Estado tenga presencia activa en la vida económica de la nación para asegurar la evolución es proclamada por Blas Garay a finales del siglo XIX. Línea que es reafirmada por Fulgencio R. Moreno en 1902, añadiendo este último que la intervención del Estado es fundamental para liberar a los obreros y campesinos del yugo del capital, condenando “la sustitución del derecho por la fuerza” y repudiando “la preponderancia del más rico con la misma energía que la del más fuerte”. Ese mismo año, el coronel Juan Antonio Escurra, presidente de la República del Paraguay, asegura que el gobierno más patriota es aquel que mejor reparte la tierra. El doctor Antolín Irala, presidente de la Comisión Central de la Asociación Nacional Republicana entre 1916-1918 y 1918-1920 (fallece antes de concluir su segundo mandato), fue uno de los precursores de la reforma agraria con la Ley de Homestead.
Epifanio Méndez Fleitas escribe en su libro “El orden para la libertad” que el banco Agrícola, creado en 1889, concedía “préstamos protectores a un interés muy inferior a los que se estipulaba corrientemente, y con facilidades de amortización, como no ocurrió nunca en la historia de nuestro país. Proporcionaba, además, maquinarias e instrumentos agrícolas a los agricultores e industriales, bastándole que aquellos ofrezcan una garantía personal aceptada fácilmente”. En el Preámbulo de la Carta Orgánica aprobada en la Convención realizada el 25 de noviembre de 1912 se menciona la urgencia de “propiciar la enseñanza de carácter científico, comercial, industrial y agrícola”, al tiempo de “gestionar la aplicación de los principios más adelantados de la legislación agraria”. La preocupación por el problema agrario se expone nuevamente, esta vez por medio de Telémaco Silvera, en la Convención de 1914, quien exhorta a acudir en defensa de los obrajeros y peones de los yerbales, no solo como paraguayos, sino como personas preocupadas por la suerte de la humanidad. “Hoy, más que nunca –exclama Silvera– se impone analizar el problema agrario ante la miseria en que está sumido nuestro pueblo”.
Años después, en la Convención de mayo de 1921, en un Programa Básico de Acción, el Partido Nacional Republicano plantea “la expropiación de los latifundios improductivos para distribuirlos a los agricultores e industriales”, instando, además, a “proteger eficazmente a la agricultura y a las industrias nacionales”. Igualmente, reclama la “reivindicación de todas las tierras usurpadas” y la creación de “leyes para el saneamiento definitivo de los títulos de la propiedad raíz, a fin de valorizar nuevamente la tierra”. En la Convención del sector eleccionista de 1930 se puntualiza que “los parlamentarios republicanos han desplegado una política esencialmente nacionalista, proponiendo el reparto de las tierras mediante la expropiación de los grandes latifundios en bien de los agricultores”. Se destaca que el senador colorado Jorge Patiño logró que se aprobara en la cámara de origen un proyecto de su autoría: El Código Rural. En el Programa Mínimo se propone “el impuesto directo y progresivo a los latifundios e inversión de estos fondos en la pequeña propiedad agraria”, así como “la abolición de la contribución directa para la pequeña propiedad rural”. En la fundamentación, el doctor Hipólito Sánchez Quell afirma que “cuando el país tenga gobiernos realmente elegidos y vigilados por el pueblo, será el momento de pedir la expropiación de los latifundios por el precio de la tasación de la contribución directa, para venderlos en lotes menores al precio de costo, más los gastos de mensura y administración”.
Ya con el Partido Nacional Republicano reunificado, en la Convención de 1938, el joven Juan Ramón Chaves deja señales claras de la orientación agrarista de esta asociación política: “Si un individuo en el Paraguay, con las garantías enunciadas en la Constitución Nacional para su libertad para trabajar no pudiese obtener tierras para desenvolver sus actividades, en vista de que otros individuos, también con iguales garantías, tienen en sus manos la mayor parte de las tierras cultivables, es deber del Estado, por medio de sus instituciones, procurar que el individuo inhabilitado de trabajar por falta de tierra lo obtenga de manos de los otros que la tienen en abundancia y acaparada. De ahí que el derecho de propiedad no debe ser estático, sino dinámico, cumple una función social, puede ser objeto de expropiación para salvar la vida de un ciudadano. En adelante, el derecho de propiedad no debe ser un derecho individual absoluto, egoísta, sino su misión es eminentemente social, toma en cuenta la solidaridad que debe existir entre los hombres que viven en sociedad”. Fin de la cita. Queda para una nota especial la actuación de Roberto L. Petit al frente del Departamento de Tierra y Colonización, quien, al decir de don Carlos Pastore, “toma la bandera de la reforma agraria y se esfuerza en dar cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Agrario”. Es todo lo que quería decir. Por ahora. Buen provecho.