El Nobel de Economía Ronald Coase demostró que las leyes tienen costo económico, demostración que si no fuera por los intereses creados que dificultan el buen entendimiento, podría comprenderse desde el sentido común.

En nuestro país, el Código Laboral es un caso del costo económico de una legislación aprobada apenas caída la dictadura, resultado de las ideas predominantes y erróneas en el Congreso. Políticos y sindicalistas estaban ansiosos por congraciarse con sus electorados.

Y lo lograron. La legislación laboral aprobada, dijeron, es “progresista” y de justicia “social”. Había que proteger al trabajador, insistían, de la “insensibilidad empresarial”.

Sin embargo, dicha ley tuvo un alto costo desde su aplicación. Provocó injusticias, desempleo e informalidad. Se privilegió a los trabajadores sindicalizados y a los que ya tienen trabajo perjudicando a los demás; obreros, operarios, jornaleros, jóvenes en su mayoría que no consiguen trabajo en el sector formal.

Todavía más, el Código Laboral establece la estabilidad laboral a los diez años y el despido debe dirimirse en los tribunales donde los costos se elevan al punto de afectar la competitividad empresarial. Algunos empleadores y empresas de porte pueden soportar los costos de contar con un trabajador que luego de su despido será repuesto a su lugar de trabajo luego de la sentencia del juez, pero los demás empleadores y empresas con menor capacidad económica no lo hacen y terminan afectados hasta llegar a su cierre.

El resultado está en que trabajadores con 9 años de antigüedad son despedidos antes de contar con la estabilidad absoluta. Esta realidad hace que muchos trabajadores vuelvan a rehacer sus contratos o quedan relegados. El motivo, el propio Código Laboral que supuestamente se hizo para proteger al trabajador ha terminado por dañarlo.

Esta consecuencia no puede ser de otra manera. La ley laboral que tenemos se hizo bajo la idea de que el trabajador es la parte débil frente al empleador capitalista, entonces, se legisló para que las sentencias de los jueces recaigan sobre el empleador. Cualquiera sea el motivo para el despido justificado, todo termina por dirimirse en el tribunal donde el fuero laboral queda atrapado en la maraña de una legislación estatista de sesgo colectivista que daña al trabajador.

Toda esta rémora socialista que confronta al capital con el trabajo tiene un alto costo para la sociedad.

El descalabro en el mercado laboral en nuestro país es de tal magnitud que los jóvenes y los de menor preparación son empujados hacia la informalidad por el costo que implica la contratación y el despido. El Código Laboral basado en la idea de la lucha entre el capital y el trabajo conlleva a que el 80 por ciento de la economía se encuentre en la informalidad, situación por el cual solo 2 de cada 10 trabajadores cuenten con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS).

Por fortuna, días atrás el presidente Santiago Peña anunció una reforma laboral. La misma es oportuna y de justicia porque pretende modificar el régimen de estabilidad absoluta que tanto daño provoca a los mismos trabajadores.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.