- Por César Palacios
- Comunicador y estudiante de Antropología Social
- cespala@gmail.com
El reciente anuncio del Gobierno del Paraguay a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la fase final de las obras en las comunidades indígenas del Chaco marca un momento decisivo en el largo proceso de reparación y justicia para los pueblos yakye axa, xakmok kásek y sawhoyamaxa. Estas obras, en cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2005 y 2010 son mucho más que infraestructura: representan un avance tangible hacia la restitución de derechos que, durante años, fueron negados a estas comunidades.
Las sentencias de la Corte IDH subrayaron la responsabilidad del Estado en reparar las violaciones a los derechos territoriales y mejorar las condiciones de vida de sus miembros. En este contexto, la apertura de caminos, la construcción de alcantarillas y la mejora en la conectividad terrestre en estas zonas aisladas no es un logro menor. Estas obras facilitarán el acceso a servicios básicos, como educación y salud, mientras demuestran que el Estado está cumpliendo con sus compromisos internacionales.
Sin embargo, este proceso no puede limitarse a cumplir con los aspectos técnicos de las sentencias. Si bien es fundamental que se abran caminos y se construyan infraestructuras, la verdadera justicia pasa por asegurar que las comunidades indígenas del Chaco puedan disfrutar plenamente de su derecho a la tierra y a una vida digna, en condiciones que respeten su cultura y su modo de vida y es este el objetivo que encabeza el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, a través del Consejo Asesor Consultivo de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI) que está entre sus prioridades.
La visita próxima de la delegación de la Corte IDH, encabezada por el juez Rodrigo Mudrovitsch, será crucial para evaluar el verdadero impacto de estas obras. Será una oportunidad para constatar el cumplimiento de las órdenes judiciales y para escuchar las voces de las comunidades, que son quienes deben ser las beneficiarias reales de este proceso.
El caso de estas comunidades indígenas refleja una realidad más amplia en Paraguay y en América Latina: la histórica deuda que los Estados tienen con los pueblos originarios. La restitución de tierras y la mejora en las condiciones de vida son pasos importantes, pero no deben ser el final del camino. Las políticas públicas deben estar orientadas hacia la inclusión plena de las comunidades indígenas en los procesos de desarrollo, respetando su autonomía y asegurando que puedan ejercer sus derechos sin interferencias.
A medida que estas obras entran en su fase final, el Gobierno paraguayo tiene la oportunidad de demostrar que está comprometido con el cumplimiento las sentencias de la Corte y de construir un país más justo y equitativo, donde los derechos de las comunidades indígenas no sean vistos como concesiones, sino como derechos fundamentales. El verdadero éxito de este proceso se medirá no solo por la cantidad de kilómetros de caminos abiertos, sino por el nivel de respeto y dignidad que finalmente puedan experimentar las comunidades yakye axa, xakmok kásek y sawhoyamaxa.