• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en la Argentina
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El presidente Javier Milei regresó en las últimas horas a la Argentina. Con su regreso a casa finalizó el séptimo viaje al exterior que, además, tuvo como dato relevante su presencia en El Salvador donde participó del inicio del segundo mandato del presidente Nayib Bukele y, a la vez, fue el primero de los países latinoamericanos que visitó.

Vale destacar que cuatro de esos desplazamientos externos del mandatario fueron a los Estados Unidos donde, en esta oportunidad desplegó sus actividades en Silicon Valley donde conversó con Tim Cooke, de Apple; Marc Zuckerberg, de Meta; y Sundai Pichai, de OpenAI, en un intento más para atraer inversiones hacia un reiteradamente enunciado “polo tecnológico” local soñado también por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que aún no emerge del terreno de lo onírico.

Sin embargo, esas rondas de negocios –que en dos oportunidades anteriores incluyeron a Elon Musk, de Tesla– contrasta marcadamente con la situación interna argentina, que es observada con mucha atención no solo por los inversores globales, sino también por el gobierno norteamericano del presidente Joe Biden y por los más visibles organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese contexto tanto desde la Casa Blanca como desde la conducción del FMI, si bien destacan en cuanta oportunidad pueden hacerlo la rapidez con la que el programa del ministro de Economía Luis Caputo opera positivamente sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en diciembre pasado se ubicó en el 25,5 % y en mayo en torno del 5 %, no dejan de advertir sobre los efectos sociales negativos del ajuste que se desarrolla.

De hecho, el embajador de los Estados Unidos en este país, Marc Stanley, a bordo del portaaviones George Washington que se encuentra en operaciones en la ZEE (Zona Económica Exclusiva) argentina, dijo a la colega periodista Camila Dolabjian, para referirse al ajuste que “nos importa profundamente que haya una red de seguridad social para los que están afectados por la disparidad en la economía”. Y destacó que es necesario “mientras transitan (ese período) asegurarnos que los que están afectados por la inflación y por la moneda tengan acceso a alimentos”.

El diplomático aseguró además que “es muy importante para los EE. UU.” la situación social en este país que se agrava con el ajuste y admitió que si bien “es un problema doméstico (...) todo lo que estamos diciendo (al gobierno) es que por favor presten atención y que tengan cuidado”. Semanas atrás, desde el FMI realizaron la misma advertencia.

Claramente, los esfuerzos presidenciales en el exterior muy probablemente no tendrán plena aceptación si no emergen desde la política doméstica correlatos con esas ofertas para que inviertan aquí.

Los inversores rechazan tanto lo imprevisible como las dificultades que puedan emerger por falta de gobernanza. Esta semana, el señor Milei habrá de cumplir un semestre en la gestión de gobierno sin conseguir que el Parlamento apruebe ninguno de sus proyectos. Se suma a ello las dos huelgas generales que en ese mismo lapso de tiempo realizó la Confederación General del Trabajo (CGT) para rechazar “la política económica contra los trabajadores”.

En simultáneo, horas antes de que el presidente abordara el avión presidencial ARG 1, despidió al jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Pose, y designó en su reemplazo al ministro del Interior, Guillermo Francos, y coincidentes versiones aseguran que “habrá más cambios”.

Para explicar lo sucedido, el señor Francos dijo que su designación se funda en que “el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado. No la entiende. Tiene diferencias. Yo tengo una posibilidad mayor de dialogar”. Su palabra sonó fuerte. En verdad tuvo el impacto de una imprudente revelación. ¿El máximo funcionario político de la nación no entiende la política? Desde las cercanías del jefe de Estado –con formato de trascendido– no se demoró una réplica que enmendó a Francos: “El presidente no entiende por qué el sistema (político) conspira contra el desarrollo y bienestar del país”. Claramente, es una expresión bien diferente de la que hizo pública Guillermo Francos, flamante jefe de Gabinete.

Tal vez sea así. Nadie confirma, aunque sí niegan trascendidos. Curioso, por cierto. Al parecer, según quienes dicen desde el anonimato ser allegados del jefe de Estado, el señor Milei ha decidido dar una batalla cultural para reformar o, al menos modificar ciertas prácticas enquistadas en las que parecen ser, en su análisis, las convicciones de la sociedad argentina.

Mientras, el programa económico aporta datos relevantes que el señor Milei despliega ante quien quiera verlo y/o escucharlo. Se mantiene el superávit fiscal y la inflación baja sustancialmente. Pero, con esos datos a la vista, vale recordar que el consumo –incluidos los alimentos– cae porque crece una fuerte dificultad, imposibilidad en no pocos casos, de amplios sectores de la sociedad que no puede comprar aún con descenso de precios bajos. La recesión minimiza el éxito del descenso de los precios al consumidor. La batalla contra la casta dificulta cualquier acuerdo con las oposiciones. Proponer, debatir, conceder (ceder con), acordar son las prácticas por excelencia de la política en un Estado democrático de derecho. “No entender”, como reveló el ministro Francos que le sucede al señor Milei es un fuerte escollo para avanzar con sus programas de gobierno.

Una de las más recientes emergencias a la hora de analizar el devenir de la política es la deportivización de sus resultados. Ganó Fulano, perdió Mengano. No suele suceder en los análisis del periodismo profesional. Sin embargo, es común las redes. No es bueno ni es malo. Tal vez, además de impreciso, sea escaso resumir la política y relatarla con ese sentido.

La semana que pasó la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley del presidente Javier Milei para introducir reformas sustanciales en la organización del Estado argentino. No obstante, la discusión no cerró el debate. Desde mañana, la Cámara Baja –en el recinto, en el pleno– continuará con el análisis de las pretensiones y necesidades del jefe de Estado. Los legisladores revisarán cada artículo. No será sencillo para nadie y ninguna de las partes involucradas e interesadas en el debate.

¿Hasta dónde estará dispuesto a retroceder Javier Milei? ¿Cómo saber cuáles serán sus límites? Lo actuado hasta el viernes que pasó revela que el partido de gobierno –La Libertad Avanza (LLA)– sin ningún gobernador, con 7 senadores, 38 diputados y unos pocos, muy pocos intendentes en todo el país, lo que es decir sin suficiente respaldo político ni territorial, quiera o no, tuvo, tiene y tendrá que rever algunas de sus intenciones. De 664 artículos que contenía el proyecto del Poder Ejecutivo, 299 quedaron en el camino por decisión del señor Milei que procura la aprobación de la iniciativa. Como debe ser, aunque parezca exagerado o increíble, el mandatario conduce esta operación política inicial de su gobierno personalmente, aunque –hay que decirlo– hasta el momento en los dos meses que corren desde que asumiera la responsabilidad de gobernar el pasado 10 de diciembre no lo consigue y su gestión aún no parece haber comenzado. Carece de las herramientas jurídicas para hacerlo y las que eventualmente el Parlamento acepte concederle en orden a su demanda –de alcanzarla– serán acotadas.

De hecho y hasta el día de hoy, por expresarlo de alguna manera comprensible, de aquella afiladísima y ruidosa motosierra con la que Milei hizo campaña con la promesa de desguazar el Estado para ir contra “la casta” de la que forma parte, aunque no lo acepte y haya quienes lo imaginen así, queda muy poco o parece que aquella herramienta está bien guardada. Los diputados en pleno ejercicio de sus mandatos en el Congreso Nacional lo persuadieron para que dejara atrás las prácticas de campaña electoral –cargadas de violencia dialéctica, simbólica y gestual– y al parecer optara por la construcción de consensos y la gestión de los disensos.

El presidente Javier Milei sabe que aún no alcanza su objeto del deseo. Del desguazado proyecto de ley que aún se analiza en la Cámara de Diputados, están pendientes todavía tres intenciones de alto valor político y jurídico. Para que quede claro. 1) El jefe de Estado quiere que el Parlamento delegue en el Poder Ejecutivo algunas de sus facultades constitucionales. 2) También procura privatizar 27 empresas estatales, aunque es relevante señalar que en el inicio de su presidencia la idea era vender 41 de ellas y, en el proyecto enviado al Congreso, el listado era de 36. 3) Modificar múltiples normas (cerca de 70 mil) para desregular la actividad económica en este país. 4) Que el Congreso deje de controlar la deuda pública. Esas iniciativas políticas centrales para el gobierno de LLA son las que se encuentran entre los artículos que uno a uno se debatirán desde mañana y generan rispideces. Para ninguna de las partes involucradas nada se ha resuelto con la aprobación en general de la iniciativa. Mucho queda por discutir. Pese a ello y mientras los intercambios de pareceres parlamentarios sucedan, el presidente Milei hoy partirá en viaje oficial. Visitará Italia, el Vaticano e Israel. Se reunirá con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana; con el papa Francisco y con Benjamín Netanyahu, líder israelí. Lo acompañarán desde el inicio de la gira la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Horas más tarde –según lo que trascendió– se agregarán los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Capital Humano, Sandra Petovello. El 12 de febrero concluirá la agenda externa presidencial. El martes 13 el mandatario prevé estar de regreso en el país.

Desde ese momento –con el formato y la redacción con que hayan concluido los debates en la Cámara de Diputados, si fuera que esa etapa se superó– se iniciará el tratamiento del proyecto de ley en el Senado de la Nación. Todo indica o permite suponer –por una cuestión de números– que la disputa en la Cámara Alta será ardua. Mientras, el gobierno del presidente Milei continuará sin la herramienta jurídica que considera necesaria para gobernar la Argentina.

En la tercera semana de enero del 2023, el conflicto interno entre los líderes de poca densidad que conducen las tres patas sobre las que se apoya en la Argentina el oficialista Frente de Todos (FDT), escala en los niveles de gravedad y, desde algún lugar, será para recordar. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, encapsulados cada uno de ellos y ella en sus ecosistemas que pueden ser mensurados en nanómetros, parecen no advertir que “lo más positivo que producen de cara a la sociedad y al bien común lo hacen cuando duermen”, dijo a este corresponsal con la condición de que su identidad no fuera revelada, un dirigente peronista de larga militancia desde sus años jóvenes, aún activo aunque sin encolumnarse “con ninguno de los dislates que vemos y enuncian”.

Consultado con mucha frecuencia por todos los sectores por ex presidentes, empresarios, dirigentes políticos de todo color, sindicalistas y altos prelados eclesiales, no duda en sostener que “el gobierno está parado, la economía no se recupera más que hasta los niveles previos a cuarentena por la pandemia, la pobreza avanza, la inflación devora los magros salarios, la inseguridad jurídica se extiende, la corrupción estructural crece, las inversiones extranjeras se demoran, los inversores dudan, la política exterior es errática o, como dice el estudioso compañero Lohlé (Juan Pablo), ‘a la bartola’ y, por si algo faltara, dentro de 265 días, el 22 de octubre, habrá elecciones presidenciales que -si no hacen nada para cambiar y, por lo menos, mejorar algo- el peronismo corre el alto riesgo de ser derrotado como en 1983, 1999 y 2015, aunque creo que no está todo perdido”.

Tres sucesos marcaron los días más recientes. Todos en el marco externo, pero con innegables repercusiones internas. El primero de ellos se verificó en el momento que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en el transcurso del EPU (Examen Periódico Universal) ante el pleno del Consejo para los DDHH de las Naciones Unidas, oficialmente, denunció que jueces, dirigentes opositores y medios de comunicación sostienen una persecución política contra la vicepresidenta Cristina F. para proscribirla. La primera información oficial que desde ese organismo multilateral se emitió a través de la cuenta @UN_HRC en Twitter, reporta que “En #UPR42, los Estados recomendaron que #Argentina asegure la plena independencia del poder judicial y de @FiscalesGobAr, mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”. En ese contexto, el viernes último el gobierno argentino consideró que lo realizado ante el Consejo fue “exitoso” y destacó que 4 de 287 países hicieron recomendaciones alineadas con las denuncias de Pietragalla. “La cuestión de la independencia judicial, reconocida por Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania”. Respecto de la recomendación realizada por Alemania sobre la “independencia del poder judicial y de fiscales” -de la que se da cuenta más arriba- considera que “contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, (ese país) resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados del 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”. Esas situaciones antidemocráticas que destacó Alemania, según la información gubernamental argentina, hace foco sobre la administración 2015-2019 del presidente Mauricio Macri. Observadores de las actividades del Consejo para los Derechos Humanos en Ginebra destacan que Argentina sorprendió porque, en general, es la sociedad civil la que denuncia a los Estados y no que lo haga un gobierno contra su propio país. El académico Lohlé con 18 años de experiencia en la diplomacia argentina con los presidentes Carlos Menem (1989-1999), Néstor Kirchner (2003-2008) y Cristina Fernández (2008-2015) fue crítico de la denuncia realizada por el secretario Pietragalla. “Solo es posible usar al Consejo de la ONU de derechos humanos para el ‘partido de la impunidad’ cuando se confunde el enriquecimiento ilícito como lawfare”, sostuvo desde su cuenta @jplohle en Twitter.

El segundo de esos hechos, la Cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se desarrolló en Buenos Aires, dejó a la vista de todas y todos quienes participaron de ella las diferencias profundas y relacionales que existen entre el presidente Alberto F. y su vicepresidenta Cristina F. En ninguna de las actividades oficiales se mostraron juntos. Incluso, algunos mandatarios, como el colombiano Gustavo Petro o la hondureña Xiaomara Castro, para ver y escuchar a Cristina que no consiguió una bilateral con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que solo se reunió con Alberto, tuvieron que hacerlo en las oficinas del Parlamento. Alberto, por su parte, recibió a todos y todas como presidente temporal de la Celac, las y los despidió como ex mandatario comunitario porque el martillo de madera se lo llevó de regreso a su país el caribeño premier de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalvez, impulsado para el cargo por México, Cuba y Venezuela que consiguieron el apoyo del resto.

El tercero de los sucesos de relevante impacto local fue cuando se supo aquí que el papa Francisco, en el transcurso de una entrevista que concedió a la agencia de noticias estadounidense Associated Press, después de hablar sobre China, Latinoamérica, las mujeres, las guerras, sus viajes, habló sobre Argentina y, después de advertir que “no” hace política, dijo: “Leo los datos. Tienen un nivel de inflación impresionante. En el año 55, el nivel de pobreza de Argentina era el 5%. Hoy está en el 52, creo. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”. El presidente Alberto F., sostiene que “Francisco tiene razón” y luego destacó que el pontífice “habla de la Argentina después de que cayó Juan Domingo Perón” y, desde aquel golpe de Estado “salvo los gobiernos de Duhalde, Néstor, Cristina y el nuestro, todos los demás, aplicaron recetas liberales que generaron pobreza y marginación”. Inesperada opinión papal que podría ser caracterizada como una intromisión vaticana en asuntos internos argentinos. Más aún, aunque con mediación periodística, el intercambio no es menor porque se produjo entre dos jefes de Estado. Alberto F. de la Argentina, una república democrática latinoamericana elegido por el voto popular; y, Francisco, soberano del Vaticano, una monarquía teocrática europea elegido por el Colegio de Cardenales con intercesión del Espíritu Santo que, además, es argentino. Pero, de esto, nadie habla.

Hoy faltan 321 días en la Argentina hasta el 10 de diciembre venidero, fecha en que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández terminarán sus mandatos, como lo establece la constitución nacional. Ambos dos, sin embargo, podrán presentarse para una reelección que los habilitaría para otro período de cuatro años. Pero, para ello deberían ocurrir, por lo menos, dos cosas: 1) que decidieran hacerlo, ya que Alberto F. y Cristina F. no tienen ningún legal impedimento; y, 2) que así lo desearan. Si así fuera, las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) -con las que la ciudadanía elegirá quiénes serán las y los candidatos que podrán presentarse ante el pueblo- se realizarán el domingo 13 de agosto.

Dentro de 202 días. En ese contexto, los días 8 y 15 de octubre, las y los postulantes para la Presidencia deberán participar de sendos debates televisivos en que harán conocer sus proyectos de gobierno para que el 22 de octubre de este año las y los ciudadanos decidan quiénes sucederán a Alberto y a Cristina. Faltan 272 días. Si nadie de quienes postulen alcanza más del 50% de las voluntades electorales o más del 40% con una ventaja de más del 10% de quien se ubique en segundo lugar, el balotaje -segunda vuelta o segundo turno- será el domingo 19 de noviembre. Faltan 300 días. Si nada cambia, este cronograma extraoficial que se hizo público en la semana que pasó, la Cámara Nacional Electoral (CNE) lo confirmará para oficializarlo no más allá del 23 de marzo próximo. Los almanaques suelen ser impiadosos.

Mientras, la política al igual que la economía se tensionan más y más y los resultados de esas tensiones desgastan la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto y la gestión de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Como cada enero en el hemisferio sur, en la Argentina, las vacaciones llegan a su fin. Las y los actores públicos vuelven a lo de ellos y ellas que es, por sus decisiones, lo de todos y todas.

Alberto F., con la Fabiola, su compañera y Francisco, el pequeño hijo de ambos, por unos pocos días descansó en la residencia de los presidentes en Chapadmalal -unos 26 km al sur de Mar del Plata- casi sin actividad. Sin embargo, luego una sola salida social, para cenar en familia y un par de amistades en el restaurante Casa Pampa, propiedad del publicitario Roberto Fiocca, en cuyo local con amable paciencia se fotografió con el propietario y el personal de ese centro gastronómico de moda con alta cocina, fue suficiente para que en la mañana del día después inspectores de la seguridad social (Anses) y de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (Afip) auditaran a fondo ese comercio para verificar si se encuentra a derecho. Los resultados de esas inspecciones se desconocen. Todos las y los involucrados en esas fiscalizaciones negaron que los operativos fueran resultado de la cena presidencial. Sin embargo, portavoces gubernamentales, con reserva de sus identidades, recordaron a este corresponsal que “la Anses y la Afip son áreas a cargo de funcionarios y funcionarias que no responden a Alberto”. El impacto en tierras marplatenses fue alto y tuvo efectos inesperados. A tal punto, que una fiesta ampliamente publicitada que se planificaba desde muchas semanas para realizar en el mismo lugar donde se concretó la cena presidencial para cerca de la medianoche del pasado sábado 21, fue suspendida.

El oficialista Frente de Todos (FDT), como se recordará, se apoya sobre tres patas bien diferentes: Alberto F.; Cristina F. y el diputado Máximo Kirchner; y, el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Hay relación fluida entre ellos? No es sencillo saberlo.

Cristina F. regresó desde la patagónica localidad de El Calafate -su “lugar en el mundo”, como alguna vez lo revelara públicamente- en la provincia de Santa Cruz, donde gobierna su cuñada Alicia Kirchner. De su vuelta se supo porque, a través de su cuenta en la red Twitter, @CFKArgentina, retomó sus temas desde muchos años, como mirada muy crítica. Volvió hacer foco sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las oposiciones, los medios hegemónicos. Siempre más de lo mismo. Como siempre, desde siempre. Dicen quienes dicen estar en las cercanías de la vicemandataria que, “aunque no lo mencione taxativamente por respeto a su investidura, Alberto F. debería saber que las críticas de Cristina lo involucran por acción u omisión”. ¿Será así? Con mucho menos circulación de mensajes en las redes que la vicepresidenta, el diputado Kirchner, también orada a la gestión presidencial en múltiples reuniones partidaria que organiza La Cámpora, la línea interna que lidera desde su juventud, y que desde muchos meses no acompaña a Alberto F. en los actos públicos que el presidente lidera. El ministro Massa, cuando nadie lo ve, es otro de sus blancos políticos internos.

A este panorama complejo, en la semana que corre, las tensiones serán más vigorosas porque desde mañana sesionará en Buenos Aires la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por lo que arribarán aquí, entre otros, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el de Nicaragua, Daniel Ortega; el de Bolivia, Luis Arce; el ex mandatario de ese país, Evo Morales Ayma; y, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La presencia de Maduro, Díaz-Canel y Ortega, sobre todos, genera mucho ruido en ecosistema político local con proyección internacional. La grieta entre democracia y antidemocracia está en carne viva. Por si algo faltara, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; de China, Xi Jinping; y, de México, Manuel Andrés López Obrador, invitados muy especialmente por Alberto F., presidente temporal de la Celac, no concurrirán. La vicepresidenta Cristina F., en ese contexto, claramente, ocupará todos los espacios.