- Por Jorge Torres Romero
- Comentarista
En los últimos días se intensificó el debate en torno al negocio de la criptominería en el Paraguay sobre todo después de la decisión asumida por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) de aumentar los precios de la energía para las industrias electrointensivas, incluyendo las criptomineras legales instaladas en el país. El argumento fue que la tarifa recientemente acordada con Brasil en Itaipú había aumentado, lo que resultó en un incremento de costos para la estatal.
Días pasados, el presidente de la República, Santiago Peña, defendió esta medida, afirmando que solo disminuiría el margen de beneficios de algunas empresas y de alguna manera minimizó el impacto económico que supone el incremento tarifario a dicho sector.
Es sabido que Paraguay, incluso con el reciente ajuste tarifario en Itaipú, sigue teniendo los precios más bajos de la región en materia de energía eléctrica y, además, cuenta con una abundante producción de energía limpia y renovable gracias a las hidroeléctricas Acaray, Itaipú y Yacyretá, lo que le permite a su vez disponer de excedentes, que actualmente benefician sobre todo a los países vecinos y socios en los emprendimientos binacionales; es decir, Brasil y Argentina, respectivamente.
La propuesta de los criptomineros es que, en lugar de ceder esta energía a precios bajos, se pueda utilizar para atraer más inversiones en el sector con precios competitivos, lo que puede generar empleos y estimular la economía local.
Sin embargo, esta actividad también plantea desafíos, como el uso intensivo de energía por parte de las criptomineras y la necesidad de garantizar que la venta de energía no afecte negativamente a los usuarios locales. Por lo tanto, es importante equilibrar los beneficios económicos con las consideraciones sociales y ambientales que esto supone.
Es comprensible la posición de las empresas, pero el papel del Estado, a través de la Ande, es garantizar la calidad del servicio para la mayoría de la población. Por eso, también es saludable la promulgación de la Ley 7300, que modifica el artículo 173 del Código Penal e impone penas más severas para quienes se dediquen a la sustracción ilegal de energía eléctrica.
Lo importante acá es conciliar los intereses de todos los sectores y crear las condiciones para atraer más inversiones estratégicas que no solo puedan impulsar el desarrollo económico, sino que también puedan crear más oportunidades de empleo y fortalecer la industria nacional. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.