• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

El proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que fue recientemente aprobada por la Cámara de Senadores y deberá ser analizada por diputados, ha generado todo tipo de controversias y comentarios en la opinión pública; pero, como era de esperarse, la parte afectada, en este caso los organismos no gubernamentales, son los que pegaron el grito al cielo.

La mayoría de las objeciones que se escucharon de este sector tiene que ver con la negativa de estas organizaciones y asociaciones a someterse al control y el escrutinio público. El argumento esgrimido por la mayoría de sus representantes es que se trata de un proyecto de “ley garrote” y “autoritario”, entre otros adjetivos utilizados para descalificarlo.

Lo concreto es que, del fondo de la cuestión, muy poco se han referido y es lo que deberían explicar a la ciudadanía, puesto que la intención de este proyecto nunca fue la limitación de estas entidades sin fines de lucro, sino por el contrario, solo busca responder a un reclamo genuino que hace tiempo tiene la ciudadanía.

Como bien lo dijo el presidente de la República, Santiago Peña, cuando fue consultado al respecto, muchas veces estas organizaciones son utilizadas también para lavado de dinero, por lo que requieren una diligencia ampliada y refirió que muchas veces las instituciones bancarias tienden a no abrir cuentas a las oenegés por la falta de transparencia en el origen de sus fondos. Lo irónico es que muchas de estas organizaciones son las que precisamente se embanderan con la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Y por casa cómo andamos?

El universo de control –según el proyecto aprobado por el Senado– incluye a los que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional y que se destinen a prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades, entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público y universidades públicas.

Está claro que hace referencia y afecta exclusivamente a aquellas organizaciones y entidades que tienen algún tipo de participación e incidencia en las políticas públicas, que es donde precisamente estos sectores intentan instalar las agendas foráneas que son bien conocidas y que, en muchos casos, atentan contra pilares de nuestra sociedad. Solo basta leer los comunicados de Amnistía y la ONU, entre otros, que son precisamente las agencias que más insisten con sus agendas globalistas proaborto y proyectos basados en la ideología de género para nuestro país. Es por eso por lo que no pueden permitirse “cláusulas de confidencialidad” ya que, si quieren tener incidencia en las políticas públicas, la ciudadanía está en su derecho de saber a quiénes responden.

Como reza el proverbio: quien nada debe, nada teme. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.