• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
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El presidente Javier Milei consiguió –después del primer minuto del 9 de julio, Día de la Independencia en este país, pasada la medianoche– junto con 18 gobernadores sobre un total de 24 firmar lo que su gobierno ha dado en promocionar como el Pacto de Mayo, que se rubricó finalmente seis semanas y media después del 25 de ese mes como inicialmente lo imaginó el mandatario. No hubo gritos ni destratos. Y, como resultado de gestión política pasados 7 meses desde que asumió la responsabilidad de gobernar, exhibe ante quien quiera verlo, haber alcanzado el objetivo de bajar la inflación desde el 25,5 % en diciembre de 2023 hasta el 4,4 % en la más reciente medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se haya hecho pública oficialmente. No es poco.

Desde la perspectiva de lo simbólico esa foto debería ser suficiente para que –especialmente en el exterior– se consolide la idea de que la mirada estratégica del jefe de Estado tiene soporte transversal. Que las diferentes partes que constituyen el ecosistema político argentino comparten en todo o parcialmente sus políticas y, en consecuencia, lo acompañan.

Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, en la que se asienta aproximadamente el 39 % del total del padrón electoral, junto con La Pampa, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, no acompañaron al mandatario porque quienes allí gobiernan –Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gildo Isfrán y Gustavo Melella, respectivamente, donde reside el 43 % de los sufragantes nacionales– no comparten su ideario y se oponen a sus políticas.

De los expresidentes invitados, solo Mauricio Macri (2015-2019) estuvo en Tucumán. No asistieron María Estela Martínez de Perón (1974-1976), Eduardo Duhalde (2002-2003), Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015) ni Alberto Fernández (2019-2023). Tampoco concurrió ninguno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia hasta donde habrá de llegar algunas de las políticas públicas que intente el señor Milei y quienes las rechacen decidan judicializarlas.

El Pacto de Mayo ya mencionado contiene una decena de puntos llamativos porque, además de no ser novedosos y estar contenidos en varias leyes y hasta en la mismísima Constitución Nacional, no parecen ser más que un vademécum de trascendentes y destacables buenas intenciones.

De hecho, en el primero de esos puntos, el acta rubricada impulsa “la inviolabilidad de la propiedad privada” que como instituto la Carta Magna consagra desde 1853 y así se mantiene incluso con las reformas de los años 1860 y 1994 introducidas en el texto fundamental de la nación.

Algo similar sucede con el punto cuarto del documento que compromete a “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”, instituida desde siempre como derecho y obligación en las leyes argentinas, aunque llama la atención que no hace referencia alguna a que debe ser gratuita y laica.

“La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias” –sexto punto del pacto– consiste en una propuesta sorprendente por las adjetivaciones con las que se pretende fundamentarla al tiempo que es una reiteración de un mandato pendiente desde la reforma constitucional de 1994 –por tanto prevista en la ley– pero que, para concretarla, exige que todos los gobernadores (24) acuerden en el texto del proyecto que para alcanzar ese objetivo y entrar en vigencia debe ser aprobado por el Parlamento.

Sin la presencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) –única central obrera reconocida plenamente por las leyes argentinas– ni de sindicatos sectoriales, el octavo compromiso impulsa “una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”, en tanto que en el punto siguiente se aboga por realizar “una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”.

“Equilibrio fiscal innegociable”; “reducción del gasto público a niveles históricos en torno del 25 % del producto bruto interno (PBI)”; “reforma tributaria que reduzca la presión impositiva”; “compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”; y, “apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”, son los restantes puntos acordados.

El pacto que tanto anheló el presidente Milei parece haber llegado en el momento preciso. Para las principales consultoras de opinión pública que operan en este país el mandatario conserva aún altos niveles de aprobación que se ubica en torno del 51 %. Sin embargo, cuando verifican la evolución de los datos que recogen, algunos indicadores comienzan a moverse negativamente también en las mediciones sociales.

En la economía la actividad productiva no mejora. Un dato relevante, en ese sentido, es que el despacho de cemento –insumo sustancial en el sector de la construcción que multiplica exponencialmente la creación de puestos de trabajo– en los últimos 12 meses se contrajo casi 33 % y en junio último respecto de mayo pasado, 7,5 %.

¿Correlato entre los magros resultados económicos y el sentir social? Hasta abril pasado los “muy ilusionados” o “bastante ilusionados” de que lleguen los cambios prometidos en campaña por el señor Milei se ubicaba en torno del 49 %. En el pasado junio, el dato de los “nada” o “poco ilusionados” se posicionan cerca del 54 %. Los que creen que dentro de 12 meses la economía estará mejor, desde cerca del 54 % antes del fin de mayo cayeron hasta el 45 % un mes después.

Los que creen que “la economía estará peor”, desde aproximadamente el 35 % crecieron hasta ubicarse por encima del 41 %. Cuando se invita a los consultados a comparar el presente económico con el que tenían un año atrás, casi el 57 % dicen que estaban “mejor” y, poco más de 32 % teme al “desempleo”.

En el más reciente trabajo de la consultora Opinaia que ha trascendido, puntualiza que desde diciembre de 2023 es la primera compulsa que arroja como “principal preocupación” a la pobreza. Incluso por encima de la inflación, seguida de cerca por “el desempleo”. Al parecer, Isonomía verifica la misma percepción social.

Lo que más debiera preocupar a quienes gobiernan y compran encuestas para saber cómo van es que –en general– los analistas comienzan a ver que la sociedad empieza a señalar a Javier Milei como “responsable de la gestión económica” y de la desmejora social que se extiende porque entienden que deviene de ella.

Tal vez por ello –para contener– el Gobierno estima y reporta formalmente que en 2025 la inflación anualizada será del 140 %, que el valor del dólar estará en torno de los $ 1.000 por unidad y que caerá la sobretasa crediticia (el riesgo país) que por estos días se encuentra en unos 1.400 puntos básicos, pero para que se mueva el sistema económico y productivo a partir del crédito en los mercados voluntarios debería caer hasta posicionarse en torno de los 700 puntos.

¿Qué podrá cambiar con el Pacto de Mayo que se firmó en julio? Habrá que esperar.