Las personas con discapacidad son aquellas que presentan condiciones físicas, cognitivas, sensoriales o psicosociales que, al interactuar con barreras del entorno y actitudes sociales, enfrentan dificultades para participar plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

Su discapacidad no está determinada únicamente por sus características individuales, sino por la relación con un entorno que puede generar o eliminar barreras para su inclusión.

Así lo señalan desde la Fundación Juntos por la Inclusión y agregan un dato revelador, según la Organización Mundial de la Salud, más del 15 % de la población mundial vive con una discapacidad.

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Dicho esto, detalla 4 tips clave para una interacción respetuosa e inclusiva con personas con discapacidad.

• Dirígete directamente a la persona, no a su acompañante o intérprete.
• Pregunta antes de ayudar, no asumas que necesita asistencia.
• Utiliza lenguaje claro y sencillo si es necesario.
• Respeta los modos de comunicación alternativos, como lengua de señas o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC).
• Habla a la altura de la persona si usa silla de ruedas, evitando inclinarte o apoyarte en la silla.

• Evita términos como “pobrecito/a” o “héroe”, ya que refuerzan estigmas.
• No uses eufemismos como “capacidades diferentes” o “especiales”

• Si organizas una actividad, asegúrate de que el espacio sea accesible (rampas, baños adaptados, señalización en braille, etc.).
• Proporciona materiales accesibles, como subtítulos, textos alternativos, audiodescripciones o textos en lectura fácil.

• No infantilices ni subestimes a la persona por su discapacidad.
• Respeta sus tiempos para hablar, moverse o expresarse.
• No hagas suposiciones sobre sus habilidades o limitaciones. Si la persona requiere apoyo en la toma de decisiones, sigue su guía sobre cómo prefiere recibir asistencia.

Estos tips se desprenden de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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• Naciones Unidas, Estados Unidos. AFP.

La polarización política, las nuevas tecnologías, los conflictos o la emergencia climática amenazan los derechos de las mujeres, que han sufrido un retroceso en uno de cada cuatro países en 2024, alertó este jueves un informe de la organización ONU Mujeres.

“El debilitamiento de las instituciones democráticas ha ido de la mano de una reacción violenta contra la igualdad de género”, advierten los autores del informe “Los derechos de las mujeres bajo examen, 30 años después de Pekín”. El documento analiza los avances desde el lanzamiento de la Plataforma de Acción en esa ciudad en 1995 y que fue adoptada por 189 países.

Los agentes contrarios a los derechos de género “están socavando activamente el consenso que existe desde hace tiempo sobre cuestiones clave”. “Cuando no pueden hacer retroceder del todo los avances jurídicos y políticos, tratan de bloquear o ralentizar su aplicación”, indica el informe publicado en vísperas del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo.

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“Casi una cuarta parte de los países informaron de que la reacción violenta contra la igualdad de género está obstaculizando la aplicación” de los acuerdos de Pekín. El informe advierte que “la polarización política agudiza cada vez más el riesgo y la realidad de una reacción violenta de género”. A ello se suman los conflictos y crisis, que se han profundizado desde la pandemia de covid-19 que estalló en 2020, la emergencia climática y las nuevas tecnologías digitales, en particular la inteligencia artificial.

“Los derechos de las mujeres y niñas se enfrentan a un escenario sin precedentes de amenazas cada vez mayores en todo el mundo, desde niveles más altos de discriminación hasta protecciones jurídicas más débiles y un menor financiamiento para los programas e instituciones que apoyan y protegen a las mujeres”, dice la organización de la ONU. “Las mujeres y niñas están exigiendo un cambio, y no merecen menos”, recordó la directora de ONU Mujeres, Sima Bahous.

El 63 % de las mujeres entre 25 y 54 años tiene un trabajo remunerado, frente al 92 % de los hombres. Más de 772 millones de mujeres trabajan en la economía informal, carecen de protección social y sus empleos son los que más peligran en caso de crisis. Desde 2022, los casos de violencia sexual ligada a los conflictos han aumentado un 50 %, y el 95 % de las víctimas son mujeres y niñas. 612 millones vivían en 2023 a menos de 50 km de alguno de los 170 conflictos armados que se registraban en el planeta, un 54 % más que en 2010.

Cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o alguien de su familia, y una de cada tres sufre violencia física y sexual tanto en el hogar como fuera. El documento releva que en estos años se logró la paridad en la educación de las niñas, se redujo la mortalidad materna en una tercera parte, la representación de las mujeres en los parlamentos aumentó más del doble y muchos países abolieron leyes discriminatorias.

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Sin embargo, las mujeres tienen todavía el 64 % de los derechos que los hombres disfrutan. Y ello pese a que “cuando se defienden plenamente los derechos de las mujeres en los países donde viven, las familias, comunidades y economías prosperan”, dice el informe que incluye también el nuevo Programa de Acción Pekín+30, una ambiciosa hoja de ruta con seis iniciativas para completar las asignaturas pendientes.

Entre ellas, garantizar la igualdad de acceso a la tecnología, erradicar la pobreza y la violencia, decidir en pie de igualdad, así como la paz y la seguridad y la justicia climática. “Podemos ser la primera generación que viva en un mundo igualitario”, afirman los autores.

El presidente de la Cámara de Diputados Basilio “Bachi” Núñez aseguró que, desde el Partido Colorado, ni del movimiento Honor Colorado no van a propiciar algún proyecto de Ley que restrinja la labor de los periodistas. Recordó la lucha por la libertad de expresión y prensa y aseguró que este es un legado de la democracia que se debe mantener.

De esta forma respondió a los cuestionamientos que se están realizando al pedido de informes que ha solicitado la Comisión Permanente del Congreso a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), respecto al sobrevuelo de dron sobre la residencia del presidente Santiago Peña en San Bernardino.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara Alta, el legislador explicó que no está muy bien enterado sobre de cómo fue debatido y aprobado el pedido de informe; no obstante, señaló que es de la opinión de que la zona donde reside el presidente de la República debería contar con cierta seguridad. Explicó que de no tomar las medidas, personas particulares mal intencionadas podrían sobrevolar la zona donde reside el jefe de Estado y su familia.

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“Ya estuve mirando legislación comparada y en el caso de los jefes de Estado, o en el caso de parlamentarios, ministros de la Corte, creo que se tiende a tener la cautela respectiva. y en su momento, debatir si conviene o no legislar al respecto, como en otros países. Por el momento, no quisiera ahondar en el tema porque desconozco la parte jurídica de lo que pasó, lo mismo de lo que le compete al Regimiento Escolta Presidencial”, expresó.

Remarcó que como legislador está totalmente de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de trabajo de la prensa y que los medios comuniquen. Así también, la clase política debe tener la posibilidad de poder rebatir aquellas informaciones que no se ajusten a la verdad. Recordó que en la actualidad existen otros medios para dar a conocer la postura personal, como las redes sociales, que se pueden utilizar para expresar igualmente lo que se considere pertinente, aseguró.

Aclaró que las declaraciones que pudieran realizar los legisladores en estos momentos lo están haciendo a título personal, atendiendo a que el comando de Honor Colorado no se reunió aún este año, ni tampoco se debatió estos asuntos entre los miembros del movimiento oficialista.

“Son opiniones totalmente particulares, ya lo había dicho hace como dos meses, es que de ninguna manera nosotros vamos a propiciar desde el Partido Colorado un proyecto de Ley que restrinja la actividad de los trabajadores de prensa, de los medios de prensa, así como tampoco restringir la posibilidad de expresión de los ciudadanos”, enfatizó.

Ante la insistencia por las declaraciones en redes sociales del diputado colorado Rodrigo Gamarra, el legislador remarcó que son opiniones muy personales y se debería consultar a él para saber lo que específicamente plantea.

“Yo creo que no está en línea con lo que piensa la mayoría de los que somos integrantes del movimiento Honor Colorado. Se luchó para tener libertad de prensa, libertad de expresión, entonces, es un legado que la democracia nos deja y tenemos que mantener”, acotó.

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El pasado 12 de diciembre el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, firmó la resolución N° 2771 por la cual se reivindica el derecho de los beneficiarios de la reforma agraria, que se dedican a la actividad agropecuaria de forma directa y como actividad económica principal. Mediante este documento se establecen criterios y mecanismos para la adjudicación del inmueble a los beneficiarios.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruíz Díaz explicó que están en un proceso para restituir derechos de personas a quienes se les fue negada la posibilidad a ser propietario titular de las tierras en el marco de la reforma agraria, Debido a una mala interpretación de la legislación.

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Al respecto, señaló que observando la Ley 1863 del año 2002, en su artículo 16, inciso d; se establece quiénes pueden ser beneficiarios de la reforma agraria. Mencionó que en el criterio se menciona que “todas aquellas personas que se dediquen de manera directa a la agricultura y cuyo ingresos provengan de la mismas”. Ahora bien, explicó que este artículo no establece ninguna prohibición, solo señala que deben depender de la agricultura.

“En su momento, las diferentes administraciones entendieron que se debía reglamentar este aspecto. Entonces se establecieron algunos criterios que llegaron en algunos momentos a rayar la racionalidad. Poniendo un ejemplo, dijo que si alguien figura en el IPS, no se puede dedicar a la agricultura porque cuenta con una pensión. Entonces, al figurar en IPS ya no importaba si estuvo 30 años en la colonia cultivando, ya era beneficiario para recibir el título. Esto fue un error grave”, explicó.

De igual modo, señaló el caso de algunos docentes, enfermeros, que figuraban como funcionarios públicos con rubros de los respectivos ministerios, tampoco podían acceder a un inmueble porque se interpretaban que sus principales ingresos no provenían de la agricultura sino del rubro que recibía del Estado.

“Con estos criterios se les estaba negando, a docentes o personas que nacieron en una colonia, que vivieron con sus padres, abuelos; pero que lograron un estudio superior y conseguir algún rubro como docente por ejemplo, aunque ejercían su profesión en la colonia ya se les negaba el derecho a acceder al título de propiedad del inmueble”, explicó.

El titular del Indert lamentó que por muchos años se manejaron estos criterios, que claramente eran inconstitucionales, porque se les negaba el derecho de acceso a la tierra.

“Otro de los criterios que considero más aberrante incluso, es el que decía que si tenía RUC, no se le podía entregar un título de propiedad, porque el argumento era que su actividad e ingreso venía de un negocio. Entonces, con este criterio se decía que en la colonia no podía haber ningún comercio legal y que para abastecerse de alimentos, como galletas tenía que viajar 15 kilómetros”, cuestionó.

Al respeto, señaló la incoherencia en la interpretación de la legislación; ya que desde hace tiempo el gobierno de Paraguay estuvo impulsando fuertes campañas de formalización pidiendo a los negocios, comercios, que se formalicen. Mientras que por el lado del Indert, a partir de una resolución reglamentaria, le negaba el derecho a acceder al título de propiedad.

“Son injusticias que por años se tuvieron, que hoy justamente vinimos a la colonia Nueva Germania, para analizar dos casos en particular y observar el grado de injusticia que se cometieron encontramos a dos mujeres docentes, a quienes en reiteradas ocasiones se les negó el título de propiedad. Ellas llegaron a la colonia con 16 y 18 años, con sus familias, luego comenzaron a estudiar, hoy cuentan con dos postgrados y trabajan en la comunidad y aun así se les negó reiteradas veces el título de propiedad”, indicó.

Durante la visita corroboraron que una de las docente cuenta con 14 hectáreas y la otra con 16 hectáreas de tierra, en la que desarrollan no solo la parte de agricultura, sino además apiculutra, ganado menor, producen, queso, huevo. “Incluso hicimos el cálculo de sus ingresos y en uno de los casos, encontramos que una de las docentes el 60 % de sus ingresos mensuales proviene de su actividad agrícola. Lo que vemos es que anteriormente no se hacía estos cálculos, sino que directamente por tener rubro del MEC ya se les negaba el título”, precisó.

Resaltó además, que en estos dos casos, encontraron la característica de que además de ser docentes, agricultoras son madres solteras y cabeza de hogar. Indicó también que hicieron consultas a la comunidad, con varios testigos asegurando que las docentes aportan al desarrollo de la comunidad.

“Tomamos estos dos casos de manera experimental para ver si estábamos en lo correcto. Detrás de estos dos casos, tenemos muchísimos otros de derechos denegados. En el Indert tenemos aproximadamente unas 300 carpetas rechazadas por diversos motivos”, acotó.

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