La corriente de pensamiento dominante en esta época insiste por todos los medios a su alcance que las soluciones a la problemática económica se encuentra en los estímulos fiscales y monetarios mediante una activa y decidida participación de los gobiernos. Esta línea conceptual parecería no tener adversarios.

Desde la academia, los medios, la política, los gremios y los centros de decisión se predica al unísono aquella fórmula intervencionista estatal.

Sin embargo, no necesariamente la opinión de la mayoría se constituye en una verdad. Aquí es donde se nota de la abismal diferencia entre la opinión publicada y la opinión pública. Las mayorías tienen intereses que las unen y la misma democracia muestra activa relación con el populismo y la demagogia.

De manera que no todo lo que brilla y se dice de manera continua es lo que está bien. Por mi parte, no me parece correcto aceptar el pensamiento dominante mainstream como una deidad a la que no hay que criticar ni oponérsele.

La historia, en tal sentido, registra con precisión que las ideas económicas de consolidación de la libertad han sido la fuente de inspiración para los cambios en la sociedad, siendo la política un área fundamental.

Así, por ejemplo, tenemos la preciosa Carta Magna inglesa de 1215 en la que los barones obligaron al rey Juan a firmar este gran documento en el campo de Runnymede. La sustancia de la Carta Magna consistió en derechos de propiedad y que la misma se extiende a la vida comercial.

Las disputas políticas en la historia se iniciaron en la economía. Por ejemplo, el caso del “Pleito de los monopolios” en 1643, un tribunal inglés sentenció que la concesión del privilegio exclusivo para la producción de un producto estaba “contra el derecho común y la libertad del ciudadano”, lo que se tradujo en que la libertad y la propiedad debían en todo momento ser garantizados.

Hoy asistimos a un choque de visiones. Por un lado, están los que consideramos que la libertad económica propiciada desde la oferta mediante rebajas de impuestos, menos regulaciones, flexibilización laboral, desmonopolización, libre comercio, empresas privadas, competencia e imperio de la ley son los fundamentos para activar la economía.

Y por el otro lado, están los que confían en el Estado como si fuera una deidad del cielo mediante la demanda agregada gubernamental mediante el uso de la coerción, impuestos, deudas, trámites y burocracia que terminan en políticas públicas dañinas para la vida, la libertad y la propiedad.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”, “Cartas sobre el liberalismo”, “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes”, y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.