- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Desde la creación de la Ley Orgánica del IPS, hace ocho décadas, entonces el mundo ha dado varias vueltas. Sin embargo, esta legislación vetusta, obsoleta y desfasada en el tiempo sigue casi igual, salvo algunas que otras adendas realizadas en los últimos años, pero insuficientes.
Se hace necesario que las autoridades del IPS presenten al Parlamento el proyecto de ley que permita su modificación para actualizarla debidamente y así cumplir con objetivos y metas, que la actual Ley Orgánica no lo puede hacer posible.
Es prioritario fortalecer el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que permita darles la tranquilidad que precisan los asegurados de que desde el punto de vista económico-financiero, la provisión mensual de recursos económicos se mantiene cubierta y respaldada.
El IPS es propietario de varios centenares de inmuebles ubicados en diversos sitios de nuestra capital, ciudades periféricas y en el interior de nuestro país, muchas de ellas ociosas y subutilizadas.
Es posible subsanarlo con una carta orgánica actualizada, pues muchos de ellos siguen generando a la entidad gastos rígidos mensuales, pudiendo comercializarlos e invertir su producido en instrumentos financieros o acciones en otras empresas que les generen ingresos pasivos sostenibles y sustentables.
Se hace necesario que los inmuebles más valiosos sean retasados a valores de mercado, que permitan generar nuevas reservas de revalúo de forma tal que su patrimonio neto pueda mostrarnos contablemente un perfil diferente al actual, dado que desde el punto de vista contable y legal son capitalizables en un 100 por ciento.
Cuentan con muchos inmuebles de renta, cuyos locatarios siguen pagando precios de alquileres muy por debajo de lo normal por falta de actualización, y que les podrían estar generando a la institución niveles de ingresos más remunerativos, que fortalezcan a su gestión económica.
En función a lo estipulado en su actual Carta Orgánica, en caso de necesidad y con la aprobación del Consejo de Administración podrían encarar inversiones inmobiliarias a través de alianzas estratégicas, aportando el terreno como capital del emprendimiento, y haciéndose cargo de las obras civiles los desarrolladores del sector privado, en un país como el nuestro en donde el déficit de viviendas sigue siendo elevado (superior a 1.000.000).
Independientemente de los inmuebles arrendados, el mayor porcentaje de sus ingresos provienen de colocaciones en CD a plazo fijo dentro del sistema financiero local complementados por intereses generados por préstamos a funcionarios y jubilados y compra de bonos de renta fija, siendo necesario atomizarlos y diversificarlos mucho más.
La reciente promulgación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones le permitiría al IPS poder hacer una reestructuración de la “torta” de inversiones financieras a través de diversos instrumentos, siendo el momento adecuado para que el Consejo de Administración acelere las gestiones ante las cámaras de Senadores y Diputados para tenerlo sancionada y promulgada, permitiéndolos ofrecer otros productos financieros que contribuyan a fortalecer su actual estructura económica-financiera-patrimonial.
Estamos en pleno siglo XXI donde la capacidad innovativa y creativa tiene un importante valor agregado, y no queda otra más que reinventarnos en forma proactiva y con visión de futuro.
Dejemos atrás el statu quo, circunscribiéndonos solamente a los productos financieros tradicionales, pudiendo auscultar otras alternativas de inversión que puedan redituar al IPS ingresos adicionales, en beneficio directo de su posición económica-financiera.
Los asegurados activos, jubilados y pensionados se merecen recibir una contraprestación de calidad.