- Por Esteban Vasconsellos Petrucci
La Reglamentación 1115 no constituye simplemente un sistema de trazabilidad del producto (carne bovina, soja, madera, aceite de palma, cacao, café y caucho), sino que también aborda el entorno donde se produce, imponiendo condiciones que, además de prohibir la deforestación libre, exigen el cumplimiento de otras legislaciones pertinentes, lo que podría convertirse en una barrera arancelaria.
Este marco regulatorio, de alcance global, presenta un desafío considerable para Paraguay. No se ha tenido en cuenta la realidad de nuestros sistemas productivos y de logística comercial, que, aunque demostradamente sostenibles, difieren en muchos aspectos de los de los países europeos. Además, no se reconoce adecuadamente nuestras posibilidades de desarrollo sostenible. Como país en vías de desarrollo, hemos comenzado estos procesos hace relativamente poco tiempo y nos basamos en pruebas, conocimientos técnicos y científicos, y lecciones aprendidas de países y regiones que han estado en este camino durante siglos.
La responsabilidad del cumplimiento de la Reglamentación 1115 recae principalmente en los operadores europeos de la cadena de suministro, quienes serán auditados y sancionados en caso de incumplimiento. Sin embargo, es crucial entender que esto afecta a toda la cadena de valor, incluyendo a los exportadores paraguayos y, sobre todo, a los productores. Es en el nivel de producción donde se inicia y se centra principalmente la aplicación de esta normativa, que tiene como objetivo principal abordar la deforestación y degradación forestal a partir del 31 de diciembre de 2020.
Para que los productores puedan ingresar a este mercado de manera efectiva, es esencial que se respeten y validen nuestras leyes vigentes y las instituciones que las respaldan. El proceso debe ser simple, transparente y adaptado a la realidad del país para permitir que la mayoría de los productores agrícolas, ganaderos y forestales puedan ingresar, producir y comercializar de manera segura. Por lo tanto, cualquier propuesta para abordar estos desafíos debe basarse en la realidad nacional y ser consensuada por todos los actores de la cadena de valor, incluidos los pequeños, medianos y grandes productores.
Es necesario prestar atención a la posibilidad de que, bajo el pretexto ambiental, se impongan medidas proteccionistas en el mercado, lo que podría afectar negativamente a una gran mayoría de productores. Es fundamental estar alerta ante estas situaciones y trabajar en conjunto para encontrar soluciones equitativas y sostenibles para el sector agropecuario paraguayo.
* Esteban Vasconsellos Petrucci es ingeniero agrónomo, especialista en temas ambientales. Es miembro de la Comisión de medio ambiente de la ARP, es miembro de la directiva de la Asociación de Productores Agua Dulce APAD. Asesor privado del CEA en temas ambientales.
La responsabilidad del cumplimiento de la Reglamentación 1115 recae principalmente en los operadores europeos de la cadena de suministro, quienes serán auditados y sancionados en caso de incumplimiento. Sin embargo, es crucial entender que esto afecta a toda la cadena de valor, incluyendo a los exportadores paraguayos y, sobre todo, a los productores.
Cualquier propuesta para abordar estos desafíos debe basarse en la realidad nacional y ser consensuada por todos los actores de la cadena de valor, incluidos los pequeños, medianos y grandes productores.