El programa económico que aplica el presidente Javier Milei -después de poco más de un centenar de días en el ejercicio del Poder Ejecutivo- “genera tensiones sociales crecientes”, aseguraron a La Nación no menos de cuatro fuentes coincidentes que dialogaron con este corresponsal con el compromiso de mantener sus identidades en reserva.
Los informantes señalaron que de “la inquietud social” también se percibe en el entorno presidencial y confidenciaron que “el propio jefe de Estado, más allá de los microclimas y expresiones de optimismo que sí y sólo sí se generan y construyen entre los técnicos que acompañan al mandatario, también comienza a percibirlo”.
De hecho, en el transcurso del fin de semana último, el señor Milei junto con su novia Fátima Flórez, al ingresar en el teatro Gran Rex, en pleno centro de la capital argentina, además de aplausos también recibió algunos abucheos que no pudieron ser acallados por los vítores.
No es un dato menor para quien en la segunda vuelta electoral -el 19 de noviembre pasado- con el 56% de los votos emitidos superó a su adversario, el entonces ministro de Economía Sergio Massa que obtuvo el 44% para consagrarse. Claramente los climas sociales son dinámicos. “Nada es para siempre”, sentenció en el 540 antes de Nuestra Era Heródoto de Éfeso.
Con dos derrotas parlamentarias sustanciales para su proyecto de gestión gubernamental que también está trabado en diferentes ámbitos del Poder Judicial -aunque aún no se perciba en los resultados de las encuestas permanentes que varias consultoras especializadas en opinión pública realizan y comunican- algunos apoyos sociales a los enunciados de La Libertad Avanza (LLA), el partido presidencial, marcan cierta tendencia al declive.
Si bien las cuentas públicas -según los criterios de análisis del ministro de Economía Luis Caputo- aportan datos promisorios al tiempo que exhiben algunos balances fiscales superavitarios o la caída en el indicador que mide el “riesgo país” es un hecho que una buena parte de esos resultados se alcanzan a partir de la licuefacción contra inflación de los montos que especialmente en gastos estatales deterioran el poder de compra de los beneficios que reciben las personas jubiladas y aquellas a las que se beneficia con planes sociales. ¿Qué es lo que sucede a partir de la política de shock que aplica el gobierno argentino?
Veamos. “El ajuste recayó principalmente sobre la cuenta de ‘Jubilaciones y Pensiones Contributivas’ que a valores reales marca una caída de 38,1% en la medición interanual y que, por su magnitud, explica un tercio del recorte ejecutado”, precisa un detallado informe con el que los integrantes de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunieron en los días recientes con el presidente Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. En la misma línea de análisis de los datos económicos y sociales coyunturales, el informe comentado -al que tuvo acceso La Nación- da cuenta además que “se registra una gravísima disminución de los ingresos en las prestaciones de salud y discapacidad”.
El reporte verifica y detalla que en el sector de la construcción el consejo federal de la cámara sectorial ha declarado el “estado de emergencia en todo el país” y sus integrantes “advierten” sobre “el futuro de 1400 empresas y (unos) 200 mil empleos”.
La paralización de la obra pública por parte del gobierno del presidente Milei es señalada como “la razón principal de este parate” que converge con una “contracción económica general” que arroja como resultado “la pérdida de 60 mil puestos de trabajo registrados directos”. En línea con los datos comentados, vale destacar que, en la patagónica provincia de Santa Cruz, sólo en dos obras públicas paralizadas, unos 1.800 trabajadores que se desempeñaban en la construcción de dos represas para producir energía limpia con aporte crediticios de China fueron despedidos.
La Cámara de la Construcción hace propia la información con la que el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reporta que un total de 13 insumos propios de ese sector tuvieron caídas en el último mes de enero. “El promedio de todos da un desplome generalizado que carece de precedentes en al menos los últimos 12 meses y que encabezado por el asfalto, casi duplica el de diciembre: -21,7% en relación con enero 2023″.
En el sector del comercio, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “las ventas minoristas en las PYME cayeron 28,5% en la medición interanual en enero 2024″. Según dicho reporte, la mayor caída en las ventas se verifica en las “farmacias con -45,8%”; y, “alimentos y bebidas, -37,1%”.
En el “Índice de producción industrial PYME, también en el mes de enero último se constata “una caída en promedio de 30% en la medición interanual a precios constantes y un retroceso de 9,1% en la comparación mensual”. El informe destaca además que la “utilización de capacidad instalada en la industria (UCII), en diciembre 2023, se ubicó en 54,9% lo que da cuenta de una contracción interanual de 8,9% y marca que [asegura] se trata del peor mes de diciembre desde 2002″.
Asimismo, el Índice de Producción Industrial PYME (IPIP), que releva una muestra indicativa sectorial de 413 industrias en todo el país se advierte que “el sector industrial está sintiendo fuerte el deterioro en el poder adquisitivo de la gente y la pérdida de competitividad en los mercados mundiales que afecta a las empresas de perfil exportador, por lo que estas industrias se preparan para un panorama complejo en los próximos meses”.
Agrega el informe que “la rentabilidad industrial está siendo amenazada por diversos factores” entre los que destaca “la baja en el consumo” como consecuencia del “debilitado poder adquisitivo, sumado a la persistente inflación y el inminente aumento de tarifas en los servicios públicos como la electricidad, que generan un clima de zozobra y riesgo para la actividad”.
En lo que concierne al “salario real promedio registrado”, los datos a los que accedió La Nación indican que “perdió el 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre 2023 y enero 2024″ por lo que “el salario real de enero 2024 es equivalente a poco menos de la mitad del mismo mes en 2015″.
El trabajo de relevamiento e investigación comentado, en ese contexto, permite verificar que “entre noviembre 2023 y enero 2024, la disminución del poder adquisitivo de los salarios en el sector público es de casi 25% en tanto que para los privados la contracción es de 19,3%”. En la misma línea de análisis del deterioro en los ingresos de los empleados registrados, el Índice de Inflación que mide el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), precisa una variación interanual de +282,3%”.
En ese contexto, el informe comentado sostiene que se advierte “un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en [la aplicación de] las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado por esas políticas gubernamentales”.
Pese a esa preocupación que los obispos llevaron al mandatario cuatro fuentes eclesiales en reserva destacaron que durante el encuentro con el presidente Milei y la ministra Pettovello los funcionarios “tomaron nota de nuestros comentarios” pero declinaron de ofrecer otras precisiones.