La gobernabilidad de la Argentina que viene preocupa. No solo en el frente interno, sino también en el exterior. Tanto organismos multilaterales como grupos de inversores sospechan que la calma con la que la sociedad soporta el ajuste brutal que procura aplicar el gobierno del presidente Javier Milei podría trocar en tensiones. En los días recientes tanto desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) como eventuales inversores nacionales y extranjeros –en público y en privado– manifiestan sus dudas sobre el sostenimiento de la gobernanza.

Pese a que el jefe de Estado destaca que “la desinflación” que evidencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “avanza” y “es importante”, la inflación del pasado mes de febrero –cuyo nivel se conocerá en pocos días más– podría ubicarse en torno del 16 %. En enero, alcanzó el 20,6 %. El año pasado –2023– acumuló 211,4 % y, al término del primero de los meses del año que corre, el indicador interanual marcó 254,2 %. Pega fuerte en los bolsillos del conjunto social.

Algunos datos estatales que se analizan en el ámbito de la Secretaría de Trabajo nacional arrojan que los salarios de los trabajadores formales se encogieron en torno del 20 % en los primeros 60 días de 2024.

La situación golpea además en los niveles de empleo. No menos de tres consultoras prestigiosas, que prefieren mantener sus datos en reserva, –”sin amplificadores”– explican que sus mediciones “en promedio marcan que el paro crece” y que “la destrucción de puestos de trabajo se encuentra entre el 3 y 4 %”. La estanflación –inflación con estancamiento económico– es una de las causas. La incertidumbre es otra.

El periodista Jorge Lanata el sábado último en el diario Clarín revela que “para la UIA (Unión Industrial Argentina) el empleo cayó 21 %”, agrega que “la Uocra (Unión Obrera de la Construcción) advirtió por la pérdida de 50.000 puestos directos de trabajo”. Recuerda que la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) pocos días atrás anunció “159 despidos en una planta automotriz de (la provincia de) Córdoba” y que la empresa Acindar “analiza desde hace meses recortes de producción”. La firma, que pertenece al Grupo ArcelorMittal, informa que sus ventas “cayeron cerca del 40 %”.

Datos oficiales que suministra el gubernamental Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) revelan que el sector de la construcción en enero último se contrajo casi 23 % y, como consecuencia directa de ello, las ventas de cemento cayeron cerca del 24 %. Las de electrodomésticos descendieron 30 %.

En la industria automotriz también tiene impacto la retracción económica. Entre enero y febrero las terminales tuvieron actividad mínima. En muchos casos adelantaron las vacaciones de los trabajadores. La producción se reorganiza con la mitad de los turnos laborales. Este lunes reiniciará Volkswagen luego de 60 días de inactividad y lo hará con un recorte del 50 % en la producción contra los niveles productivos de 2023. Toyota recortará en 13 % y Fiat 16 %.

“Es imposible tapar el sol con la mano”, sostiene ante este corresponsal un abrumado analista que rechaza que su identidad sea revelada. “Los datos son pésimos”, agrega y resalta que “incluso los que tienen algunos ahorros en dólares padecen de un proceso inflacionario en esa moneda”. Prácticamente no hay sector social excluido de los pesares del ajuste.

A tal punto es evidente que el jueves pasado, Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), exhortó públicamente al Gobierno argentino desde Washington que “sería importante asegurar una asistencia social adicional y preservar el valor real de las jubilaciones” para acotar el deterioro en las jubilaciones que Luis Caputo, ministro de Economía, decidió reducir tomándose de la mano con el proceso inflacionario para licuar esos ingresos.

El Poder Ejecutivo inició contactos con los gobernadores de las 24 provincias argentinas para tratar de presionar con los líderes provinciales a los parlamentarios que fundándose en los datos mencionados más arriba rechazan los proyectos de leyes enviados al Parlamento para no agravar aún más la situación social en sus distritos. Representantes de sus pueblos, los diputados, y de las provincias, los senadores, sienten y saben que no pueden pedir más esfuerzos a sus votantes sin ofrecerles por lo menos seguridades de mejores días por venir.

Sin embargo, y pese a que el presidente Javier Milei los convocó a la Casa Rosada (sede del Gobierno federal argentino), el mandatario no los recibió. Participaron del encuentro el ministro del Interior Guillermo Francos y Nicolás Posse, jefe de Gabinete. Volverán a reunirse. Oficialmente el Gobierno informó que los participantes expresaron “un consenso mayoritario sobre los principales puntos de la ‘Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’” que el Ejecutivo retiró del Parlamento semanas atrás por no conseguir acuerdos para su aprobación.

Luego se supo que el nuevo intento solo tendrá unos 200 artículos. El anterior tenía 664 y de ellos más de la mitad fueron rechazados. La discusión, pese a tal comunicación, está atascada en cruzada por la desconfianza. Mientras, el deterioro avanza.