El presidente Javier Milei el viernes próximo –por mandato constitucional– deberá comparecer ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional.

No habrá de llegar hasta allí en el mejor momento. Las tensiones entre el jefe de Estado, los parlamentarios y los gobernadores son extremas. Sobre el fin de la semana que pasó Milei calificó al Parlamento como un “nido de ratas”.

Para que quede claro. El presidente Milei, con La Libertad Avanza (LLA), el partido que fundara unos pocos años atrás, el 22 de octubre pasado, cuando la primera vuelta de la elección presidencial se ubicó en el segundo lugar –detrás Sergio Massa, entonces ministro de Economía y candidato a la primera magistratura por el peronismo kirchnerista– con el 29.99 % de los votos emitidos. Ese porcentaje le permite contar en la Cámara de Diputados con 37 bancas y en la de Senadores 7.

Asimismo, no pertenece a su partido ningún gobernador y, entre miles de intendentes en todo el país, solo tres son libertarios. Ergo: Javier Milei carece de fuerza política parlamentaria y de territorialidad. Esta situación le dificulta marcadamente la construcción de consensos para gestionar con la gobernabilidad asegurada. No es un tema menor, por cierto.

Como suele suceder en cada inicio de los periodos parlamentarios anualmente, al momento de inaugurar las actividades los presidentes exponen ante el pleno legislativo para dar cuenta de su gestión y hacer públicos los proyectos de leyes con los que pretende gestionar la política. ¿En qué términos lo hará? ¿Lo hará?

La reciente experiencia presidencial en el transcurso del periodo de sesiones extraordinarias que finalizó pocos días atrás no es buena. Su proyecto de ley para reformular el Estado argentino no fue aprobado por la Cámara de Diputados y, en consecuencia, el mandatario se vio obligado a retirar la iniciativa de la consideración legislativa. Un decreto de necesidad y urgencia (DNU), con contenidos muy parecidos, ni siquiera comenzó a ser debatido por la Cámara Alta.

Las principales iniciativas y compromisos de campaña con los que llegó a presidente Javier Milei –desregular la economía, eliminar el cepo cambiario, achicar el Estado, la reforma tributaria, establecer una reforma profunda para calcular los haberes de jubilados y pensionados, reducir la pobreza y la indigencia– continúan en el plano de los deseos solo enunciados.

En ese contexto, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken; y la subdirectora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, que llegaron hasta este país con la mayor inquietud que se propusieron dilucidar con el propio Milei y a otros interlocutores con quienes dialogaron, es muy concreta: ¿podrá hacerlo? ¿Su programa de reformas es política y socialmente posible? ¿Sin ellas la estanflación (alta inflación con estancamiento económico) que padece la Argentina y su recuperación en el mediano plazo podrá superarse sin elevados costos sociales que afecten la gobernabilidad? Alta interrogante.

Gopinath sostiene que es “importante mantener el valor real de la asistencia social focalizada y las jubilaciones” cuando es consultada por el periodismo y explicita que esos subsidios “deben seguir el ritmo de la inflación” y destaca que no solo se trata de “hacer el ajuste, sino (que es necesario) asegurarse su buena calidad”.

Las reservas “netas” que en este país atesora el Banco Central (BCRA), según la subdirectora general del FMI, pese a que se recuperaron “todavía son negativas en el orden de USD 5.000 millones”. Pese a tales inquietudes la funcionaria reconoce que en los dos primeros meses de mandato Javier Milei “ha conseguido importantes progresos” aunque resalta como interrogante saber “cómo se mantendrá ese progreso hacia adelante” y, por sobre todo, “¿cómo se va a garantizar el apoyo social y político?”.

Como consecuencia del enfrentamiento de Milei con el Parlamento, además, deviene en que el mandatario no ha podido hasta el momento conseguir que sus principales propuestas para nombrar en algunos lugares estratégicos embajadores políticos hayan sido aprobadas. Por ello, en Estados Unidos e Israel los propuestos –Gerardo Werthein y Shimoon Wahnish, respectivamente– aún no pueden ocupar esos cargos porque no cuentan con la aprobación del Senado de la Nación para que así suceda.

En ese contexto de dudas, se añade otro que no es menor. Desde los últimos meses de la administración anterior –que lideraban el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández (2019-2023)– y hasta en lo que corre de la presente gestión gubernamental, el Poder Ejecutivo argentino no cumple con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le obliga a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fondos coparticipables que arbitrariamente le fueron quitados a ese Estado. Dicho incumplimiento también genera interrogantes porque construye la idea de inseguridad jurídica que hace dudar a eventuales inversores productivos.

Entre los militantes de LLA llamar a los enfrentamientos con provincias, intendencias y parlamentarios como “etapa de caos constructivo”. Desde esa categorización con el que pretenden validar el conflicto con una línea de gestión política, con firmeza sostienen –aunque con la exigencia de que sus identidades no sean reveladas– que “más tarde que temprano, vamos a tener buenos resultados”.