- Por Juan Carlos dos Santos
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De la misma manera que el petro venezolano, la moneda virtual de Nicolás Maduro, se encuentra a punto de colapsar, pues hace casi un año que ya fueron suspendidas sus transacciones, su “Petro” vecino y buen amigo, el presidente colombiano, también está atravesando quizás por el peor periodo de su gobierno y quién sabe si no el último.
Luego de sus encontronazos internacionales con Bukele, Netanyahu y Milei, ahora Gustavo Petro optó por quedarse en el plano estrictamente local y pasó a medir fuerzas con el fiscal general del Estado colombiano, Francisco Barbosa.
El mandatario colombiano ha lanzado algunas llamativas advertencias como “aquí no se puede sacar a un presidente progresista” o “hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República”, como si fuera que el cargo constitucional estuviera por encima de la ley.
Petro incluso ha sido centro de burlas por responder airadamente a una cuenta falsa del fiscal Barbosa, lo que de alguna manera expuso una suerte de desesperación ante la opinión pública.
A criterio del mandatario colombiano, Barbosa está liderando un golpe de Estado desde el Poder Judicial, el mismo poder del Estado cuyo edificio en Bogotá fue atacado en noviembre de 1985 por el grupo guerrillero M-19 del cual Gustavo Petro formó parte activa en las selvas colombianas, pero no en ese ataque propiamente y que dejó alrededor de un centenar de muertos.
Son varias las investigaciones que la oficina de Barbosa lleva adelante en contra de Petro, la mayoría de ellas producto de las declaraciones de su hijo Nicolás, detenido a mediados de 2023, acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Esta detención reveló la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial que lo llevó al poder a Gustavo Petro. Esta financiación tendría fuertes vínculos con el narcotráfico y también salpica al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en su carácter de jefe de aquella campaña de 2022.
En un país donde nunca un jefe de Estado ha sido destituido en un juicio político, la investigación preliminar que le abrieron en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia sería un hecho histórico en caso de prosperar.
Otros presidentes han estado en el banquillo de los acusados, entre ellos, el también progresista Ernesto Samper, cuya investigación por una acusación similar, dinero del narcotráfico para campaña política, fue finalmente archivada.
A decir de Petro, “lo que busca el fiscal Barbosa es un golpe de Estado bajo un manto constitucional” y para respaldar apareció Evo Morales, como corresponde, claro. Para mala suerte del presidente colombiano, Morales, a quien evidentemente “cualquier traje le queda bien”, está más afuera que adentro en la política boliviana.
Es así como se comienza a tejer otra trama de conspiración política y posturas radicales en Sudamérica, como siempre bien condimentada con especias ideológicas.