- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Lovera, del Ministerio de Economía, dijo que el PGN debe estar orientado hacia una gestión eficiente, que permita a la ciudadanía poder brindarle servicio de calidad, pues es bien sabido que la gestión presupuestaria va mucho más allá de limitarse a administrar recursos financieros, dado que el objetivo primario es que sean ejecutados en tiempo y forma con eficiencia y eficacia.
Como parte de la estructura organizacional del mismo, tenemos al Viceministerio de Capital Humano y de Gestión Organizacional, cuya responsabilidad primaria reside en la supervisión de todas las actividades relacionadas con la gestión de los recursos humanos dentro de las diversas instituciones estatales.
Esperemos que esta nueva unidad, que ha reemplazado a la Secretaría de la Función Pública, no sea meramente ornamental como lo ha sido esta durante décadas. Tenemos vigente la Ley de la Función Pública que data del año 2000.
Han transcurrido desde entonces 24 años y ya no podemos seguir rigiéndonos por lo que estipula la misma, dado que está totalmente vieja, obsoleta y desfasada en el tiempo y en su contenido.
Con la próxima promulgación de la Ley del Servicio Civil, la de la Función Pública no la elimina, sino que la complementa, lo que permitiría orientarse a una administración pública mucho más ordenada en donde el capital humano pueda ser de calidad comprobada, a través de concursos de oposición y no como ahora en que casi todos los entes están minados de gente que han “ingresado por la ventana”, sin reunir en absoluto meritocracia, capacidad, idoneidad y experiencia profesional, más que el mero prebendarismo y clientelismo político que en vez de construir nos destruye cada vez más.
Es una brillante ocasión para que el Viceministerio de Capital Humano pueda organizar e instruir a todos los departamentos de Organización y Métodos (O&M) de ministerios y secretarías Ejecutivas que realicen un análisis y evaluación de todos los puestos y perfiles requeridos, de tal forma a lograr una depuración y racionalización de la plantilla de personal sin pérdida de tiempo, ya que hoy día ya no podemos en plena era tecnológica seguir con 407.000 funcionarios, pudiendo con gente que demuestre capacidad, actitud y aptitud, manejarse sin problemas con no más del 60 por ciento, lo que podría implicar un ahorro importante en gastos rígidos (sueldos y otros beneficios), que se siguen despilfarrando en muchos casos sin razón ni objetivo alguno.
Estamos en plena era digital, lo cual se puede apreciar a través de la fusión reciente de dos entidades bancarias. Ya no cabe duda de que es el inicio de lo que podría ser el mundo de los negocios financieros en este siglo.
Y así como estas entidades van reinventándose a fin de dar mayor eficiencia y calidad a sus servicios y clientes, ojalá también el Estado pueda hacer lo mismo con las instituciones de los tres poderes, puesto que resulta lamentable que en pleno siglo XXI sigamos tropezando con la odiosa burocracia de que los trámites sigan demorando varios meses pudiendo ser aprobados en días.
Muchos podrían verse obligados a dejar sus puestos de trabajo si se llegare a hacer este trabajo de depuración dejando a los más capaces e idóneos, pero no cabe otra.
Habrá que hacerlo, dado que uno de las principales áreas críticas al cual se siguen fijando las empresas calificadoras de riesgos internacionales es la debilidad estructural de nuestras instituciones, y que se podrá revertir si existe verdadera voluntad política y profesionalismo, pues el Estado debería funcionar como una empresa moderna y eficiente y no como una simple agencia de empleo, perjudicando cada vez más a los ingresos que pasan a formar parte del PGN, obligando a destinar a gastos rígidos no menos del 80 por ciento de lo recaudado.
Podemos estar mucho mejor, pero lo ideal es que alcance a una gran parte de la población y que no esté circunscripto solamente a un pequeño estrato de nuestra población, que al final no impacta positivamente en el bolsillo de nuestra gente. Así de simple.