El gigantismo estatal en un país pequeño como el nuestro donde apenas superamos los 6 millones de habitantes, según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cantidad de funcionarios públicos de 335.409 trepó durante el gobierno anterior a 407.695 (equivalente a un incremento de 72.286), un despropósito total e inaceptable en pleno siglo XXI, donde la tecnología y digitalización de los procesos están presentes día a día en todos los ámbitos dándose terreno fértil para la racionalización de la plantilla de personal.

El presidente Javier Milei en la Argentina, como una de sus primeras medidas adoptadas fue la reducción de 18 ministerios a solo 9, haciendo lo mismo con una gran cantidad de secretarías y subsecretarías, direcciones, subdirecciones, entre otros, incluyendo a los miles de “planilleros” o ñoquis, quienes en vez de servir se servían del Estado. No renovaron el contrato a más de 7.000 funcionarios incorporados a inicios del 2023.

¿Por qué aquí también no hacemos lo mismo? El 100 por ciento de los contratos tienen fecha de vencimiento y los empleadores no tienen obligación de renovarlos en forma automática.

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Seguimos teniendo ministerios y secretarías ejecutivas con tareas y funciones superpuestas, excesiva burocracia administrativa, descoordinación y erogaciones millonarias por pago de sueldos y otros beneficios, a gente que no aporta valor agregado siendo en su mayoría producto de prebendas, clientelismo político y nepotismo y que merecen ser revisados.

Es hora de dar el lugar a nuestros técnicos quienes pueden aportar una perspectiva diferente vs. aquellos que solo actúan desde la óptica política y politiquera, con escasísima formación académica, ocupando posiciones de privilegio inmerecidamente.

La Ley del Servicio Civil, que hace tiempo se tuvo que haber sancionado y promulgado, deberá hacerse o sí o sí una vez culminado el receso parlamentario. Una buena ocasión para que en todas las entidades la unidad de organización y métodos (O&M), bajo cuya responsabilidad están los trabajos de visualización de unciones, procesos y responsabilidades dentro de su estructura organizacional, pueda adelantarse y proactivamente ir analizando/evaluando junto con talento humano “lo que sea grasa”, que permita una vez que entre en vigencia dicha ley estén claramente definidas las coordenadas sobre quienes merecen continuar, y los que deberán dar “un paso al costado”, pues el Estado no puede seguir regalando sueldos y otros beneficios mes a mes a miles de funcionarios que demuestran ineptitud, desangrando cada vez más y más al erario público y al PGN.

La tecnología actual permite que todas las entidades puedan estar interconectados online, agilizando el flujo de procesos y gestiones realizados por los contribuyentes. Da pena seguir viendo a muchísimos funcionarios que le siguen temiendo al cambio, caracterizado por una rigidez de pensamientos, haciendo que antes que una solución se constituyen en un gran problema.

Si pretendemos actuar con profesionalismo, no cabe otra. Se actualizan o definitivamente deberían buscar otro trabajo, ya que no se puede seguir sosteniendo a gente mediocre, sin ansias de superación, esperando que llegue fin de mes para ser los primeros en ir al cajero a cobrar su salario. Muchos mediocres son jefes y los que se los merecen por actitud y aptitud siguen siendo subalternos.

Más del 80 por ciento de lo recaudado por el fisco sigue destinado a la cobertura de gastos rígidos (pagos de sueldos en aproximadamente 70 por ciento), cuando que esa superpoblación debe ser racionalizada aplicando procesos abreviados y modernos que hagan “clic” con lo que nos aporta la tecnología y medios digitales, reorientando recursos a otros propósitos más prioritarios como salud pública, educación y obras de infraestructura.

Se impone una reingeniería estructural. Aquellos que demuestren meritocracia, capacidad, honestidad y trayectoria profesional tendrán derecho a acceder a funciones de mayor relevancia y responsabilidad, con posibilidades potenciales de recibir mejor remuneración. Así de simple.

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