- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
El Consejo de Administración del IPS, máxima autoridad institucional, tiene bajo su responsabilidad la toma de las decisiones de gobernanza de mayor importancia e impacto para el buen manejo estructural y organizacional.
La administración anterior ha observado una gran desprolijidad significando un deterioro importante en la salud económica-financiera, habiendo asumido compromisos con empresas proveedoras por montos millonarios no pudiendo honrarlo en tiempo y forma, tornando la deuda acumulada creciente, dado que se le agregan intereses moratorios y punitorios, que se pudo haber evitado si tenían una administración con gente honesta, capaz y responsable.
Esperemos que las nuevas autoridades puedan realizar una reingeniería estructural, para que no vuelvan a repetirse estos hechos de corrupción, que perjudicaron sobremanera a la imagen de la institución en desmedro directo de los asegurados. (activos, jubilados y pensionados).
El Consejo de Administración, independientemente a los temas habituales abordados semanalmente en plenaria, también deberían incluir dentro de la agenda los temas que atañen a su evolución económica-financiera analizando/evaluando todos los productos crediticios y no crediticios que puedan ir incorporando dentro de su gama de oferta, aprovechando la reciente promulgación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, que les permitirían actualizar la actual Carta Orgánica.
Sería bueno que sus autoridades puedan presentar dentro del primer semestre del 2024 al Parlamento un nuevo anteproyecto de ley orgánica revisada, modernizada y aumentada, que les permitan mayor flexibilidad, ofreciendo al mercado otros productos financieros y no financieros, aprovechando la importante base de datos que conforman sus asegurados (activos y jubilados) y que habrá de capitalizarlo en forma rentable y competitiva.
Nuestro mercado de capitales ofrece una serie de opciones hoy día con un crecimiento, expansión y diversificación en productos ofertados, constituyéndose en uno de los sectores coadyuvantes de nuestro desarrollo económico de mayor relevancia, a través de casi un centenar de empresas locales inscriptas en los registros de la Superintendencia de Valores (ex CNV), emitiendo bonos de renta fija y subordinados, incluido los financieros con buena experiencia.
El IPS tiene la posibilidad de reestructurar el portfolio de sus inversiones financieras, atomizando y diversificándolas, dentro de niveles de riesgos no superior al normal.
Podrán también hacer extensivo los préstamos a los cotizantes activos, además de los jubilados y pensionados, y otros productos que se incluyen dentro de la nueva ley recientemente promulgada, incluido la posibilidad de poder incorporarse como parte del paquete accionario de empresas corporativas bien calificadas que operan en nuestro mercado.
Sin necesidad de recurrir a sus activos líquidos, podrían emitir bonos de renta fija de largo plazo, y con su resultante financiar los préstamos otorgados (en forma selectiva y con parámetros definidos), a tasas activas por encima a lo que podrían pagar a los tenedores de bonos, lo que les permitirán fortalecer su actual flujo de ingresos operativos, como los hacen las entidades financieras cuando emiten bonos utilizándolos en financiaciones de corto, mediano y largo plazo.
El objetivo primario de la institución es proteger la salud de todos los asegurados (funcionarios activos, jubilados y pensionados).
Cuenta con los mejores profesionales médicos y especialistas de nuestro país, pero precisan de los recursos y logística necesarios para una atención de calidad.
A nivel país tenemos no menos del 63 por ciento de evasión de aportantes al seguro social, por lo que resulta necesario pensar y diagramar la puesta en marcha de nuevos productos, encuadrados dentro de niveles de riesgos no superior al normal, considerando que los recursos son limitados o finitos vs. las necesidades que siempre son y serán ilimitadas y el seguro social en nuestro país puede funcionar como si fuera un banco tal como lo es en el Uruguay.
Se hace necesario aplicarlo en la práctica la suficiente capacidad de reinvención, orientados al fortalecimiento de la estructura económica-financiera-patrimonial de la institución, una de las más importantes a nivel país.
Sería bueno que sus autoridades puedan presentar dentro del primer semestre del 2024 al Parlamento un nuevo anteproyecto de ley orgánica revisada, modernizada y aumentada, que les permitan mayor flexibilidad, ofreciendo al mercado otros productos financieros y no financieros.