La Carta Orgánica del IPS data del año 1950, siendo promulgada por el entonces presidente de la República Dr. Federico Chaves.

Desde entonces el mundo ha dado varias vueltas. Sin embargo, esta legislación vetusta, obsoleta y desfasada en el tiempo sigue casi igual, salvo algunas que otras adendas realizadas en los últimos años, pero insuficientes.

Se hace imperioso fortalecer cada vez más el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que permita darles la tranquilidad necesaria a los asegurados de que desde el punto de vista económico-financiero se están haciendo revisiones actuariales, para que la provisión mensual de recursos económicos se mantenga cubierta y respaldada.

Desde el punto de vista patrimonial el IPS es poseedor de una importante fortuna, pues es propietario de nada menos que 1.674 inmuebles ubicados en diversos sitios de nuestra capital, ciudades periféricas e interior de nuestro país, muchas de ellas ociosas y subutilizadas.

Se hace necesario que los inmuebles más valiosos en una primera etapa sean objeto de una retasación a valores de mercado, lo cual lo podrán realizar profesionales tasadores del MOPC para generar nuevas Reservas de Revalúo que permitan que su patrimonio neto pueda mostrarnos contablemente un perfil diferente al actual, dado que desde el punto de vista contable y legal son capitalizables en un 100 por ciento.

La institución en función a lo estipulado por su actual Carta Orgánica, en caso de necesidad y con la aprobación del Consejo de Administración, podría encarar inversiones inmobiliarias a través de alianzas estratégicas, aportando el terreno como capital del emprendimiento y haciéndose cargo de las obras civiles los desarrolladores del sector privado, las que técnicamente podrán ser administradas a través de un fideicomiso.

El IPS posee hoy día 26.000 funcionarios activos, sin contar a los jubilados y pensionados, y todos aquellos que también cuentan con ingresos mensuales, pero que no son aportantes al seguro social. Una superpoblación que también merecería una profunda revisión, ya que a partir de 2018 ingresaron nada menos que 10.000 nuevos funcionarios.

Independientemente de los inmuebles que tienen arrendado, el mayor porcentaje de los ingresos provienen de colocaciones en CD a plazo fijo dentro del sistema financiero local complementados en menor magnitud por intereses generados por préstamos a funcionarios y jubilados y compra de bonos de renta fija.

Ahora que se ha promulgado la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, donde le permitiría al IPS poder hacer una reestructuración de la “torta” de inversiones financieras a través de diversos instrumentos, sería el momento adecuado para que el Consejo de Administración pueda poner el próximo año a consideración de diputados y senadores una nueva ley revisada y actualizada, que le permita poder ofrecer otros productos financieros para fortalecer su actual estructura patrimonial.

Estamos en pleno siglo XXI donde la capacidad innovativa y creativa tiene un importante valor agregado, y no queda otra más que reinventarnos en forma.

Un claro ejemplo lo constituyen las entidades financieras, quienes hasta hace un poco más de 10 años el flujo mayoritario de sus ingresos operativos provenían de los productos crediticios, siendo hoy día los no crediticios, tan importantes y remunerativos como los primeros.

Dejemos atrás seguir operando solamente con los productos financieros tradicionales auscultando paralelamente otras alternativas de inversión que puedan redituar al IPS ingresos adicionales, en beneficio directo de su posición económica.

Santiago Peña al inicio de su gobierno les había dicho a sus colaboradores, “párense, salgan de sus oficinas, trabajando coordinadamente en forma interinstitucional, innovando y fortaleciendo su gestión”. Los asegurados, jubilados y pensionados se merecen recibir una contraprestación de calidad.

No se trata de una misión imposible. El secreto radica en la proactividad y visión de futuro. Así de simple.