No fue una semana más ni mucho menos sencilla la del presidente Javier Milei en Argentina. Los primeros movimientos que protagonizaron el propio mandatario y los integrantes más cercanos de su gabinete en sus primeros días de gobierno, sin dudas, fueron sorprendentes. Especialmente para quienes pertenecen a aquellos sectores de la economía acostumbrados desde muchas décadas al “toma y daca” y que, en línea con esas prácticas, conceden apoyos en campaña que luego pretenden recuperar desde el primero de los instantes de la gestión gubernamental. Pero eso no sucedió.
Siete de los temas –problemas– más acuciantes para la sociedad argentina, como lo son la economía en bancarrota; la inflación que este mes de diciembre podría superar el 20 % y, anualizada llega hasta el 15.000 %; la situación de las provincias que dejarán de recibir algunos apoyos financieros del Tesoro Nacional; la incertidumbre entre los poco más de 5 millones de jubilados y pensionados cuyos ingresos desde ahora se ajustarán discrecionalmente a través de decretos presidenciales; las violencias callejeras; las acciones piqueteras; y, la seguridad ciudadana están allí, latentes y podrían profundizarse.
A ello se agrega que no hubo baja de impuestos, como Milei prometió en campaña. Por el contrario, la presión impositiva creció; se elevaron las alícuotas de los impuestos a las exportaciones (retenciones); y, el pago del impuesto a las ganancias –con el que el exministro de Economía y candidato presidencial derrotado Sergio Massa alivió los bolsillos de millones de trabajadores con el apoyo del entonces diputado Milei– será revertido y se volverá a pagar.
Aquella expresión, “estamos mal, pero vamos bien”, que decía el expresidente Carlos Menem (1989-1999) cuando el también exministro de Economía Domingo Cavallo lanzó el programa de convertibilidad que puso el peso en paridad 1 a 1 con el dólar norteamericano al tiempo que achicaba el Estado con privatizaciones y reducciones de personal, bien podría aplicarse por estos días sin que se percibiera diferencia alguna.
Incluso –como entonces con Menem– las primeras mediciones que realizan las consultoras en opinión pública dan cuenta que en promedio Javier Milei cuenta con un acompañamiento social en torno de los 56 y 60 puntos porcentuales de aprobación. No es poco en esta instancia, aunque no solo aquí, sino en los principales centros de poder global económico y financiero a los que este país deberá presentarse para conseguir apoyos dinerarios, se preguntan por cuánto tiempo el pueblo soportará las estrecheces y el sacrificio sin protestas. Enorme interrogante.
Luis Caputo, ministro de Economía que también lo fuera cuando la administración del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando la semana que pasó anunció 10 medidas de emergencia, sugirió que a partir del segundo trimestre de 2024 la situación comenzará a mejorar, pero nada indica a ciencia cierta que así vaya a ser. La aplicación de las promesas de campaña –al parecer– se iniciará entonces. ¿Será así? Habrá que ver.
En tanto, el 29,99 % de esta sociedad que votó en el primero de los turnos electorales a Milei, que en los días previos al comicio recorría los alrededores de Buenos Aires con una motosierra entre sus manos, están desorientados, pero le hacen el aguate, como se dice en la jerga futbolera. También lo están, aunque en menor medida, quienes en el balotaje decidieron acompañarlo, aunque –es necesario puntualizarlo– según coincidentes analistas “podrían haberlo acompañado para derrotar popularmente al agotado kirchnerismo hartos de sus prácticas y modos”. ¿Será posible?
Los aumentos en los precios de las tarifas de los servicios públicos y los combustibles –que harán mover todas las variables económicas– permitirá verificar hasta dónde llega la voluntad social de acompañar. El tiempo acota, por cierto. Sobre el fin del año a iniciar comenzarán a dirimirse –si nada cambia– las elecciones de medio tiempo con las que el Gobierno se pondrá a prueba en 2025. No es tiempo lo que sobra.
Consciente de esa inevitable realidad Milei, después de que el ministro Caputo informara que el valor del dólar en el mercado oficial dejaba de cotizar a $ 400 por unidad para elevarse hasta $ 800, incrementó los montos de algunos de los programas sociales que perciben las personas en situación de indigencia o más vulnerables, pero una sencilla reflexión permite verificar que ese aumento nominal es también prueba de una de las formas más eficientes para la licuefacción del déficit fiscal. Nada nuevo y, vale remarcarlo, de poco impacto sobre “la casta” o, para ser más preciso, el costo de la política. Impuestazo, tarifazo y más de lo mismo en el devenir histórico de una sociedad que se encuentra cerca del 50 % de pobreza, casi el 11 % de indigencia y en la que el 40 % de quienes tienen trabajo está en la informalidad o en negro, como quieran llamarle.
Llama la atención, además, que el presidente Milei y sus más estrechos colaboradores, desde el momento mismo del mensaje inaugural de espaldas al Parlamento y hasta ahora, más allá de los temas económicos y financieros, nada dicen sobre la corrupción que era uno de los ejes claros de campaña. Más aún, el flamante ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, –uno de los juristas más destacados en este país– con claridad ha marcado que, en ese sentido, no irá más allá de lo que las leyes indican y resaltó que ha dado instrucciones a la Oficina Anticorrupción para que no se constituya en querellante en las causas que por presuntos hechos corruptos están en trámite o que tramiten en el futuro. “Esa es obligación del Ministerio Público”, sostuvo el jurista.
Pero más allá de lo dicho, a partir de mañana el nuevo gobierno en general y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en especial, tendrán que transitar un momento de extrema tensión. Como sucede desde 2001 cuando la mayor crisis social, económica y política de la historia local puso fin por renuncia al gobierno del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), constituido con una coalición de la que participaban radicales y peronistas, los días 19 y 20 de diciembre de cada año los movimientos sociales al igual que los partidos políticos de izquierdas protagonizan manifestaciones para recordar aquellas jornadas que arrojaron un luctuoso saldo de víctimas fatales en todo el país. En esta oportunidad también están previstas esas acciones.
Bullrich, casi una semana atrás, dio a conocer un protocolo antipiquetes con el que prevé controlar esas expresiones para evitar disturbios y violencias. Dispone para hacer cumplir con las leyes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de fuerzas del Servicio Penitenciario Federal.
La ministra advirtió que quienes cobren planes sociales y participen de esas actividades perderán los subsidios. En línea con ello, recordó que el presidente Milei dijo claramente que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y recordó que, como también lo expresara el jefe de Estado, “el que las hace, las paga”. La tensión crece. La Argentina de los últimos cinco años –pese a los fuertes recortes en el gasto público, a la ausencia del Estado, a la creciente inflación y a innumerables carencias y degradaciones– no registra estallidos sociales como sí los hubo en otros países sudamericanos como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela y Cuba, por mencionar solo los más notables. La disputa por el poder en las calles –que comenzará en pocas horas– es de tanta envergadura como las acciones para sanear la economía.