- POR JORGE TORRES ROMERO
- Columnista
Dos semanas antes de abandonar el poder, el gobierno de Mario Abdo autorizó la importación de 80 mil toneladas de concreto, pese a que todavía estaban pendientes de ingreso unas 60 mil. Tras asumir el nuevo gobierno, encontraron que en total se debían importar 140.000 toneladas. Esto representa unas 2.800.000 bolsas.
En Paraguay, la demanda estimada es de 120.000 toneladas al mes, mientras que la capacidad de producción local llega a 190.000 toneladas. Con estos números, la importación no se justifica de ninguna manera.
Sin embargo, el Ministerio de Industria y Comercio, bajo la administración de Javier Giménez, emitió una nueva licencia de importación de cemento de 30 mil toneladas, es decir, 600 mil bolsas. Este número es mucho más de lo que la Industria Nacional del Cemento (INC) y una empresa del sector privado (Yguazú Cementos) venden en un mes.
Esta decisión del Gobierno no solo perjudica a los productores (INC y el sector privado), sino también a los distribuidores porque compiten con personas que solamente importan cemento, no tienen locales, no tienen personal, ni nómina de empleados aportando al IPS, por lo que los costos de los productores locales son mayores.
Hoy el mercado tuvo una retracción importante y generó una sobreoferta de cemento, lo que hace aún más injustificada la decisión de autorizar compras del exterior. No existe desabastecimiento local y tampoco la presunción de un oligopolio, porque con la INC el mercado se regula naturalmente y hay buena competencia local.
Pero la cuestión de fondo se reduce a la politiquería y a la corrupción de por medio, generando enormes perjuicios a la producción nacional.
Lamentablemente, a este gobierno que ha encontrado un Estado patas para arriba, por los niveles de robos e impunidad, deberá reorganizar y poner las cosas en su lugar, todavía le llevará su tiempo. En el MIC existe un negocio de “venta de licencias” para los importadores. El ministro Giménez debe desbaratar esta rosca. Sus funcionarios, junto con los del INTN, deben viajar a los países donde se comprará el cemento para “fiscalizar” las plantas cementeras. Llamativamente, estos funcionarios retornan con muy buenos “viáticos”, ya que son ellos los que deben dar el ok para que esas industrias puedan importar a nuestro país.
Paraguay debe proteger a sus industrias, como lo hacen todos los países del mundo. Las inversiones realizadas en nuestro país deben ser protegidas por el Estado, por la altísima inyección de dinero que requieren, mano de obra generada, impuestos pagados y el componente social que existe detrás.
Por ejemplo, si una de las industrias cementeras locales pretende exportar al Brasil, el arancel es cero por el Mercosur, pero por política del vecino país, de cuidar a sus industrias locales, los requisitos para-arancelarios son varios (impuestos estaduales, impuestos locales, retenciones, etc). Sin embargo, en Paraguay los importadores, con mínimas inversiones (un depósito y tres empleados) meten sus productos al mercado, a diferencia de las industrias locales (con millonarias inversiones y generación de miles de puestos laborales), lo que dificulta la competitividad y pone en riesgo la operatividad de las empresas nacionales.
Detrás del otorgamiento de licencias de importación también existe una fuerte presión política y padrinazgos. Estos hacen de gestores y cobran a los importadores. De vuelta en el sector privado saltan los vínculos del principal importador de cemento con un exvicepresidente de la Nación. Esta sola importadora fue beneficiada por el gobierno anterior antes de dejar el poder con una licencia de importación de un millón de bolsas de cemento.
El Gobierno en general, y el ministro del MIC en particular, no pueden confiar ciegamente en estos funcionarios corruptos que están empotrados en las instituciones públicas desde hace años. Debe individualizarlos o tomar decisiones consensuadas que vayan a tono con las promesas electorales de proteger la industria nacional, cuidar los puestos laborales y generar fuentes de trabajo.
El presidente Santiago Peña y su gabinete deben mantenerse alertas para evitar ser víctimas de engaños. Así el cocodrilo que duerme cuanto puede, es cazado en cualquier despiste y su piel convertida en cartera, monedero o cinturón. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.