- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail
Dentro del contexto global del trabajo anual de calificación de riesgo-país, la empresa calificadora internacional Moody’s, en función a su revisión, análisis y evaluación de aspectos cualitativos y cuantitativos, que hacen al comportamiento, manejo y evolución de nuestra macroeconomía, y otros aspectos primarios de orden cualitativo, decidió hace algunos meses elevar la perspectiva o tendencia del Paraguay de Estable a Positiva(+), lo cual implica un voto de confianza, pues de cumplir con todas las medidas de ajuste y fortalecimiento que atañen a diversos aspectos, para el cierre del primer semestre de 2024, dependiendo del nivel de crecimiento económico que podamos tener este año, la tendencia positiva que nos han dado podría ser traslativa a la calificación de solvencia, lo que nos permitiría escalar el peldaño que nos falta para la consecución del Grado de Inversión.
Un paso importante, teniendo en cuenta que hemos sido uno de los pocos a nivel regional que ha logrado un up grade (mejora) de la perspectiva o tendencia a nivel país.
Moody’s sustentó dicha calificación en función al último trabajo de campo realizado, donde visualizaron una mayor fortaleza institucional, si bien queda mucho aún por mejorar la aprobación de la ley del servicio civil y la reestructuración global de los 3 poderes del Estado es fundamental para que en su próximo informe puedan comparar y concluir en forma efectiva, que se han tomado nota de sus recomendaciones y llevadas a la práctica.
Fundamenta nuestra mejor perspectiva en la calificación de riesgo-país en la agenda del Gobierno en llevar adelante la reforma del Estado y la promulgación de leyes, dos de ellas ya concretadas, como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo de Hacienda y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que nos permitan coadyuvar desde el punto de vista económico, social, político y técnico la posibilidad potencial de que para este 2023 y años subsiguientes podamos alentar un crecimiento económico constante y consistente, tanto a nivel doméstico como hacia afuera.
Esperemos que el vicepresidente, quien es el enlace natural con el Congreso, se enfoque en un trabajo a full con los parlamentarios para que proyectos de leyes de relevante importancia que están pendientes de aprobación puedan sancionarse y promulgarse lo antes posible.
La calificadora de riesgos internacional Moody’s menciona que la aprobación e implementación de las reformas relacionadas con el sistema de contratación pública, el servicio civil y el fortalecimiento del marco de prevención de lavado de dinero de Paraguay, así como reformas de la caja fiscal, mejorarán el perfil crediticio del país y la eficiencia del gasto público, por lo que amerita que puedan ser analizadas/evaluadas para su potencial aprobación en el corto plazo.
Nuestras autoridades económicas han asumido un fuerte compromiso con la disciplina fiscal, a través de una disminución gradual, pero sostenida del déficit actual que supera el 3,5 por ciento vs. PIB a los niveles aprobados por nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal (1,5 %/PIB).
Las reformas estructurales del Estado no deberán tener vuelta atrás, dado que sería la única forma en que podamos abrigar esperanzas para el logro del necesario punto de inflexión entre lo cualitativo y cuantitativo, que se constituyen en el “core” (centro) de sus decisiones de calificación de Solvencia y Perspectiva.
La concreción del Grado de Inversión podrá ser muy beneficiosa para nuestro país, puesto que uno de los aspectos primarios en los cuales se fijan los potenciales inversionistas extranjeros antes de la toma de sus decisiones de radicación de capitales para emprender negocios en diversos rubros es nuestra calificación, ya que denota el nivel de manejo macro y microeconómico.
Las veces que salgamos a emitir bonos soberanos, una calificación de riesgo positiva, nos permitirían poder colocarlos a tasas de interés más reducidas, independientemente del apetito de parte de los inversores (personas físicas y jurídicas).
Nuestras autoridades económicas han asumido un fuerte compromiso con la disciplina fiscal, a través de una disminución gradual, pero sostenida del déficit actual que supera el 3,5 por ciento vs. PIB a los niveles aprobados por nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal (1,5 %/PIB).